2018, un triple salto mortal para la economía
El año que viene no se negocian solo las cuentas públicas para salir de la vigilancia por déficit excesivo: es el ejercicio clave de la legislatura
El Gobierno salvó la gobernabilidad y las cuentas del país para este año cuando el 15 de diciembre pasado los grupos políticos del PSOE y Ciudadanos votaron a favor del techo de gasto del ejercicio y la senda de déficit para los próximos años. Con el respaldo a los objetivos de estabilidad y la prórroga de las cuentas de 2016, el Gobierno tiene en sus manos los instrumentos para cumplir el objetivo de déficit del 3,1% en 2017, y permitirse subir modestamente las pensiones (0,25%). Los cambios en los ingresos necesarios para acercar el déficit fiscal al 3% este año están también avalados por el PSOE, con una subida nada despreciable en Sociedades y retoques en Especiales. Otra cuestión son las cuentas de 2018, en las que por imperativo comunitario el saldo fiscal debe estar por debajo del 3% del PIB.
En ellas concentra el Gobierno y el grupo parlamentario popular todos los esfuerzos, pese a las escasas posibilidades de contar con el aval parlamentario para los Presupuestos de 2017, que el Ejecutivo quiere tener en las Cámaras a finales de marzo, pero que puede convertirse en un ejercicio de melancolía política. Si cogida por alfileres está la gobernabilidad que desbloqueó la investidura de Rajoy, anclada en la abstención de la mayoría del grupo socialista, cogida por alfileres está la posibilidad de sacar adelante los Presupuestos, que en teoría son el núcleo duro de la acción del Gobierno, puesto que determinan el origen de los ingresos públicos y el destino del gasto, nada menos que 800.000 millones de euros sumando ambas variables.
El Gobierno solo tiene en sus manos la complicidad entusiasta de Ciudadanos y Coalición Canaria y la dudosa del PNV, que está dispuesto a cambiar cromos para las cuentas de 2018, pero no tanto para los de 2017. Si los tres grupos votasen con el Popular, sus 175 parlamentarios solo podrían enviar de vuelta las enmiendas a la totalidad en una tercera votación, e ir a una negociación enmienda a enmienda a cara de perro y muy poco efectiva.
La dificultad está en la complicada posición del PSOE. Ya ha adelantado su negativa a aprobar las cuentas, porque considera que no puede hacerse cómplice de todas las políticas de gasto del Gobierno, aunque en parte ya lo sea con el beneplácito dado al techo de gasto. Pero la posición de los socialistas responde a cuestiones internas, a la encrucijada en la que está una formación dirigida por una gestora y que está pendiente tanto de decidir quién será su secretario general como qué estrategia política seguirá a medio plazo. La coincidencia en el calendario del congreso del partido socialista con la negociación presupuestaria, las convierte en incompatibles para los socialistas, aunque los matices podrían hacer cambiar las posiciones.
El grupo parlamentario optará por la neutralidad, cuya posición aséptica es rechazar los Presupuestos. Pero quizás la dinámica de su congreso interno polarice tanto las posiciones que aconseje incluso una actitud más activa, de mayor compromiso con la gobernabilidad, actitud que hasta ahora ha proporcionado al PSOE cierta recuperación electoral en las últimas encuestas. Los dos candidatos que oficialmente han puesto sus nombres a disposición de la militancia (Patxi López y Pedro Sánchez) hacen bandera del “No es no”, y tal estrategia extienden al resto de la acción política, tanto en la calle como en las Cortes en la medida de sus fuerzas. La alternativa, supuestamente encarnada por Susana Díaz, también defiende el rechazo al Presupuesto que le plantee Rajoy; pero si la lucha es muy estrecha para lograr la secretaría general, bien pudiera Díaz apostar por una mayor implicación en la gobernabilidad, siempre que tal apuesta le proporcionase un mayor margen de seguridad en su victoria.
