¿Cuántos días debe trabajar para pagar la deuda pública?
Extremeños, castellanomanchegos, valencianos, andaluces y murcianos deben trabajar más de 450 días El simulador de la Airef no prevé que España rebaje su deuda al 60% del PIB hasta 2036
La deuda pública se encuentra hoy por encima del 100% del PIB, el nivel más alto en más de un siglo. El abultado volumen de pasivo es uno de los principales desequilibrios que presenta España y que sitúa a la economía en una posición de debilidad en caso de turbulencias.
El volumen de deuda pública varía considerablemente en función de la comunidad autónoma y, para ilustrar esta circunstancia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha calculado cuántos días deberían trabajar los habitantes para abonar la deuda pública autonómica. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha se necesitan más de 100 días de trabajo por persona para abonar la deuda regional. Madrileños y vascos, en cambio, deberían dedicar 53 días de trabajo para amortizar todo el pasivo autonómico.
Si se incluye la deuda común, correspondiente a la Administración central, ayuntamientos y Seguridad Social, las cifras se disparan. En este caso, extremeños, castellanomanchegos, valencianos, andaluces y murcianos deberían trabajar más de 450 días para sufragar todo el volumen de deuda. Nuevamente, los madrileños son los que tardarían menos en amortizar el pasivo público (154 días). Para realizar este cálculo, la Airef toma como referencia el PIB per cápita y, por lo tanto, las comunidades con menos renta por habitante salen especialmente perjudicadas.
La Airef también calcula el coste financiero de la deuda autonómica. Paradójicamente, las comunidades con menor deuda presentan un tipo implícito mayor. Así, Madrid abona un 2,5% frente al 1,2% de Cataluña o el 1% de la Comunidad Valenciana. Ello es así porque las autonomías con peor situación han recurrido con mayor intensidad a los fondos de financiación del Estado como el FLA, que cuentan con tipos inferiores a los de mercado.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que España debería rebajar su nivel de deuda al 60% del PIB en 2020, un objetivo que resulta inasumible. De hecho, las simulaciones de la Airef apuntan que España no alcanzará ese límite hasta el año 2036. En el caso de las comunidades autónomas, su objetivo es rebajar el volumen de pasivo al 13% del PIB, un umbral que comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia o Valencia no alcanzarán hasta pasado el año 2040.
La Airef también ha calculado el esfuerzo fiscal que deberían realizar las comunidades autónomas para lograr que su deuda pública baje al 13% del PIB en 2030. En concreto, Cataluña debería registrar superávits primarios –la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta los intereses de la deuda– del 0,8% para alcanzar el objetivo en ese ejercicio. Solo Valencia, con un 1% debería realizar un esfuerzo mayor. Se trata de un mero ejercicio teórico porque resulta altamente improbable que la Generalitat catalana o valenciana consiga tales guarismos. Los últimos datos de cierre de 2015 reflejan que Cataluña registró un déficit primario del 2,3% del PIB y, Valencia, del 2,1%. El conjunto de las comunidades autónomas acumuló un saldo primario negativo del 1,3% del PIB. Aun queda para que las comunidades puedan presumir de registrar superávits primarios. En cualquier caso, la mejora de la financiación, el incremento de los ingresos y el menor coste financiero de los mecanismos de ayuda del Estado permitirán que los números rojos autonómicos se reduzcan en los próximos años.
En cambio, las corporaciones locales tienen la obligación de mantener su deuda pública en el 3%, un objetivo que están en disposición de cumplir este año. Los ayuntamientos son, con diferencia, la administración más saneada y llevan años sumando superávits fiscales.
