Bruselas da el primer paso para multar a España por el déficit
España y Portugal pueden ser los primeros países desde que nació el euro que sean sancionados y dejen de cobrar fondos estructurales por no haber acometido el ajuste previsto
España y Portugal están a punto de hacer historia en la zona euro. Muy a su pesar. Bruselas acusa a los dos países ibéricos de “no haber tomado medidas efectivas” para corregir el déficit público, tal y como se les exigió en sendas recomendaciones. La Comisión Europea ha emitido ya varias veces ese veredicto contra otros países. Pero es la primera vez desde el nacimiento del euro (1999) en la que la acusación parece abocar a una multa millonaria y a la congelación parcial de los fondos estructurales de ambos países.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, aseguró ayer que “aplicaremos el Pacto de Estabilidad de manera inteligente, teniendo en cuenta las reformas y esfuerzos fiscales realizados hasta ahora”. Y añadió que “apreciamos lo que España y Portugal han hecho hasta ahora”. Aun así, Dombrovskis, como la mayoría de los comisarios, es partidario de estrenar con España y Portugal las nunca utilizadas sanciones del Pacto para dar un aviso a otros posibles infractores, con Francia e Italia en mente.
El ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, se desplazó ayer in extremis hasta Estrasburgo para reunirse con Dombrovskis y su comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Los encuentros no podrán impedir el primer paso de la CE hacia la multa, pero el ministro confía todavía en que la sanción pecuniaria no llegue a materializarse y que el castigo se limite a un recorte temporal y parcial de los fondos estructurales.
El equipo de Guindos aseguró poco antes del encuentro que “no se hablará de la multa porque partimos de la base de que no la habrá”. Y describió las inesperadas citas (no aparecían en la agenda pública de ninguno de los dos comisarios) como “unas reuniones de trabajo de las habituales”, destinadas “a tratar los escenarios presupuestarios de España y su compatibilidad con el actual procedimiento de déficit excesivo”.
- Siguientes pasos
La Comisión tiene previsto actualizar ese procedimiento y fijar un nuevo calendario de corrección del déficit, que podría requerir a España un ajuste estructural del 0,25% este año y de medio punto el que viene para situar el déficit en el 2,5% en 2017 desde el 5,1% de 2015 (con ayudas a la banca).
Los ministros de Economía de la UE (Ecofin) tienen que aprobar tanto la nueva senda presupuestaria, como el dictamen sobre la ausencia de medidas efectivas. Su próxima cita es el 12 de julio y Eslovaquia, que ocupa la presidencia semestral de la UE, confía en que las dos decisiones se aprueben ese día.
En cualquier caso, desde la fecha de aprobación por parte del Ecofin, España dispone de 10 días para presentar alegaciones contra la multa y la CE de otros 10 días más para fijar la cuantía (de hasta 2.000 millones de euros). Si las alegaciones resultan convincentes, la CE puede reducir o incluso cancelar la multa. Sin embargo, para reactivar los fondos estructurales, la CE puede exigir que se presente una batería de recortes o subidas de impuestos para cuadrar las cuentas. Ese requisito resultaría especialmente doloroso para Portugal, porque su inversión pública depende hasta en un 80% de los fondos, pero el Gobierno podría caer si aprueba nuevos recortes.
España pide la clemencia que hubo con Francia
España es, junto con Irlana y Grecia, el país que más ha reducido el déficit público desde el comienzo de la crisis de la zona euro en 2010. Aun así, a partir de hoy se expone a convertirse en el primer país de la zona euro en ser multado por no haber realizado un ajuste suficiente.
“Sería un sinsentido [multar a España]”, insiste el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Pero los sinsentidos y la arbitrariedad son el pan de cada día en Bruselas.
El año pasado, la Comisión debía haber estrenado con Francia las sanciones del Pacto de Estabilidad. Pero Bruselas retorció el procedimiento para evitar el sonrojo a París y, de paso, ampliarle dos años el plazo para reducir el déficit (hasta finales de 2017, una vez pasadas las elecciones presidenciales del año que viene).
El Gobierno español se aferra ahora a aquel precedente para pedir clemencia. Y recuerda que en el acaso francés la CE atribuyó su benevolencia a la baja inflación que había padecido Francia. Bruselas aseguró que el diferencial en 2014 entre la inflación prevista y la real había sido de nueve décimas, lo que explicaba el incumplimiento del objetivo de déficit. En el caso de España, esa diferencia es mucho mayor, de casi punto y medio. Y, además, España uno de los cinco países en los que Bruselas preveía una inflación positiva y acabaron sufriendo una deflación. España presentará contra la multa el argumento de la inflación. Sin embargo, en el caso francés hubo otras concesiones. La CE evitó valorar el ejercicio de 2015 y se centró en los dos anteriores. Y se limitó a concluir que “las evidencias disponibles no permiten concluir que [Francia] no haya tomado medidas efectivas”.