En contra de esta posibilidad, que sería un puro tacticismo a invertir tras el verano en una negociación presupuestaria para 2018, juega también la huida hacia el monte de Podemos tras el congreso de Vistalegre II, que refugiándose en la estrategia que siempre practicó Izquierda Unida, deja el espacio moderado de la izquierda para la reconstrucción del PSOE sin necesidad de viajar a las posiciones radicales de Pedro Sánchez. Cuesta creer, en todo caso, que el nuevo secretario general, sea quien sea, logre el cargo apoyando los números de Rajoy, pero podría perderlo con solo insinuarlo.
Eso sí: la pacificación y consolidación de una estrategia en el PSOE pasa por respaldar los Presupuestos de 2018 que presente Rajoy. El PSOE necesita tiempo, mucho tiempo, para ensanchar sus opciones electorales y acudir a las urnas con las garantías suficientes de al menos haber desplazado a Podemos, aunque siga mirando de lejos al Partido Popular, que tiene de cara, además de su unidad interna demostrada en el congreso de la Caja Mágica, la marcha de la economía y del empleo que, aunque tenga muchos matices, toma volúmenes crecientes. Y en la negociación de esas cuentas de 2018 es donde el PSOE tiene que hacer valer su capacidad política para que reflejen buena parte de su programa político.
Para 2018 no se negocian solo las cuentas públicas con las que España debe salir de la vigilancia por déficit excesivo. 2018 es el año clave de la legislatura; quizás el único normal. Es en el que tiene que aplicarse también una nueva fórmula de financiación autonómica, en la que ha de estar el PSOE que gobierna en unas cuantas comunidades autónomas, y tiene que aplicarse la reforma del sistema de pensiones, que es la mitad del gasto público, y en la debe estar, quiera o no quiera, un PSOE que aspira a gobernar el país en el medio plazo. Esa triple negociación, ese triple salto normal de 2018, debe negociarse desde el verano de 2017. Que ocurra en 2019 es ahora indiferente. Rajoy ya ha renunciado a convocar elecciones inmediatas, entre otras cuestiones porque no sería la mejor manera de devolver al PSOE el favor de su investidura; y quiere concentrar los esfuerzos de gestión en los tres hitos citados de 2018. En 2019, Dios proveerá, y quizás provea elecciones generales, aunque toquen autonómicas y municipales.
Incluso en 2018 podría resolverse el conflicto catalán, provocado por los nacionalistas catalanes, pero dejado de lado de forma imprudente hasta ahora por el Gobierno de Madrid. Aunque los nacionalistas más radicales quieren dejar que corra la sangre de los juicios en los que están encausados sus líderes para cebar la causa secesionista, algunos empiezan a pensar en lo que supone la condena de inhabilitación u otras de superior rango que están previstas en las normas. Por ello han empezado a hablar de la posibilidad de una tercera vía, que estos días ha llenado de especulaciones los periódicos. Han empezado a hablar porque para los líderes de la antigua Convergencia todos los escenarios posibles son malos. Es malo el judicial (en el que no hay nadie de Esquerra todavía), y es malo el político, que obliga a pasar definitivamente el Rubicon de la convocatoria del referéndum que puede terminar con la suspensión de la autonomía (con un remedio que haga palidecer a la enfermedad), o convocar elecciones, en las que la antigua Convergencia quedaría muy malparada.
Aunque pueda parecer modesto bagaje, puede ser jugoso a la luz de la aritmética parlamentaria y la crisis que paraliza al PSOE: concentrar en un solo año el Presupuesto que saque a España del Protocolo de Déficit Excesivo, tras una década metido en él; que resuelva el sudoku de la financiación autonómica; y que garantice el futuro de las pensiones, aunque solo sea para otra veintena de años, con un buen refuerzo de los ingresos y a ser posible limitando los recortes de las prestaciones. ¿Dónde hay que firmar?
José Antonio Vega es adjunto al director de Cinco Días