Los expertos decidirán en un mes si hay que indemnizar a los interinos
El objetivo de esta solución consensuada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos es la mayor protección de trabajadores y seguridad jurídica para las empresas
Finalmente será una comisión de seis expertos la que analice cómo debe trasladarse a la legislación laboral española la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce una indemnización de 20 días por año a una trabajadora interina madrileña.
Así lo decidieron esta tarde la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, y los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, y los máximos líderes patronales de CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi. Todos ellos constataron la fuerte divergencia de opiniones entre las tres partes para solucionar esta problemática y, por ello, acordaron nombrar una comisión de seis expertos (dos del lado sindical, dos del ámbito empresarial y otros dos gubernamentales), que deberán empezar a trabajar inmediatamente y tendrán que aportar una propuesta sobre cómo se debe indemnizar a los interinos y temporales para cumplir con la sentencia europea.
Para los sindicatos sigue estando claro: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dicho que la ley española no puede discriminar a los trabajadores interinos y al resto de temporales y, por lo tanto, les debe indemnizar al término de su contrato con 20 días por año trabajado y un tope de 12 mensualidades, como se procede con los fijos ante un despido objetivo. En la actualidad, los interinos no cobran ninguna indemnización y los temporales reciben 12 días de salario por año trabajado.
De hecho, tanto Toxo como Álvarez aseguraron después de la reunión mantenida con Báñez, que independientemente de la solución que propongan los expertos, los sindicatos mantendrán su campaña y el apoyo jurídico para que todos los trabajadores interinos y temporales que lo deseen presenten demandas individuales ante los tribunales reclamando estas indemnizaciones reconocidas por el TJUE.
Sin embargo, la postura de los empresarios sobre cómo debería adecuar la ley española la sentencia europea del pasado 14 de septiembre –que fue asumida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 5 de octubre– es diametralmente opuesta. Admiten que los interinos del sector público cobren indemnización, pero rechazan de plano que la reciban en el sector privado y mucho menos que todos los temporales cobren esos 20 días al término de su contrato.
En cualquier caso, Rosell renunció a intentar incluir en este debate una reforma completa de las indemnizaciones por despido y circunscribió a los interinos cualquier modificación legislativa. “Ojalá se hablara de todas las indemnizaciones, pero ahora esto es un fuego que nos quema y es lo que hay que solucionar cuanto antes”, indicó.
De cualquier forma, Toxo recordó que los cambios legales que se acuerden deberán llevarse a cabo bien por un nuevo Gobierno en plenas funciones, o por el Parlamento, “que no sabemos aún si estará formado por las mismas personas que ahora”. Por ello, puso en cuarentena cualquier compromiso al que se llegue.
Otras cuestiones
Báñez abordó en este encuentro otras cuestiones con los agentes sociales. De hecho, todos ellos enmarcaron la reunión como el inicio de una nueva etapa de diálogo social. Incluso, Toxo encontró a Báñez con un “talante mucho más favorable que el mantenido en sus cuatro años como ministra”. Así, Báñez se comprometió a “actualizar e incluso a ampliar” los requisitos del Plan de Activación para el Empleo. Esto se traduciría en una rebaja de los requisitos de los beneficiarios del plan, de forma que llegue a más parados de larga duración con responsabilidades familiares. Los sindicatos se quejaron de que el fracaso de este plan –previsto inicialmente para 400.000 personas y que ha llegado a poco más de 100.000– se debió en parte a que no se enviaron cartas individualizadas a los posibles beneficiarios. Empleo trasladó a las comunidades esta responsabilidad. Además, Báñez informó que las ayudas al empleo juvenil tendrán 600 millones más. Y animó a los agentes sociales a hacer sus propuestas para la renovación del Pacto de Toledo.
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