Editorial

La medida justa de la Administración

Entre las escasas consecuencias positivas de las crisis económicas, una constante es que sacan a la luz problemas e ineficiencias desapercibidos hasta entonces. El caso del extraordinario sobredimensionamiento del sector público es buen ejemplo de ello. Cierto que no era necesario un shock mundial de la economía para evidenciar la elefantiasis de la Administración española, denunciada insistentemente en diversos foros, incluidas estas páginas. Un proceso que se generalizó en las comunidades autónomas, y que en algunas llegó a adquirir rasgos de nuevos ricos, eso sí, con dinero público. El número de consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones, organismos o entidades empresariales autonómicas, y sus clientelismos afines, llegó a 2.307 a principios de 2012, un nivel de exceso solo comparable a su redundancia. Por eso hay que recibir con parabienes los últimos datos oficiales, que indican que a julio de este año la cifra se ha reducido a 1.770, es decir, 537 menos en cinco años. Ese recorte, iniciado por el segundo Gobierno de Zapatero y potenciado por los de Rajoy, va en la dirección correcta, pero es solo parte del trabajo. Una Administración bien dimensionada, no burocratizada, eficiente y no intervencionista ayuda a la riqueza y es más provechosa para el ciudadano.

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