El Parlamento Europeo exige a la CE que no recorte fondos a España
La CE aseguró que se trata de una decisión automática, pero los grupos calificaron el recorte de “absurdo”, “inmoral” e “injusto”
El Parlamento Europeo salió esta tarde en tromba para exigir a la Comisión Europea que no congele los fondos estructurales de España y Portugal a partir del próximo 1 de enero. Todos los grupos políticos, a excepción de los liberales, tacharon de despropósito la congelación de dichos fondos y desde los escaños populares, socialistas, izquierdistas o verdes llegó a calificarse la propuesta de la Comisión Europea como “injusta”, “robótica”, “incoherente”, “inmoral”, “absurda” o “contraproducente”. El chorreo le cayó al vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, uno de los representantes del ala dura del organismo comunitario que en julio vio frustrada su intención de multar a España y Portugal (con una sanción de hasta el 0,2% del PIB) y ahora espera tomarse la revancha con una congelación parcial de los fondos estructurales.
Bruselas puede congelar hasta el 50% de los compromisos de pago del próximo ejercicio, lo que en el caso de España rondaría los 2.500 millones de euros. Sin embargo, la normativa europea limita ese recorte a la mitad cuando la tasa de paro supera en más de 10 puntos la medida europea, como es el caso de España. Y otra rebaja del 20% por haber sufrido una recesión en los ejercicios previos al incumplimiento del déficit, paliativo que también beneficia a España. En total , los fondos amenazados rondarían los 1.100 millones de euros.
Katainen aseguró que, según la normativa, el organismo comunitario tiene obligación de proponer la suspensión de los fondos. “Cuando la CE tuvo margen de maniobra hizo gala de gran flexibilidad con España y Portugal y por eso no se les multó”, recordó Katainen. Ahora, en cambio, “se aplica una legislación distinta y la CE tiene la obligación de tomar una decisión”.
Katainen intentó quitar hierro al recorte y aseguró que “no se trata de un castigo porque no se perderá ni un céntimo si los dos Gobiernos toman medidas”. Junto a Katainen intervino la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, que se mostró convencida de que Madrid y Lisboa “presentarán medidas antes del 15 de octubre”. Y Katainen prometió que “levantaremos la suspensión en cuanto los dos Gobiernos cumplan con los compromisos fiscales que han asumido”.
Pero los europarlamentarios no se dieron por satisfechos con los argumentos de Katainen y Cretu; sobre todo, los procedentes de España y Portugal.
“Si [el recorte] es tan inocuo, por qué estamos aquí perdiendo el tiempo y generando un desconcierto y un enfado generalizado”, señaló el eurodiputado del grupo Popular, Ramón Luis Valcárcel. De hecho, Valcárcel añadió que la congelación de los fondos, aunque solo sea la parte de los compromisos (partidas aún no comprometidas), “generará incertidumbre en las regiones y puede paralizar la actividad económica”. El eurodiputado socialista Jonás Fernández también se mostró crítico aunque más contemporizador con la Comisión. Pero pidió a la CE que, si no puede evitar la congelación de los fondos, que al menos sea “exclusivamente testimonial”
Reproches
La comisaria Corina Cretu recordó a los europarlamentarios que la norma sobre la suspensión de los fondos para castigar el incumplimiento del déficit se aprobó en el Parlamento Europeo y que la Comisión se limita ahora a aplicar esa regulación.
La congelación de fondos “se incluyó como último, último, último recurso”, señaló el grupo popular, “y no para que se aplicase de forma burocrática y robótica”. Los socialistas europeos abundaron en la misma idea y aseguraron que la aplicación de la norma en los casos concretos de España y Portugal “es una medida absurda y estúpida”. La Comisión estudiará hoy el procedimiento a seguir, tras la petición casi unánime de que mantenga los fondos.
El departamento de Empleo se resiste al recorte
El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, insistió esta tarde en que el recorte de fondos a España y Portugal es inevitable en base a las normas. Pero el organismo comunitario, al igual que ocurrió en julio con la multa (finalmente cancelada), está profundamente dividido sobre la idoneidad y alcance del recorte. La normativa prevé que el recorte se aplique “a todas las prioridades y programas de forma proporcinal”. Pero el departamento de Empleo, dirigido por la comisaria europea Marianne Thyssen, se resiste a congelar el Fondo Social Europeo, una partida que en el caso de España asciende a 8.500 millones de euros (más 3.300 millones de financiación nacional) entre 2014 y 2020, destinados a mejorar la formación laboral,reducir la desigualdad laboral entre hombres y mujeres y paliar el riesgo de pobreza (que amenaza a 13 millones de personas, según la CE, 2,8 millones más que en 2008).
Si se excluye el Fondo Social, la congelación de los fondos podría bajar de unos 1.100 millones a solo 800 millones de euros o el 15% de todos los fondos anuales.
Pero la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, advirtió ayer ante el Parlamento Europeo que “excluir ciertos programas puede ser una decisión delicada”. Cretu señaló que, en ese caso, habría que justificar por qué unos fondos son más importantes que otros y decidir entre los que van destinado a la Administración central y los que gestionan directamente las comunidades autónomas.
La única partida que está a salvo es la llamada Garantía de empleo juvenil (943 milones de euros para siete años). El resto dependerá de la discrecionalidad de la CE, con un ala dura que pide un recorte generalizado de todos los programas.
