Pacto de investidura de PP y Ciudadanos

¿Cumplirá España con Bruselas?: las cifras del acuerdo de PP y Ciudadanos

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Como declaración de intenciones, el pacto de PP y Ciudadanos arranca con el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con las recomendaciones de Bruselas, que incluyen un ajuste estructural del déficit de unos 10.000 millones de euros de aquí a 2018. El déficit público, que cerró 2015 en el 5,1%, debe llegar al 2,2% para ese ejercicio, por debajo del 3% que se había exigido, anteriormente, para este año.

Pese a este compromiso, ambos partidos no terminan de concretar cómo alcanzar esta estabilidad. El acuerdo incluye un borrador de balance de ingresos y gastos, que resulta neutral en términos de déficit, es decir, las nuevas medidas de gasto quedan compensadas con las medidas en términos de ingresos… Pero sin avanza sobre de dónde saldrán estos 10.000 millones adicionales que exigen los socios europeos.

En todo caso, PP y Ciudadanos prevén, entre ingresos y ahorros, un colchón de 29.000 millones de euros en cuatro años, que servirá para financiar las nuevas medidas contra la pobreza, a favor de la conciliación y para mejorar tanto el sistema educativo como la atención a dependencia o mejoras en justicia o lucha contra el fraude fiscal.

La partida más importante es la desaparición de las deducciones del Impuesto de Sociedades es la medida de mayor impacto económico: 15.000 millones menos repartidos en cuatro años. La cifra coincide, a grandes rasgos, con el importe de deducciones de los presupuestos 2016: fueron 3.840 millones repartidos en una amplia categoría de deducciones que, para muchos fiscalistas, tiende a beneficiar a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas.

La mayor parte de estas deducciones, según el presupuesto de 2016, se derivaba de actividades de i + D (693 millones), los tipos reducidos para pymes (540) o las nuevas reducciones derivadas de la reforma fiscal (unos 1.000 millones).

El acuerdo prevé recaudar otros 15.000 millones de dos clásicos; partidas habituales en campaña electoral y no muy concretas. Son la lucha contra el fraude y la eliminación de duplicidades. En la lucha contra el fraude se incluye la recuperación de ingresos derivados de la reforma fiscal de modo que tributen al 10% inicialmente previsto. Las cantidades afloradas pagaron, de media, un 3%, como se ha encargado de recordar Albert Rivera. La tercera paga es la eliminación de duplicidades, tras la correspondiente auditoría.

En cuanto al gasto, la medida que implica más coste es el complemento salarial garantizado: 1.300 millones en 2017 y 2.100 a partir de ahí. Un total de 7.600 millones en cuatro años. En comparación, las nuevas deducciones por familia numerosa o discapacidad han tenido un coste de 1.142 millones de euros. El plan contra la pobreza infantil, que tampoco contiene demasiado detalle, se llevará otros 5.600 millones en el plazo de cuatro años.

En caso de ser investido Mariano Rajoy, los presupuestos 2017 se enviarán al Congreso antes del 30 de septiembre de modo que Bruselas los reciba antes del 15 de octubre, según los plazos fijados por el pacto de estabilidad. En caso contrario, el acuerdo tiene fecha de caducidad, es decir, si no hay investidura ni hay presupuestos ni, seguramente, dé tiempo a confeccionarlos antes del citado 30 de septiembre.

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