Judicializar cada cláusula suelo duplicaría la carga anual de los juzgados
Justicia exige un mecanismo que despeje los tribunales y el PSOE pide que evite quitas
La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponiendo a la banca la obligación de devolver con retroactividad absoluta todo lo cobrado por cláusulas suelo opacas ha cerrado un largo pulso judicial entre el sector financiero y los consumidores pero ha abierto una nueva batalla por la aplicación práctica del fallo.
Desde el instante en que este fue público, la banca dejó claro que no aprobaría una devolución generalizada de lo cobrado y, aunque abría la puerta a negociar una solución pactada con cada cliente, advertía de que el calado real de la sentencia europea habría que verlo caso a caso, juzgado a juzgado.
Ahora, mientras Economía diseña contrarreloj un mecanismo de compensación que espera aprobar este viernes con el apoyo del PSOE, Justicia alerta de que aprobar una solución extrajudicial es vital para no colapsar los tribunales españoles.
Así lo advirtió ayer el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, que citando estimaciones del Banco de España expuso que existe un millón y medio de personas que cuentan con cláusulas suelo en sus hipotecas y que tienen derecho a intentar reclamar el dinero por la vía judicial. Sin embargo, expuso, los tribunales en el orden civil ya reciben una media de millón y medio de asuntos anuales, dijo, con lo que judicializar cada cláusula suelo equivaldría a duplicar su carga de trabajo.
“Vamos a trabajar para encontrar una alternativa extrajudicial porque me consta que los ciudadanos lo que quieren es una solución rápida a su reclamación y me consta también que las entidades financieras quieren resolver este asunto de manera rápida, ágil y sin necesidad de dilatar los tiempos en un proceso judicial”, concluyó finalmente Catalá, según recoge Efe, antes de participar en unas jornadas sobre la responsabilidad penal de las empresas.
“Queremos que la vía extrajudicial sea una vía rápida y útil”, coincidió horas después el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, quien avanzó, sin embargo, que para que su partido avale la mediación que ultima el Ministerio de Economía esta también debe permitir que “se devuelvan las cantidades cuanto antes de manera rápida a los afectados, que se haga sin ningún tipo de quita, que desde el punto de vista fiscal no conlleve ningún recargo, ni ningún tipo de interés de demora en ningún sentido”.
“Y eso se tiene que hacer en una tramitación parlamentaria que debe seguir la vía de un proyecto de ley, un Real Decreto Ley que se tiene que abrir al debate del resto de grupos en comisión”, reclamó, señalando que tras denegar su apoyo al primer borrador presentado por el Ejecutivo, los socialistas están “a la espera de que el Gobierno nos haga una propuesta concreta que poder valorar”.
En opinión de Saura, lo fundamental es que la solución que se articule “busque el equilibrio entre los consumidores y las entidades financieras”. Así se lo transmitió ayer el portavoz económico del PSOE a media docena de asociaciones de consumidores y usuarios con las que se reunió para tratar el asunto.
Nuevo frente judicial
Desde una de ellas, la asociación de usuarios de banca Adicae, reclamaron también que se articulen soluciones extrajudiciales para el nuevo frente judicial que se le abre a la banca por la vía hipotecaria: el de los costes de constitución del préstamo, que el Tribunal Supremo dictó que no pueden recaer íntegramente en el particular, como venía imponiendo la banca mediante otra cláusula que ha sido declarada nula. Adicae subrayó que, sin contar con datos oficiales, esta cláusula puede afectar aún a más familias que la suelo –estiman que podrían ser entre seis y ocho millones– lo que multiplica el riesgo de colapso judicial.
La asociación impulsará reclamaciones extrajudiciales colectivas ante cada entidad y el Banco de España para tratar de que la banca compense a sus clientes por los gastos indebidamente asumidos. No obstante, Adicae advierte que si no tiene éxito estudia presentar una macrodemanda colectiva, como ya hizo en el caso de las cláusulas suelo, y presentar iniciativas legislativas para que el Congreso regule exactamente que gastos debe asumir la banca.
¿Qué pagará el banco y qué el hipotecado?
El Tribunal Supremo declaró nula, en una sentencia de diciembre de 2015, las cláusulas de una entidad financiera que obligaba a sus clientes a cargar con todos los costes relacionados con la constitución de una hipoteca. Desde la asociación de usuarios de banca Adicae advierten, no obstante, que el fallo no significa que las entidades financieras deban cargar con todos los gastos, simplemente que el cliente no puede correr con todos. A partir de ahí, y de los fallos motivados por la doctrina del Supremo, los abogados de Adicae consideran que parece bastante claro que el banco debería hacerse cargo de los gastos de notaría, registro y gestoría, que pueden sumar unos 500 euros. La jurisprudencia no es tan clara con quién debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, punto que puede sumar otros 2.500 euros en una hipoteca media.
