Editorial

Más debate sobre la renta mínima

El Congreso tomó ayer en consideración una iniciativa legislativa promovida por los sindicatos para poner en marcha una renta mínima de 426 euros para las personas sin recursos, un universo que, según sus propios cálculos, podría alcanzar a 2,4 millones de personas. Todos los grupos políticos la respaldaron, con la excepción del PP y Ciudadanos, con el muy insalvable argumento de que no hay capacidad presupuestaria para poner los 12.000 millones de euros que costaría cada año, cuando ya se gastan 20.000 millones en un seguro y subsidio de paro con atención expresa a parados de larga duración con carga familiar. Pero el argumento financiero, el más fácil, no debe impedir abrir el debate a más elementos. El Estado debe proteger a las personas sin recursos y en riesgo explícito de exclusión; pero no puede hacerlo con mecanismos que se conviertan en obstáculos estructurales para la búsqueda de empleo o el refuerzo de la capacitación a quienes lo han perdido. Y desde luego no puede generarse un instrumento que no cuente con los resortes de revisión continua para evitar que se refugien en la renta mínima colectivos crecientes condenados a la pobreza. A lo que si está obligado el Estado es a emplear los escasos recursos existentes en políticas activas de empleo y limitar la beneficencia a lo imprescindible.

 

 

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