Una vuelta de tuerca fiscal a la empresa
El consenso no hace certera cualquier medida adoptada bajo su marco
El paquete de medidas fiscales que el Gobierno convalidó ayer en el Congreso con el apoyo del PSOE constituye un giro en el rumbo de la política económica mantenida hasta ahora. El acuerdo con los socialistas, forjado a cambio de una subida del 8% en el salario mínimo y una flexibilización de los objetivos de déficit que beneficia a las autonomías que el PSOE preside, ha permitido aprobar una subida en la tributación que afectará de forma importante a las empresas y los autónomos. La norma contempla como principales novedades una modificación en el Impuesto sobre Sociedades que aportará a las arcas públicas unos ingresos de 4.665 millones, además de un incremento de los tributos que gravan el alcohol y el tabaco que sumarán 150 millones, un nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas (200 millones), impuestos medioambientales (500 millones), las mejoras en la aplicación de los tributos (1.500 millones) y medidas de lucha contra el fraude, 500 millones. En total, el Gobierno elevará los ingresos en torno a 8.000 millones. Y lo hará principalmente a costa de elevar la presión fiscal al conjunto del tejido empresarial, cuya función es alimentar la recuperación económica a través de la creación de empleo y de riqueza. Pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, defendía ayer que el Gobierno no ha subido el IVA ni los impuestos a los hidrocarburos para no perjudicar el consumo y que aumentar la tributación de Sociedades es la forma más neutral de elevar los ingresos, el aumento de la presión fiscal sobre las empresas castigará al grueso de un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes y autónomos que han realizado un duro esfuerzo para sobrevivir a la crisis y mantener el empleo.
Como el propio ministro de Hacienda se encargó de recalcar ayer, hay que dar la bienvenida al diálogo parlamentario y el entendimiento político con el que se ha iniciado esta legislatura, pero también hay que recordar que el consenso en sí mismo no hace certera cualquier medida adoptada bajo su marco. Obligado a cumplir con las exigencias –ineludibles– en materia de consolidación fiscal, el Ejecutivo ha impulsado un decreto que supone aplicar una vuelta de tuerca fiscal sobre el sector privado para elevar los ingresos públicos en lugar de optar por otra vía, la de recortar el gasto, menos popular y más difícil para el consenso.
Se ha repetido en numerosas ocasiones durante la pasada campaña electoral la necesidad de endurecer el trato a los grupos que practican al límite la ingeniería fiscal, y extreman su capacidad para eludir gran parte de la factura tributaria. Pero las medidas convalidadas ayer en el Congreso no constituyen una ofensiva contra la ingeniería tributaria, sino que castigan a los cientos de miles de pequeños empresarios, profesionales y autónomos que integran el grueso del tejido productivo español.