Gobierno, oposición y banca pugnan por acuñar la solución a las cláusulas suelo
Algunos afectados solo tienen cinco meses para litigar por el dinero que pagaron por cláusulas suelo
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictando que la banca debe devolver lo cobrado a sus clientes por la aplicación de cláusulas suelo hipotecarias opacas con retroactividad total ha abierto un pulso entre las fuerzas políticas, que buscan liderar la creación de un modelo de compensación a los afectados, y el sector financiero, que aspira a suavizar el sistema para minimizar los daños de un fallo que puede costarles miles de millones de euros.
El Ejecutivo, que ya trató de aprobar un código sobre el asunto en el último consejo de ministros de 2016, terminó aplazándolo en pos de lograr apoyos entre la oposición. Su intención es regular la situación en la próxima reunión, que será el viernes 13 de enero (dado que este viernes es festivo) pero las posturas de las partes siguen lejanas y urge una solución para evitar el colapso de los juzgados.
Este es uno de los objetivos que persigue el Gobierno con la medida y, más allá de que han comenzado a dictarse las primeras sentencias basadas en la doctrina europea, el fallo puede desatar un aluvión de nuevas demandas. De hecho, a algunos afectados solo les restan cinco meses para acudir a los juzgados por lo que necesitan saber ya si podrían acogerse a una solución extrajudicial.
Es el caso de aquellos que firmaron un pacto con su entidad renunciando a reclamar el dinero de forma retroactiva. Estos acuerdos pueden ser anulados por un juez pero solo si se denuncian antes de que transcurran cuatro años con lo que el plazo para los clientes de BBVA, Cajamar y Abanca que firmaran pactos así en mayo de 2013 –cuando el Supremo anuló sus cláusulas por opacas– está a punto de concluir. Está por ver, por tanto, si el sistema de devoluciones que estudia el Ejecutivo ampara a este colectivo.
Desde una importante entidad revelan que el sector financiero ya manejó un primer borrador de la iniciativa el 29 de diciembre que les causó descontento y preocupación. El texto esbozaba un sistema de compensación universal que suponía la adhesión automática de todas las entidades financieras con la posibilidad de que las disconformes pudieran desligarse en el plazo de un mes.
“Eso obligaría a las entidades que no acepten a retratarse”, critican desde un banco, subrayando que la redacción de las cláusulas suelo varía en cada entidad y que, por ahora, el Tribunal Supremo solo ha declarado opacas algunas.
Este punto es, hoy por hoy, el principal escollo a la hora de consensuar un sistema de devolución de las cláusulas suelo. Mientras que el PSOE clama por un mecanismo de compensación obligatorio y el Gobierno del PP, espoleado por Ciudadanos, busca dar una solución ejemplar que acote la litigiosidad, la banca clama por un sistema que discrimine entre entidades, permita tratar caso a caso y facilite asumir los costes (hasta 4.000 millones) paulatinamente.
CECA, la patronal de las cajas, se muestra dispuesta a colaborar con el Gobierno para dar estabilidad al modelo hipotecario y evitar la judicialización de todos los contratos aunque destaca que no todos los casos son iguales, al igual que la patronal de bancos AEB, que insta a los afectados a dialogar con sus entidades.
A falta de que la negociación entre en su recta final, fuentes conocedoras del proyecto revelaban ayer que el Ejecutivo se decanta ahora mismo más por una solución general por decreto que por un código de adhesión voluntaria.
Los consumidores critican la opacidad de la negociación
“Es lamentable la falta de transparencia del Gobierno con los usuarios en la búsqueda de soluciones a un fraude masivo basado en la falta de transparencia de la banca con las víctimas de sus hipotecas trampa”, denunciaba ayer en un comunicado el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez. Facua se queja de que sigue sin recibir respuesta a la petición de reunión que trasladó hace dos semanas a la ministra responsable de las políticas de protección a los consumidores, la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad, Dolors Montserrat. “Es inaceptable que el Gobierno no quiera reunirse con nosotros hasta que no cuente con el visto bueno de los banqueros a un código de conducta voluntario que está diseñando de espaldas a las organizaciones de consumidores”, criticaba Sánchez quien sostiene que las patronales del sector “están presionando para que los bancos no tengan que asumir el pago de elevadas multas si firman el código y después lo incumplen”. La asociación tampoco acepta la sugerencia de los bancos de que el dinero cobrado no se devuelva, sino que se descuente del capital que al cliente le reste por pagar de la hipoteca, medida que, según Facua, “sólo sería aceptable si se plantease como opción a elegir por el propio usuario”.
