Turismo

Barcelona ordena el cierre de 256 pisos turísticos ilegales

Airbnb
Turistas en el centro de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona se impuso hace meses, impulsado por las presiones de asociaciones vecinales, acabar con la proliferación de viviendas que eran utilizadas para alquiler turístico sin contar con la licencia emitida por el consistorio. Para ello, lanzó a comienzos del mes pasado un plan de choque destinado a descubrir casas en esta situación.

Los primeros 30 días de esta iniciativa han acabado con 256 casas con órdenes de cese. A estas viviendas se les ha impuesto, según informó ayer en rueda de prensa la teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, 30.000 euros de multa a cada una, lo que suma un montante total de 7,68 millones. Fuentes del consistorio señalaron que los sancionados pueden plantear recursos a estos procedimientos.

De este total, 22 viviendas corresponden al trabajo de los inspectores, que estudiaron 512 alojamientos. El cuerpo de inspección ha sido reforzado para esta campaña. El resto, proceden de una veintena de trabajadores contratados por el Ayuntamiento para este proyecto, conocidos como “visualizadores” y que hacen trabajo de campo, investigan en webs, encuestan a turistas y visitan casas. Hay otras 145 viviendas en las que se está investigando si se cuenta o no con licencia.

Además de estos alojamientos sin licencia, el Ayuntamiento ha abierto también un proceso sancionador para 126 viviendas puestas en alquiler vacacional de manera legal, pero que no habían hecho pública su licencia. Para éstas, el Consistorio barcelonés dirigido por Ada Colau (Barcelona en Comú) impone a cada una de ellas una multa de 3.000 euros. En total, entre unos procedimientos y otros se suman multas por más de 8 millones de euros.

No es la primera vez que el Gobierno municipal barcelonés acomete procesos sancionadores a viviendas ilegales. Previamente a este plan de choque se han tramitado 1.015 órdenes de cese de actividad, que han ido acompañadas de 682 sanciones. La llegada de la figura de “visualizadores”, que se han estrenado este mes, ha intensificado el número de procesos sancionadores contra estos alojamientos. “El grupo de visualizadores está funcionando positivamente y plantearemos en las próximas semanas ampliar el cuerpo para ir más allá”, señaló la teniente de alcalde.

El barrio más afectado

Este plan de choque ha estado muy centrado en el distrito de Ciutat Vella, uno de los más afectados por la proliferación de estos alojamientos. La concejala de este distrito, Gala Pin, aseguró ayer en la rueda de prensa convocada por el Ayuntamiento que se trata de “una problemática compleja afecta al derecho de vivienda”. A ello añadió que “hay que abordarlo con todos los recursos posibles”.

El Ayuntamiento ha enviado 800.000 cartas a los barceloneses para motivarles a informar si conocen irregularidades en viviendas. Además abrió una web en la que ha recibido, según informó ayer el consistorio, 375 denuncias, sobre las que se iniciará “el correspondiente expediente”.

Pero la investigación llevada a cabo por la corporación local no se ha ceñido solo a alojamientos ilegales en viviendas. El Gobierno municipal informó ayer que ha observado irregularidades en dos residencias de estudiantes regentadas por la empresa Melon District, una ubicada en el barrio de Sant Martí y otra en Sants-Montjuïc. El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes de restitución al tratarse de alojamientos con licencia de residencia estudiantil y estar situados en terrenos calificados como equipamiento. En este caso ha sido la Generalitat de Cataluña la que en una inspección en la web ha detectado estas irregularidades. Esta infracción, tipificada como “muy grave”, podría acarrear sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros.

600.000 euros a Airbnb y Homeaway si reinciden

Uno de los grandes caballos de batalla del Ayuntamiento de Barcelona desde que hace un año llegara Barcelona en Común a la alcaldía han sido las plataformas de economía colaborativa destinadas al alojamiento turístico, especialmente Airbnb y Homeaway.

El Ayuntamiento impuso hace unos meses multas de 30.000 euros para cada plataforma, que según informaron ayer en rueda de prensa, se encuentran simplemente pendientes de cobro. Sin embargo, fuentes de Homeway aseguraron ayer que el proceso administrativo de recurso planteado frente a dicha sanción sigue en curso y que, hasta que no se complete, no se efectuará el pago, en caso de no serles favorable.

El consistorio aseguró que los procedimientos de sanción se han resuelto con multas de 30.000 euros tras rastrear sendas webs con arañas, como se conoce a los software de rastreo en internet, y concluir que eran los que más anuncios de viviendas ilegales contenían. El Ayuntamiento apuntó que las empresas recibirán “en las próximas semanas” las notificaciones para el abono de las multas.

Los representantes del Gobierno municipal informaron que “mantendrán la presión y el control” que inició el año pasado con estas plataformas. A lo que añadió que, en caso de encontrarse viviendas sin licencia en estas webs, se les pediría que colaborasen con el Ayuntamiento y que retiren los reclamos. De no acometerlo, se llevaría a cabo un procedimiento de sanción por reincidencia que acarrearía una multa de 600.000 euros para cada una. Las citadas fuentes de Homeaway apuntaron que estas sanciones van contra la legislación comunitaria al responsabilizarles por infracciones cometidas por terceros.

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