Eficiencia y calidad en la obra pública
El sector de la obra pública ha comenzado a dar los primeros pasos para dejar atrás uno de los problemas que la crisis económica ha dejado en este ámbito: la proliferación de las bajas temerarias en la adjudicación de los contratos. La adaptación de una directiva europea el pasado abril, que ha hecho modificar la Ley de Contratos del Sector Público, ha obligado al Ministerio de Fomento a comenzar a frenar esta práctica, que en los últimos años ha ido ganando terreno debido a la política de recortes presupuestarios. Aunque la competencia por precio constituye una vieja tara de las licitaciones del sector público, la drástica restricción del gasto que ha provocado la crisis ha potenciado su supremacía al valorar las ofertas por delante de los aspectos técnicos. El resultado ha sido convertir las adjudicaciones en subastas de facto.
Las primeras señales del cambio de criterio se han plasmado ya en una decena de contratos de ingeniería de proyecto. Si hasta ahora la línea roja en materia de precio estaba en diez puntos porcentuales por debajo del valor medio de todas las propuestas recibidas en concurso, los pliegos limitan ahora las bajas en 2,5 puntos porcentuales. Aunque las nuevas prácticas todavía no se han extendido a otros contratos, como los de control de obra, la directiva dictada desde Bruselas y traspuesta a la ley española obligará a ir modificando los usos contractuales y moderando la tendencia a tirar los precios.
Las empresas de construcción e ingeniería llevan mucho tiempo exigiendo a la Administración un mayor control de las bajas temerarias porque constituyen un potente elemento de distorsión de la competencia. Más aún cuando resulta frecuente que el contrato adjudicado deba ser revisado posteriormente para poder modificar unas condiciones que, en la práctica, no pueden cumplirse. Las compañías del sector abogan también por aumentar el peso de los servicios de ingeniería y consultoría en la obra pública, que en España suelen acaparar entre el 3% y el 5% del presupuesto, y que las empresas quieren elevar al 10% que impera en otros mercados europeos.
Más allá de las reclamaciones sobre el peso de esta actividad en los contratos, poner coto a las bajas temerarias constituye un ejercicio de racionalidad y eficiencia en la administración de los recursos públicos, lo que implica necesariamente tener en cuenta no solo el precio, sino también una exigencias técnicas que permitan garantizar la calidad y la vida útil de la obra construida. Los nuevos criterios que impone la legislación están claros. Ahora es necesaria voluntad administrativa y rigor para aplicarlos, primero, y supervisar su cumplimiento después.