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Los proyectos eólicos se mudan al exterior

El sector reclama una rentabilidad estable y que se revise cada año su retribución, no cada tres.

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La energía eólica dominará el crecimiento del sector energético en el mundo y podrá suministrar hasta el 20% de la electricidad global en 2020, según el último informe del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, en España, esta industria está preocupada por su rentabilidad, por sus inversiones y por su corto y medio plazo. “En estos momentos, vivimos en un compás de tensa espera. Cuando uno no sabe lo que va a cobrar en dos meses, es difícil pensar en el futuro”, declara el director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Heikki Willstedt.

Lo que más perjudica “es la incertidumbre que pesa sobre los 23.000 megavatios de potencia instalados en España”. Por un lado, debido a una regulación que los agentes creen “mal diseñada” y que ha paralizado el mercado doméstico, el sector puede dejar de ingresar 630 millones de euros que el sistema reconoce como rentabilidad razonable. Por otro lado, y a causa de la fijación de precios, si el Gobierno no acierta en sus previsiones, podría perder otra cantidad semejante en los próximos tres años.

Ante este panorama, la eólica española ha decidido mirar al exterior y buscar la solución en otros países. Los fabricantes de aerogeneradores han exportado el 100% de su producción en los dos últimos años y, a corto plazo, así va a seguir siendo. El mercado doméstico no puede absorber toda la producción y la industria nacional sobrevive gracias, sobre todo, al mantenimiento de las instalaciones.

  • China y EE UU, mercados punteros

Todos los planes de las empresas se dirigen invariablemente al extranjero. La multinacional española Gamesa confirma que en 2015 tuvo un pico de instalaciones en China y Estados Unidos, por las expectativas en sus respectivos cambios regulatorios, y en Alemania.

En 2017 suministrará a dos parques eólicos chinos 38 turbinas de 95 MW de su nuevo modelo, con lo que, aunque prevé que la demanda baje en el país asiático respecto a 2015, sigue teniendo relaciones comerciales satisfactorias. La compañía informa de que el crecimiento previsto en instalaciones anuales hasta 2017 es del 31% en México, del 18% en India y del 65% tanto en África como en Oriente Medio.

Otro ejemplo de cómo son las perspectivas a medio plazo lo ofrece Iberdrola. En sus actuaciones previstas para 2016-2020 en relación con esta energía, aparece un proyecto eólico marino en Wikinger (Alemania), de 350 MW, del que ya tiene la mitad de las cimentaciones instaladas, y otro parque, también marino, el East Anglia One, de 714 MW, en Reino Unido. En cuanto a eólica terrestre, todos los proyectos para este periodo se sitúan en EE UU, Reino Unido y Brasil.

La AEE reconoce que los fabricantes, tanto de aerogeneradores como de componentes, han cambiado sus modelos de negocio y se están enfocando “en la exportación y la transferencia de tecnología, el suministro de repuestos y la prestación de servicios de operación y mantenimiento”.

Las exportaciones de los últimos cuatro años ascendieron a 11.010 millones, según el informe La eólica en la economía española 2012-2015, elaborado por Deloitte para la patronal eólica (AEE). En el mismo se cuantifica la aportación del sector al PIB español en 10.484 millones, lo que da idea del valor de esta industria.

Además, dicho informe prevé que “si se prolonga la parálisis, a medida que el sector madure en los países importadores de tecnología española, muchas empresas trasladarán allí sus fábricas”. Lo que significa que no solo se exportará el producto, sino que habrá una deslocalización industrial muy importante.

  • Lo que cabe hacer

Para que lo anterior no ocurra y el sector vuelva a ser una referencia, y además productiva, la AEE tiene claro que “es el momento de introducir cambios en la regulación y de corregir aspectos del modelo”. Tanto su vicepresidente, José López Tafall, como el responsable de políticas energéticas, Heikki Willstedt, creen que “es necesario eliminar la posibilidad de que se modifique la rentabilidad de los proyectos cada seis años para que los inversores tengan visibilidad a largo plazo”.

Asimismo, hay que eliminar “los límites de la senda de precios de mercado, que se utiliza para decidir la retribución de las instalaciones” y, por último, piden compensaciones por las desviaciones del precio del mercado cada año y no cada tres.

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