Las incógnitas económicas del pacto de investidura
Aunque los negociadores del PP y de Ciudadanos se empeñaron en cuantificar las medidas de su acuerdo de investidura, en el texto final hay importantes lagunas presupuestarias Los expertos consideran que la previsión de ingresos es demasiado optimista
Los negociadores de PP y Ciudadanos se han afanado en poner cifras a su acuerdo de investidura. Sin embargo, no todas las dotaciones presupuestarias están tan claras ni se prevén posibles efectos negativos de algunas medidas. Para empezar, el pacto cuestiona la consolidación fiscal. El documento no recoge las medidas de ajuste que reclama Bruselas para reconducir el déficit público por debajo del 3%. Además, tampoco cuantifican el impacto de otras medidas de carácter laboral y de autónomos
- Cuentas públicas
Como declaración de intenciones, el pacto de PP y Ciudadanos arranca con el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con las recomendaciones de Bruselas, que incluyen un ajuste estructural del déficit de unos 10.000 millones de euros de aquí a 2018. El déficit público, que cerró 2015 en el 5,1%, debe bajar al 4,6% este año;al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018.
Pese a este compromiso, ambos partidos no terminan de concretar cómo pretenden alcanzar esta estabilidad. El acuerdo incluye un borrador de balance de ingresos y gastos, que resulta neutral en términos de déficit, es decir, las nuevas medidas de gasto quedan compensadas con las medidas en términos de ingresos. Pero sin avanzar sobre dónde saldrán estos 10.000 millones adicionales que exigen los socios europeos. A España se le ha concedido un año adicional para rebajar el déficit al 3% y Bruselas no va a tener en cuenta la parálisis del Ejecutivo para reclamar al futuro Gobierno medidas para reducir el déficit público hasta los niveles fijados en el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento.
- Impuestos
La tradicional tendencia de Rajoy a cuadrar cuentas con subidas impositivas y así con tentar a las autoridades comunitarias no figura. El IRPF no se tocará e incluso se bajará dos puntos cuando se cumplan los objetivos de déficit y deuda, el IVA tampoco se toca y el único movimiento al alza es la reforma del impuesto de sociedades, que aportará 19.000 millones a un tributo que ha sido el gran damnificado de la crisis. Esa previsión, aun por verse si tiene visos de hacerse efectiva, solo aportaría el 43% de la recaudación perdida entre 2007 y 2015 (44.000 millones).
La desaparición de las deducciones del Impuesto de Sociedades es la medida de mayor calado en el documento (15.000 millones menos repartidos en cuatro años). La cifra coincide, a grandes rasgos, con el importe de las deducciones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016: fueron 3.840 millones repartidos en una amplia categoría de beneficios que, para muchos fiscalistas, tienden a beneficiar a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas (el tipo efectivo que pagaron las grandes en 2015 fue 7,3% frente al 13,8% abonado en 2014). El Consejo General de Economistas recalca, no obstante, que este dato hay que matizarlo “porque muchas de estas compañías reciben beneficios del extranjero que ya han tributado allí (y, por lo tanto, en nuestro país están exentos o aplican deducciones por ello) y porque, debido a la crisis, muchas tienen bases negativas que están compensando”, remarcan. La mayor parte de estas deducciones, según el presupuesto de 2016, se derivaban de actividades de I+D (693 millones), los tipos reducidos para pymes (540) o las nuevas reducciones derivadas de la reforma fiscal (unos 1.000 millones).
Unas estimaciones consideradas demasiado optimistas por los expertos consultados por CincoDías, que estiman que Bruselas podría exigir, tal y como ha ido haciendo con más o menos insistencia, al nuevo Ejecutivo, una subida del IVA para tratar de compensar el aumento del gasto previsto. El tipo general del 21% está en la media europea y la amenaza de Bruselas se ha centrado en elevar la tributación de algunos bienes que ahora pagan un tipo reducido del 10%. Y uno de los sectores con más papeletas para sufrir ese aumento impositivo sería el turismo, que ahora disfruta de un gravamen reducido del 10% y cuyas empresas han visto crecer de forma significativa sus ingresos en los tres últimos años, gracias a la entrada masiva de viajeros extranjeros.
