Informe de Esade y Antares Consulting

La factura sanitaria, un coctel explosivo para el gasto público

Los expertos piden el establecimiento de copagos a rentas medias y altas para bajar la demanda

Modelo sanitario en España pulsa en la foto

El pasado ejercicio fue el primero en el que España cumplió el déficit pactado con Bruselas desde que estalló la crisis. El nuevo Ejecutivo ya prepara el camino para que el desfase entre ingresos y gastos públicos baje del 3% en 2018. Encauzado ese problema, el siguiente será el de la deuda pública, en el entorno del 100% del PIB, ya que la Comisión Europa le obligará a reducirla un 5% anual hasta que alcance el nivel máximo marcado en el pacto de Estabilidad y Crecimiento (60% del PIB).

Esas cuentas, sin embargo, están amenazadas por dos partidas que crecen con fuerza: pensiones y sanidad. Las primeras, pese a las medidas puestas en marcha para contener su crecimiento, siguen subiendo al 3% anual y ya suponen, un gasto que equivale al 11,8% del PIB, en torno a 120.000 millones de euros. Esa partida se financiaba hasta ahora con cotizaciones sociales y con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. La insuficiencia de recursos obligará a cubrir el gasto con nuevos impuestos.

Un informe elaborado por Esade y Antares Consulting y que se presenta hoy pone el foco en el gasto sanitario y el impacto que tendrá en las cuentas públicas. El envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas y la mayor esperanza de vida (el informe calcula que crece a tres meses por año) provocarán que haya que destinar cada ejercicio más recursos. Entre 1995 y 2012, antes de la crisis económica, el gasto sanitario creció de media un 6,1%, muy por encima del avance del PIB. El estudio avanza dos escenarios futuros. El primero realiza una estimación con ese incremento medio y augura que el gasto casi se duplicará en diez años hasta los 113.700 en 2025, lo que supondría un avance de 48.000 millones (4.800 millones al año). La segunda hipótesis establece un escenario de menor crecimiento, ya que asume que la gente llegará a la jubilación con mejor calidad de vida y que la innovación tecnología y la competitividad propiciarán una reducción de costes. Así considera que avanzará una décima de PIB al año con un aumento medio del PIB del 2,5%. En diez años, esa partida habrá crecido en 32.600 millones de euros.

El estudio también aborda las medidas que habría que adoptar para tratar de contener el gasto y si estas deberían ir enfocadas sobre la oferta o la demanda. Los autores recuerdan que el ajuste acometido entre 2009 y 2013, en el que se produjo un recorte de 8.869 millones de euros, no atacó la raíz del problema. “No se ha llevado de forma adecuada y las causas profundas del incremento del gasto ni se han abordado ni se han reformado. Los elementos sobre los que se ha actuado volverán a presionar para recuperarse rápidamente”, recalca. Entre ellos destaca el ajuste en salarios (bajaron un 10%), en inversiones (el 28% del equipamiento de los hospitales supera los diez años de vida) y en el gasto farmacéutico (se redujo un 22% por el recorte de precios).

Los autores apuntan dos vías. Reclaman una revisión completa del sistema impositivo en España, de donde se financia la sanidad pública. Así recuerdan que el fraude se come 40.000 millones al año y que la presión fiscal (porcentaje de impuestos recaudados sobre el PIB) equivale al 37,1%, nueve puntos menos que la media de Europa, pese a que los gravámenes del IRPF, IVA y Sociedades (los tres grandes tributos) se sitúan en la media de la UE. Esos nueve puntos equivalen a 90.000 millones, un importe superior al el déficit público.

La segunda vía de reforma es el control sobre la demanda para recortar el gasto y reducir las desigualdades en el acceso a la sanidad. Un tema tabú es el del copago, como muestra el fuerte rechazo generado recientemente con el globo sonda de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, de valorar un copago para pensionistas. El estudio considera que la ausencia de copagos genera desigualdad y por ello insta a la imposición de una tarifa por la utilización de servicios sanitarios (diez euros por cada día de estancia) o un copago del 100% para las rentas medias y altas para la adquisición de medicamentos con un precio inferior a cinco euros. ”Si un buen sistema de exenciones protege a las clases desfavorecidas y se generan recursos adicionales para reducir las desigualdades en salud, quizás sí debería plantearse que la ausencia de copagos es potencialmente muy insolidaria”, señala.

Una diferencia de 500 euros por habitante entre autonomías

El informe establece que el gasto sanitario en el que incurre cada autonomía también es fuente de desigualdades. Los últimos datos, correspondientes a 2014, revelan que la más tiene que pagar es el País Vasco, con 1.582 euros por habitante, seguida por Extremadura (1.448) y Navarra (1.435). En último lugar aparece Andalucía, con 1.042 euros por habitante. La brecha entre la que más gasta y la que menos es de 540 euros por habitante y un 42% de diferencia.

Esas cifras están muy condicionadas por cuestiones como la población, la dispersión territorial, los núcleos rurales o el envejecimiento de la población. Todos esos factores estarán encima de la mesa de la futura negociación de la reforma de la financiación autonómica, en la que la mayoría de presidentes regionales tratará de contar con recursos suficientes para dar servicios a sus ciudadanos, sin tener que recurrir como se hizo tradicionalmente en años anteriores al déficit o a la deuda.

Un indicador que revela también las diferencias entre autonomías es el de la deuda con proveedores sanitarios. Y el caso más paradigmático es el de Castilla y León, en el que la deuda sanitaria supone más del 85% de su pasivo comercial, por el alza del IVA sanitario o el gasto en la hepatitis C.

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