Fomento ofrecerá una nueva vía para rebajar el rescate de radiales
Busca una vía alternativa y más barata que pagar la ‘RPA’
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, volvió a reconocer ayer en un acto público que será “enormemente difícil” alcanzar un acuerdo con los acreedores de las autopistas en fase de liquidación para su nacionalización. El problema es que estos siguen sin aceptar la oferta puesta sobre la mesa durante el mandato de Ana Pastor, ante lo que el nuevo equipo de Fomento diseña un nuevo plan de rescate. Distintas fuentes aseguran que se trabaja en “ligeros retoques”.
El objetivo del Gobierno es que la reversión anticipada de las ocho concesionarias en crisis cueste menos que la factura que le aguarda si finalmente debe pagar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Este mecanismo cubre el valor que tiene el activo en función de los años que restan de explotación una vez restadas las expropiaciones si el Estado ha tenido que acometerlas en lugar de las concesionarias.
Fuentes del sector concesional elevan la suma del rescate de estas concesiones fallidas a más de 4.500 millones si los acreedores reclaman la RPA, mientras en Fomento se especula a micrófono cerrado con unos 3.000 millones. Lo cierto es que la suma no está expresada en los contratos de concesión, por lo que incluso la cuantía de estas garantías, que los accionistas de las autopistas pignoraron ante la banca que financió la construcción de las carreteras, debería ser negociada para evitar una avalancha de reclamaciones de los acreedores.
Túnel del Pertús
El Consejo de Ministros rescindirá previsiblemente hoy a ACS y Eiffage la concesión para la explotación del túnel bajo los Pirineos que conecta España y Francia por AVE. Esta no superó el concurso de acreedores con una deuda de 557 millones.
La fecha de liquidación de las dos primeras concesionarias, Accesos de Madrid (titular de las radiales 3 y 5) y Ciralsa (circunvalación de Alicante), fue extendida por el juzgado número seis de lo Mercantil de Madrid al próximo 1 de julio, evitando su cierre el pasado 1 de octubre. A cambio, el Ministerio de Fomento se comprometía a acometer el esperado rescate de las concesiones “de forma ordenada”. El resto de autopistas quebradas son las radiales 2 y 4 de Madrid; la M-12 Eje-Aeropuerto; la AP-36 (Ocaña-La Roda); AP-41 Madrid-Toledo, y la Cartagena-Vera.
La cúpula de Fomento ha retomado los contactos con los bancos y fondos, algunos de ellos oportunistas o buitre, titulares de los más de 4.000 millones de deuda que cuelga de las ocho concesionarias. El plan de nacionalización planteado durante la pasada legislatura pasaba por establecer una quita del 50% en la deuda, rebajándola al entorno de los 2.300 millones de euros para titulizarla a través de una emisión de bonos a 30 años y con un rendimiento ligeramente superior al 1%.
Los retoques que exige el frente de acreedores se refieren, por ejemplo, a que el rendimiento garantizado se ligue al menos al del bono español y que la quita inicial sea menor a la propuesta del 50%.
La responsabilidad patrimonial de la Administración, que entra en funcionamiento en caso de resolución anticipada de un contrato de concesión de infraestructuras, actuaría una vez ha quedado demostrado que se ha roto el equilibrio económico financiero con el reiterado incumplimiento de las previsiones de tráfico y por notables sobrecostes en las expropiaciones después de que los tribunales establecieran justiprecios.
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