El acuerdo también prevé recaudar otros 15.000 millones de dos clásicos; partidas habituales en campaña electoral y no muy concretas. Son la lucha contra el fraude y la eliminación de duplicidades. En el primer capítulo se incluye la recuperación de ingresos derivados de la amnistía fiscal de modo que tributen al 10% inicialmente previsto. Las cantidades afloradas pagaron, de media, un 3%.
Ese cálculo también parece excesivamente inflado, teniendo en cuenta que la previsión inicial era recaudar 2.500 millones aplicando un tipo del 10% y finalmente solo se llegó a 1.200 millones. La memoria económica establece unos ingresos adicionales de 7.000 millones, si se suman la recuperación de lo que se dejó de recaudar en la amnistía y la lucha contra el fraude. El presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, aseguró ayer que esa propuesta sería “jurídicamente inviable” y difícil de mantener en los tribunales. En su opinión supondría una avalancha de recursos y además recordó que en noviembre de este año prescribiría porque se cumplen cuatro años.
Otra medida que pretende mejorar la cifra de ingresos es la regulación de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs), que gozan de las prebendas de los fondos de inversión de tributar por el 1% de los beneficios en el impuesto sobre sociedades y no por el 25% del tipo general, además de diferir el pago sobre las plusvalías en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), del 19% (hasta 6.000 euros), el 21% para los siguientes 44.000 euros y el 23% a partir de 50.000 euros.
Solo funcionarían como SICAV las sociedades verdaderamente colectivas y estarían supervisadas por la Agencia Tributaria. En la actualidad gestionan patrimonio por valor de 2.566 millones de euros.
- Financiación regional
Bruselas también ha puesto tradicionalmente la lupa en los desvíos de gasto de las autonomías. Buena prueba de ello es que la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria perseguía acabar con estos desvíos a través de la imposición de sanciones a las autonomías. Nunca se han activado y eso ha provocado que el Ejecutivo haya tenido que gastar hasta ahora 208.000 millones en cinco años a través de los distintos mecanismos de liquidez para que pudieran pagar vencimientos de deuda, intereses y pagos a proveedores.
Las consecuencias no han sido las esperadas: el pasivo se ha multiplicado por cuatro durante la crisis y el déficit autonómico no se ha acotado nunca a las metas exigidas por Bruselas. En 2015, el desfase autonómico cerró en el 1,66% y el objetivo para este año (0,7%) parece poco asumible, más aún cuando aún no han empezado a diseñar las cuentas públicas ante la ausencia de un techo de gasto.
De hecho, gran parte de las comunidades han reclamado a Hacienda la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en un plazo máximo de dos semanas para que se les aporte el techo de gasto y una estimación de los ingresos previstos para que puedan iniciar sus cuentas. De hecho, Compromís presentó ayer una proposición no de ley en el Congreso para que el Ejecutivo en funciones presente la referencia para que las autonomías puedan hacer sus cuentas y tratar de cumplir (algo difícil) sus compromisos de déficit y deuda.
- Empleo
En materia laboral, C’s ha impuesto muchas de sus iniciativas, salvo su propuesta estrella, el contrato único. A cambio, el PP ha aceptado encarecer la indemnización por finalización de contrato temporal. Así los cinco contratos actuales (indefinido, temporal, formación, en prácticas e interno) se convertirían en tres: fijo, temporal de protección creciente y de formación. El nuevo contrato eventual tendrá una duración máxima de dos años ampliables a tres y, frente a la actual indemnización de final de contratos de los temporales, de 12 días por año trabajado, se encarecerá su uso pagando 12 días al terminar el primer año, de 16 días, el segundo año y 20 días, el tercero. De esta forma, poniendo más caro el uso de la contratación eventual, Ciudadanos cree que se desincentivará su uso.
