Tribuna

Las entidades de crédito y la nueva circular contable

Entre los retos para los próximos años figura garantizar una aplicación consistente de la normativa en materia de provisiones

La mayor demanda de transparencia y la necesidad de un modelo de gestión del riesgo de crédito homogéneo en la zona euro llevaron al Banco de España a publicar el pasado mes de abril la circular 4/2016 para adaptar la anterior normativa a los estándares internacionales de contabilidad, más concretamente a la IFRS 9. Esta nueva regulación es un resultado más de los Acuerdos de Basilea y de las recomendaciones lanzadas por el IASB (International Accounting Standards Board) tras la quiebra del sistema financiero en 2008. En efecto, la insuficiencia de dotaciones de créditos fallidos, junto con la inadecuada contabilización del riesgo crediticio, acrecentaron las consecuencias de una crisis que desembocó en la recapitalización de muchas entidades bancarias, así como en la redacción de unos nuevos estándares internacionales de contabilidad (IFRS 9), que obligan a reducir la exposición a riesgos cíclicos mediante el aprovisionamiento de los créditos.

Los cambios que presenta la nueva circular 4/2016 atañen a la gestión de riesgos. La actualización profundiza en la clasificación de las operaciones de riesgo de crédito, la estimación de provisiones mediante modelos de pérdida esperada y la contabilización de las coberturas.

Una de las novedades es que los consejos de administración de las entidades financieras serán los responsables de la implantación de modelos eficaces en la gestión de riesgos y para la determinación de las coberturas de pérdidas por riesgos de crédito. Bajo la máxima crédito concedido, crédito provisionado, los modelos deberán estimar el valor presente de los flujos futuros, incluyendo los que resulten de la ejecución de la garantía colateral independientemente de la probabilidad de que esta se produzca o no, y realizar, en su caso, la corrección de valor mediante la provisión para pérdida de crédito esperada.

Cada entidad deberá estimar su provisión de pérdida por default a 12 meses vista o durante toda la vida del préstamo, según la clasificación de la operación en función del riesgo de crédito por insolvencia. El actual reto para las entidades es la definición de políticas y modelos adecuados para la estimación de futuras pérdidas, así como la evaluación continuada de posibles incrementos significativos del riesgo desde el reconocimiento inicial. De esta manera, en caso de producirse la pérdida, el impacto en la cuenta de resultados de ese ejercicio debería ser mínimo. Estos costes de cobertura estimados serán un factor determinante en la concesión de nuevas financiaciones por las entidades de crédito.

"La falta de dotaciones de créditos fallidos y la inadecuada contabilización del riesgo crediticio, acrecentaron las consecuencias de una crisis"

A efectos de que las entidades puedan determinar si un riesgo crediticio se ha incrementado desde el reconocimiento inicial, tal y como se recoge en el texto de la IFRS 9, pueden ser relevantes, entre otros, aquellos cambios significativos en el valor de la garantía o colateral que tengan efecto en la probabilidad de que se produzca un incumplimiento de pago por parte del prestatario. Dicho de otra forma, la entidad tendrá que poner en contexto los incentivos de cada prestatario para el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de determinar si los cambios de valor de la garantía colateral suponen un incremento significativo del riesgo de crédito. Parafraseando la IFRS 9, “el análisis del riesgo crediticio es un análisis multifactor y holístico; si un factor específico es relevante o no, y su peso comparado con otros factores, dependerá del tipo de producto, características de los instrumentos financieros y del prestatario, así como de la región geográfica”. Nosotros venimos trabajando con las principales entidades para cumplir con la verificación del valor de las garantías inmobiliarias a las que están sometidas por motivos de capital. Nuestra experiencia, dado el importante impacto tanto en consumo de recursos propios como ahora en provisiones, es que la realización de estos ejercicios, más allá de un mero cálculo estadístico estandarizado, requiere de un particular estudio previo de cada cartera y una adecuada planificación de las acciones de valoración.

En los próximos años, las entidades, sus consejos y los organismos de supervisión tienen importantes retos. El primero es garantizar una aplicación consistente de la normativa en materia de provisiones, y calificación del riesgo de crédito por parte de todos los bancos de la eurozona. A nivel nacional, los actores involucrados deberán mantener la competitividad del sector financiero. Por último, y quizás más determinante a corto plazo para la banca, será la optimización de los costes de la adaptación al nuevo sistema, reduciendo el impacto negativo que este cambio pudiera suponer en las entidades.

Juan F. Aceytuno es director general de ST Sociedad de Tasación.

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