La banca cobra desde 116 a 500 euros por los rating a pymes y autónomos
La banca ha empezado a darcalificaciones gratuitas alas pymes a las que recorta el crédito
Las pequeñas y medianas empresas españolas así como los trabajadores autónomos ya pueden solicitar a su banco o caja de ahorros el documento conocido como “información financiera-pyme”. Se trata de un dossier que incluye un informe sobre la solvencia de la empresa y una suerte de rating crediticio con el que el titular puede ir en busca de nuevas fuentes de financiación armado con credenciales sobre su fiabilidad que hasta ahora solo manejaba la banca.
Una medida con la que el Banco de España busca incentivar la diversificación financiera de las empresas y la consolidación de fuentes alternativas al crédito tradicional pero cuyo coste, en función de la entidad que lo fije, puede terminar desanimando a los empresarios más humildes.
En virtud de la circular 6/2016 del Banco de España, en vigor desde octubre, las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito que vayan a cancelar o reducir el flujo de financiación a sus clientes pymes o trabajadores autónomos no solo están obligadas a informarles con un preaviso de tres meses sino que también deberán emitir para ellos de forma gratuita este rating de riesgo crediticio.
Al resto de clientes interesados en obtener esta información, sin embargo, las entidades podrán aplicarles la tarifa que consideren oportuna. Y las diferencias son notables. De una entidad a otra, el precio puede multiplicarse por cinco.
Así, Bankia por ejemplo, ha fijado un coste de 116 euros, IVA incluido, por la emisión de los informes financieros para quien los solicite de forma voluntaria. Banco Sabadell, sin embargo, impone una tarifa de 500 euros para las pymes que justifica por los costes asociados a la emisión del informe. El precio se reduce a 300 euros cuando el solicitante es un trabajador autónomo.
En un puesto intermedio, y teniendo en cuenta que otras entidades no han facilitado el precio que han fijado, CaixaBank reclama 300 euros cuando se trata de una pequeña empresa y de 150 euros cuando lo hace un trabajador por cuenta propia.
Dependiendo del caso, las tarifas pueden resultar una inversión relativamente importante para los empresarios de menor tamaño. De hecho, los autónomos españoles declaran un beneficio neto medio anual de 9.591 euros según los últimos datos de la Agencia Tributaria, es decir, de unos 800 euros mensuales con lo que adquirir su rating crediticio puede llegar a ser un desembolso importante.
De momento, las distintas entidades financieras consultadas aseguran que ningún cliente les ha solicitado por ahora la emisión voluntaria de esta calificación de su solvencia aunque sí que han comenzado a entregar sus calificaciones a aquellas pymes y autónomos a los que prevén comenzar a reducir o cancelar la financiación dentro de tres meses. Las entidades explican que cuando esto ocurre los informes comienzan a emitirse de forma prácticamente automatizada para su entrega en un plazo de unos 10 días.
Llave para fuentes de financiación alternativas
La creación de una calificación crediticia para pequeñas empresas está circunscrita a pymes –de hasta 250 empleados, una cifra de negocio inferior a 50 millones o 43 millones de balance y de carácter privado– o autónomos, los actores que más complicado tienen acceder a los mercados y otras fuentes de financiación no bancaria. Algunas de las nuevas firmas financieras de corte tecnológico (fintech) compiten con la banca en la concesión de préstamos consideran el documento muy útil para decidir a quién prestar. El dossier debe recoger el área de actividad de la pyme, su rentabilidad, liquidez, capital circulante, nivel de endeudamiento, solvencia y capacidad de pago; las declaraciones a la central de información de riesgos del Banco de España; su historial crediticio; un extracto de los movimientos realizados durante el último año relativos a contratos de financiación y una calificación del riesgo del acreditado. Esta última marcará si la pyme o autónomo soporta un riesgo alto, si existen serias dudas de que vaya a ser capaz de hacer frente a sus compromisos financieros”; medio-alto, cuando se den “incertidumbres significativas” sobre su capacidad de respuesta; medio-bajo, si “existe alguna incertidumbre no especialmente significativa”; o bajo, si se concluye que tiene “una capacidad adecuada para hacer frente a sus compromisos financieros.