Este encarecimiento de la contratación temporal ha sido siempre rechazado por los populares por el miedo a que dañara la creación de empleo, algo que han defendido siempre los empresarios y algunos expertos. Fuentes consultadas temen incluso que aplicar indemnizaciones crecientes a los eventuales podría incentivar el uso de contratos temporales de duración inferior a un año, para evitar las mayores compensaciones.
Asimismo, el acuerdo incluye otra medida que también abre dudas entre los expertos sobre si dañará la creación de empleo. Se trata de aplicar un sistema de bonus-malus en las cotizaciones por desempleo, de forma que se incrementen las de las empresas que abusen de la contratación temporal y se bajen en las que no usen el despido de eventuales para ajustar sus plantillas.
Finalmente, ambas formaciones han incluido en el acuerdo una propuesta que iba en sus respectivos programas electorales: la creación de un fondo de capitalización individual para cada trabajador, que se nutra por aportaciones empresariales y acompañe al asalariado toda su vida laboral. El trabajador podrá usar este fondo en el momento de su despido (a modo de indemnización) o para formación. Y si en el momento de su jubilación no lo hubiera utilizado pasará a cobrarlo como complemento a su pensión. Este fondo es conocido como mochila austriaca y es una propuesta que ya sondeó el último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Técnicos oficiales estudiaron entonces su posible aplicación al mercado laboral español y lo descartaron por su elevado coste de transición para las empresas y el difícil encaje sindical, ya que los trabajadores debería renunciar a parte de su indemnización por despido. El pacto no determina el diseño de estas aportaciones empresariales ni cifra los citados costes monetarios y sociales que conllevaría.
- Autónomos y pymes
Las mejoras para autónomos y pequeñas y medianas empresas han sido otro de los caballos de batalla de los populares y de la formación naranja. En este punto, el acuerdo tampoco cuantifica el impacto de algunas medidas como la de elevar de 6 a 20 millones el umbral de facturación en los pagos fraccionados del impuesto de sociedades y en la liquidación del IVA. Ni concreta la merma de ingresos que supondría que la rebaja de hasta diez puntos en sociedades para las pymes que reinviertan sus beneficios.
En cuanto a las medidas para los profesionales autónomos, el pacto relega para su estudio en “una subcomisión” en el Congreso las de mayor calado, que, además, tampoco cuantifica. Así, no precisan cuántos ingresos perdería el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social si los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo no tuvieran la obligación de cotizar;o lo que costaría al sistema establecer fórmulas de cotización a tiempo parcial para los autónomos, una medida que los sucesivos Gobiernos han descartado reiteradamente ante la posibilidad de controlar el fraude.
Otras medidas sociales
El acuerdo incluye otros olvidos en materia de cuantificación económica:
Pensiones
La parte del acuerdo dedicado a las pensiones es uno de los menos detallados. A pesar del abultado déficit del sistema de Seguridad Social, que tiene unos números rojos anuales de 16.000 millones de euros, el texto del pacto se limita a una declaración de intenciones más que general: “Fortalecer el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad y suficiencia”. Dicho esto, solo habla de una medida sin especificar su impacto económico:la posibilidad de compatibilizar el 100% de la pensión con seguir trabajando por cuenta ajena o propia;o que se siga trabajando tras la edad de jubilación y se renuncie a cobrar pensión a cambio de exenciones en el IRPF.
Dependencia
Los firmantes pretenden “recuperar los recursos anteriores a 2012 destinados al Sistema Nacional de Dependencia”. Esta medida está recogida en la dotación presupuestaria del acuerdo con 440 millones anuales entre 2017 y 2020. Sin embargo, hablan de “recuperar” el presupuesto, no de reponer los recursos recortados, que acumulan una pérdida de más de 2.000 millones en la anterior legislatura.
Complemento salarial garantizado
La dotación para este complemento será de 1.300 millones en 2017 y se elevará a 2.100 millones los tres años siguientes. El acuerdo no explica quienes quedarán fuera en el primer año o cuanto menor será el complemento.
