Más control contra la corrupción
España está por debajo de la media europea en cuanto a la percepción de este problema
España sale mal parada un año más en el ranking que publica la organización Transparencia Internacional para medir la percepción que existe sobre el nivel de corrupción de cada país. Según los resultados, correspondientes a 2016, la puntuación española se mantiene respecto al año anterior –con un 58 sobre 100–, pero el país desciende cinco puestos en el ranking debido a la inclusión de nuevos Estados. Los datos del informe arrojan el peor resultado de la serie histórica y colocan a España por debajo de la media de la Unión Europea, entre Costa Rica y Georgia, y en peor situación que Portugal o Polonia, que han mejorado su puntuación respecto a índices anteriores. Pese a ello, los responsables de Transparencia Internacional dejaban claro ayer que los resultados no permiten hablar de corrupción “sistemática” en España, pero sí se constata el efecto de los múltiples escándalos producidos en las cúpulas de los partidos y los Gobiernos, lo que hace que su imagen en el mundo se “enturbie”.
El análisis que la organización hace de los resultados de España es contundente. Pese a las inversiones realizadas para reducir la corrupción, pese al aumento de la persecución policial y pese al incremento de los procesos judiciales contra los corruptos, la percepción mayoritaria es que a menudo prevalece la impunidad. Junto a esta brecha entre los medios puestos para perseguir estas prácticas y la percepción de los ciudadanos sobre su eficacia, existen otros factores que explican la baja transparencia que transmite España. Por un lado, la opacidad que destilan determinados sectores económicos, como es el caso del energético o el bancario; por otro, un exceso de politización en el sistema judicial.
TI propone como solución a estos malos resultados un acuerdo político entre las fuerzas parlamentarias que afronte los grandes retos que España tiene pendientes: la despolitización de la justicia, la reducción del número de aforados y de cargos de libre designación, la prohibición legal de indultos por corrupción, la mejora de la legislación, la regulación de los lobbies o la incorporación de un régimen sancionador en la Ley de Transparencia. Aunque sin duda es necesario mejorar la normativa y endurecerla, no se puede olvidar que la corrupción nace y crece siempre al margen de la ley, o bien fuera de ella o bien por una aplicación parcial e interesada de su contenido. Precisamente por ello, es en la fiscalización de la actividad pública y privada, que debe ser más independiente, exigente y sujeta a criterios estrictos de transparencia, donde está la clave para luchar contra este problema. A ello hay que unir la necesidad de que España cuente con un sistema judicial más ágil, que que no convierta los juicios de corrupción en una eterna y farragosa carrera que es difícil seguir hasta el final.