Reestructuración

Popular aprueba un revolucionario organigrama

La entidad tiene como reto mejorar su débil rentabilidad

El consejo de administración de Banco Popular aprobó ayer el nuevo organigrama de la entidad diseñado por Pedro Larena, consejero delegado que se incorporó a la firma oficialmente en septiembre, y por el presidente Ángel Ron. El objetivo de este giro de la cúpula directiva es “incrementar los ingresos, optimizar los costes y reducir el volumen de activos no rentables”, con el reto de “aumentar la rentabilidad del banco y, por tanto, de mejorar igualmente la evolución de la acción”, según señala Popular en un comunicado.

La función del nuevo organigrama es adaptar su gestión hacia una mayor segmentación y especialización, como ya adelantó CincoDías el pasado 12 de septiembre.

Se crea la dirección general de transformación digital, para acelerar la digitalización del banco, a cuyo frente se ha situado a Fernando Rodríguez Baquero. Se constituye la dirección de medios, para la que se ha nombrado a Alberto Muñoz. También se crea la dirección general de negocio especializado, en el que se incluyen los negocios de consumo, banca privada, seguros, gestión de activos, medios de pago y comercio exterior.

Estas direcciones, junto a las ya existentes, como negocios, con José Ramón Alonso al frente, riesgos, con José María Sagardoy, y financiera, con José Moreno (nuevo en el cargo), completan la gestión del negocio que Popular define como rentable y recurrente. Otra novedad es la constitución de una dirección de red comercial, al frente de José Manuel Hevia, hasta ahora responsable de Banco Pastor. De él colgarán las direcciones territoriales y Portugal.

Popular también ha creado una nueva dirección general de negocios inmobiliarios, en la que se incluirán todas sus actividades no principales, principalmente ladrillo, y que durante años han lastrado las cuentas del grupo financiero. Al frente de esta dirección se ha vuelto a recurrir a Francisco Sancha, que ya se había ocupado de la división inmobiliaria, aunque ahora era el director financiero.

La gestión de esta dirección será independiente de la actividad recurrente del banco, y reportará directamente a Larena. La función de Sancha, un ejecutivo de la casa, como todos los que ha nombrado Larena (único que ha sido fichado de fuera y proviene de Deutsche Bank) es una de las más complejas del banco. Debe deshacerse del lastre del ladrillo que ha acumulado Popular en los años de la burbuja, y que le han llevado a perder su rentabilidad y ampliar capital en 2.500 millones.

Hasta ahora el responsable de Aliseda, la firma que gestiona los activos tóxicos de Popular, era Pedro Berlinches. El proyecto es crear una sociedad independiente en la que colocará todos sus activos improductivos y desconsolidarlos del balance, para lo que está previsto que Deutsche entre en el capital de la sociedad. El plan pasa por deshacerse de 15.000 millones en activos inmobiliarios en tres años. De momento, este ejercicio provisionará 4.700 millones por este lastre y presentará previsiblemente unas pérdidas de 2.000 millones. En la nueva sociedad para agrupar sus activos tóxicos tendría como socio a Deutsche Bank.

La entidad y sindicatos se reunirán el jueves

Banco Popular y sindicatos se reunirán este jueves, día 15, para analizar asuntos relacionados con la jornada laboral y los horarios, aunque no se descarta que la entidad ofrezca los primeros apuntes del ajuste de plantilla y red que pretende acometer.

El secretario general de la sección sindical estatal de UGT en Banco Popular, Luis Francisco del Corral, ha explicado a Europa Press que la reunión estaba fijada para el día 6 de septiembre, aunque se ha ido retrasando hasta este jueves.

“Tenemos previsto tratar el tema de la jornada y los horarios, pero sospechamos que nos van a decir algo del ajuste”, ha indicado Del Corral.

Popular lleva barajando reducir su red de oficinas y empleados desde la junta de accionistas celebrada en el mes de abril, cuando el presidente del banco, Ángel Ron, adelantó que se podría realizar un ajuste “en la medida” en que lo provocaran los cambios tecnológicos y en el caso de que las condiciones de mercado lo aconsejasen.

Poco antes del verano, Popular confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había iniciado un “proceso de análisis operativo” cuyos efectos no podía cuantificar “con precisión”, todo ello después de haber cerrado una ampliación de capital por 2.500 millones de euros con la que pretendía reforzar su eficiencia.

Meses después de esta comunicación, el consejero delegado de la entidad, Pedro Larena, se reunió a comienzos de septiembre con directivos del banco, a los que comunicó oficialmente la puesta en marcha de un plan de optimización operativa con el objetivo de “reducir costes” y adecuar la capacidad productiva de la entidad para mejorar la eficiencia, “situada ya entre las mejores del sistema financiero español por este concepto”.

Si bien no aportó datos concretos, el 'número dos' de Popular sí preciso que el análisis requería “de mayor profundidad” y que sería detallado cuando estuviera concluido.

Entre 2001 y 2015 Banco Popular ha recortado un 23,5% sus oficinas y un 17% su número de empleados, apostando, en la medida de la posible, por medidas no traumáticas, como prejubilaciones y bajas incentivadas.

La red de la entidad está compuesta por más de 1.900 oficinas, de las que el 17,2% está en Andalucía, el 14,6% en Cataluña, el 14% en Galicia, el 13,1% en Madrid y el 10,9% en el resto de comunidades autónomas.

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