La Audiencia imputa a Fernández Ordóñez, Restoy y Segura por Bankia
El Banco de España tenía "expresa y contundente información" de la inviabilidad del grupo antes de la salida a Bolsa, según el auto
El caso Bankia, la investigación judicial en torno al estreno bursátil de la que luego se convirtió en la mayor entidad financiera nacionalizada en España, ha dado un salto cualitativo este lunes con la imputación de los principales responsables de los organismos supervisores de la época.
La Audiencia Nacional ha decidido imputar finalmente al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al que fue su segundo, Fernando Restoy, que luego se convirtió durante años en subgobernador del Banco de España, entre otros cargos, por el caso que investiga la salida a Bolsa de Bankia.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional toma esta decisión tras estimar parcialmente un recurso de apelación de la acusación popular después de que la citación como imputados de los exprincipales responsables del supervisor financiero y del regulador de los mercados fuera denegada en dos ocasiones.
El auto de la Audiencia, conocido este lunes, impone también la citación como investigados –nueva denominación para los imputados- de otros responsables del Banco de España: el entonces subgobernador, Javier Aríztegui; el exdirector general del supervisión Jerónimo Martínez Tello; el que era jefe de grupo de inspección de Bankia, Pedro Comín; a quien fue coordinador del departamento de inspección de Cajas de Ahorro, Mariano Herrera y al director del departamento de cajas, Pedro González. Estos tres últimos han presentado su renuncia al Banco de España.
El texto expone que los nuevos imputados “autorizaron la salida a Bolsa de BFA-Bankia, pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada pues suponía grave prejuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)”, expone la Audiencia sobre una entidad que acabó requiriendo un rescate de 22.500 millones en fondos públicos.
El escrito considera “razonable y razonada” la petición de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, de solicitar la imputación de este grupo de supervisores al estimar que existen "indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” en esta conducta.
Imputaciones que habían sido rechazadas
La Audiencia ya había rechazado el primer intento de la acusación popular de imputar a los máximos representantes de Banco de España y CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia, celebrada el 20 de julio de 2011, operación que se investiga si se realizó emitiendo información falsa.
La decisión de la Audiencia de admitir ahora la petición de imputaciones, en contra del criterio del fiscal y del juez instructor, Fernando Andreu, responde a las revelaciones que supusieron los correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus a sus superiores, aportados a la causa el pasado otoño.
En ellos, el inspector alertaba que consentir la salida a Bolsa de Bankia en los términos en que se llevó a cabo era el primer paso para “nacionalizar” pérdidas y que “no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”.
La imputación del exgobernador del Banco de España, así como la de los máximos exresponsables de la CNMV, Segura y Restoy -que pasó a ser subgobernador del Banco de España, puesto que recientemente abandonó para ser nombrado presidente del Financial Stability Institute del Banco de Pagos Internacionales- supone un importante giro en el caso, que gana trascendencia al investigar ya no solo a los responsables directos de Bankia durante su salida a Bolsa, sino también, por primera vez, a quienes debieron vigilar el proceso desde las instituciones.
Un informe "demoledor"
La Audiencia considera "indiciariamente acreditado" que "la jefatura del Banco de España, con carácter previo a la salida a Bolsa de BFA-Bankia tuvo noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la idoneidad de su salida a Bolsa".
Los magistrados exponen que así se deriva de los cuatro correos electrónicos remitidos por Casaus a sus superiores, un informe que el Banco de España había solicitado expresamente antes de autorizar la salida a Bolsa de Bankia.
"El contenido de dicho informe es demoledor. Subrayado en rojo en grafía reforzada la opinión técnica absolutamente contraria a la salida a Bolsa en estructura de doble banco", asevera el auto de la Audiencia Nacional que se hace eco de parte del primer correo electrónico, remarcando que este "no tiene ni una línea de literatura".
El informe, ratifica la Audiencia, es "contundente especialmente" en cuanto a que "los acreedores de BFA tienen sus expectativas de cobro en las acciones de Bankia" y que "no es viable a medio plazo una estructura con la de BFA".
Una “máquina de perder dinero”
El inspector, cita la Audiencia, alertó a sus superiores de que “la salida a Bolsa no solucionaba los problemas del grupo” que “era una máquina de perder dinero”. Una advertencia, señala el auto, que “puede ser interpretada, pero no, desde luego, obviada”. El inspector Casaus defendía la posibilidad de intentar vender el grupo a un inversor privado como “solución definitiva y óptima” con la que “no perdería nadie: ni el contribuyente ni los acreedores”.
“Creo que es posible. Otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esa vía para no perder sus poltronas ni sus herramienta de financiación”, reconocía el inspector, que remarcaba que la salida a Bolsa era “el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma".
“El contenido completo de tales correos electrónicos no deja lugar a dudas sobre la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España, tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados”, según advirtieron los inspectores, concluye la Audiencia Nacional.
El Banco de España impulsó Bankia
Más allá, la Audiencia recuerda las declaraciones del expresidente de Bancaja, José Luis Oilvas, que relató que fue llamado a una reunión con el entonces presidente de Caja Madrid Rodrigo Rato convocada por el que era gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, en la que se le advirtió que debía llegar a un acuerdo para fusionar ambas entidades –el germen de la fusión de siete cajas que fue Bankia- o el supervisor llegaría a “intervenir la entidad”.
Ante estas revelaciones, la Audiencia asume que la creación de “BFA-Bankia no fue solo autorizado por el Banco e España sino también impulsado por el mismo la cadencia temporal de los hechos sucesivos a tales reuniones”.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ve “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados", puesto que no basta con la decisión del consejo de administración del banco para salir a Bolsa, sino que es necesaria la aprobación de ambos organismos.
Las peticiones desestimadas
La Audiencia estima parcialmente el recurso de la CIC admitiendo la imputación de los exresponsables de los supervisores pero rechaza otras de las peticiones de la acusación popular, al considerar que no son necesarias.
Concretamente, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal desestima citar de nuevo al inspector Casaus, al considerar que en la fase de instrucción "basta con la práctica de las diligencias indispensables para formular la acusación", es decir, "las indispensables para comprobar que existen suficientes indicios" de delito.
Una comprobación que la Audiencia da por satisfecha ya con la anterior declaración de Casaus, los mails remitidos por el equipo de inspección del Banco de España y otros informes, con lo que se considera, por ejemplo, que "es innecesaria" la citación de otras personas que abunden en el testimonio del inspector de que la cúpula del supervisor estaba al tanto de los riesgos que rodeaban la salida a Bolsa de Bankia.
La Audiencia también rechaza, por "manifiestamente excesiva", la petición de la acusación popular de solicitar todos los correos entre el inspector Casaus y su superior, Pedro Comín, porque podría violarse la intimidad de las partes, afectar a terceros o poner de relieve la supervisión de otras operaciones financieras ajenas al caso.
