Las pensiones no pueden bajar, ¿o sí?
Nuestro sistema público de prestaciones es una bomba de relojería
El gran número de análisis sobre la situación deficitaria de la Seguridad Social y las diferentes propuestas de reforma que están apareciendo en los medios de comunicación no deberían hacernos olvidar que la pensión es un derecho que nos hemos ganado con las cotizaciones realizadas durante muchos años, y no una dádiva que tengamos que agradecer al alcanzar la jubilación.
Con esto, no debería haber dudas sobre el mantenimiento del actual nivel de las pensiones, sin embargo, en el diseño del modelo de nuestro sistema de pensiones se cometieron grandes errores que ponen en la cuerda floja nuestros derechos.
A la hora de crear un sistema público de pensiones hay que tomar dos decisiones fundamentales. La primera es si optar por definir una pensión mínima, que garantice un sustento básico, y establecer los mecanismos para dar la información suficiente a los individuos para que tomen decisiones adecuadas sobre el ahorro; u optar por definir un importe de las pensiones públicas que permita a los jubilados llevar un nivel de vida parecido al que mantenían mientras trabajaban y despreocupar a los ciudadanos de cómo hacer frente a sus gastos en la vejez.
Detrás de la opción de establecer una pensión mínima está la confianza en que los ciudadanos, con información adecuada, tomarán las mejores decisiones sobre su ahorro y además da solución a aquellas personas que fueran poco previsoras para que no tengan que depender de la beneficencia para subsistir una vez se jubilen. Por el contrario, el fijar una pensión mayor que la mínima vital implica una desconfianza en la capacidad de los individuos para planificar correctamente su jubilación y la asunción de que, de forma centralizada, se puede planificar su vida.
La segunda decisión clave es elegir el sistema de financiación. De nuevo se presentan dos opciones. La primera es un sistema de capitalización mediante el cual cada ciudadano va llenando su propia hucha y acumula un fondo que será el que financie su pensión. La segunda opción es un sistema de reparto a través del que, con los ingresos anuales, se pagan las pensiones de ese año; es decir, nuestras pensiones dependerán de aquellos que estén cotizando cuando alcancemos la jubilación, es la llamada solidaridad intergeneracional.
La diferencia entre ambos sistemas es que el sistema de capitalización es viable por sí mismo, ya que cada individuo va acumulando con sus cotizaciones un fondo con el que se financia su pensión. Por el contrario, en el sistema de reparto las pensiones dependen de que cada año haya ingresos por cotizaciones suficientes para pagar las pensiones.
En España se optó por definir unas pensiones que representan, para la gran mayoría de los trabajadores, el 80% de su último salario en activo y se estableció un sistema de reparto. Esto, combinado con el proceso de envejecimiento de la población española, convierte al sistema público de pensiones en una bomba de relojería. Cada vez se pagan pensiones más altas, a más pensionistas, durante más tiempo, y todo ello con la hucha vacía.
Aunque el envejecimiento de la población y su impacto en la Seguridad Social era previsible (la crisis económica solo ha anticipado lo inevitable), desde los diferentes Gobiernos, partidos políticos y desde el propio Pacto de Toledo se ha preferido cerrar los ojos y acusar a aquellos que alertaban del problema de las pensiones de responder a intereses económicos.
La falta de decisiones ha ido agrandando el problema hasta llevarnos a la situación en la que estamos. Tenemos un déficit en la Seguridad Social anual que equivale al 30% de los ingresos por IVA; cada año aumenta el número de pensionistas, los ingresos de la Seguridad Social no son suficientes para pagar las pensiones actuales, el Fondo de Reserva se agotará el próximo año, tenemos un nivel de ahorro privado muy bajo y no se ha desarrollado una cultura financiera del ahorro.
¿Y ahora qué? Para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, o se aumentan los ingresos o se reducen los gastos, porque nadie puede pensar que podemos pedir dinero prestado sine díe para pagar las pensiones con una deuda pública equivalente al 100% del PIB, y si no que les pregunten a los griegos.
Aumentar los ingresos sería volver a caer en un nuevo error. Primero, porque un aumento de los impuestos o de las cotizaciones sociales implica, y más partiendo de la alta presión recaudatoria que ya soportamos, una reducción del consumo, una caída de la inversión y una mayor propensión al fraude, que llevaría a una ralentización de la economía y una menor recaudación. Y segundo, porque la transferencia de rentas de los trabajadores hacia los pensionistas no puede estirarse hasta el infinito, ¿las personas en activo estarían dispuestas a pagar, por ejemplo, el 50% de sus ingresos para pagar pensiones?, ¿el 40%? No sé cuál es el límite, pero estoy seguro de que existe alguno. Y si democráticamente ganara un partido apoyado por los mayores que, para mantener el nivel de las pensiones, sobrepasara ese límite, llegaría un momento que incluso pondría en peligro la estabilidad de nuestra democracia.
Así, aunque nadie desee hacerlo, por mucho que se reduzcan otras partidas presupuestarias o se trate en el corto plazo de aumentar la recaudación, inexorablemente llegará un momento en que no quedará más remedio que recortar nuestros derechos, y sí, se bajarán la pensiones.
Como el sistema público de pensiones es muy complejo, ya que afectan factores demográficos, actuariales, laborables y financieros, si no se explica con detalle a la sociedad española la realidad de lo que está ocurriendo es muy fácil que se caiga en la demagogia que impida tomar las medidas correctas. Esa responsabilidad cae principalmente sobre el Gobierno, que debería explicar la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro sistema de pensiones. Hay que confiar en los ciudadanos y si no se les dan explicaciones no entenderán lo que se nos viene encima y la bomba de relojería estallará.
Álvaro Monterde es Director de Previsión Social de March JLT