Incumplimiento Plan de Estabilidad

El Ecofin aplaza la prórroga a España por el déficit

El documento no cuestiona la prórroga en sí ni aborda la cuestión de la multa

En la misma situación se encuentra Portugal

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (d), junto al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (d), junto al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. EFE

El Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) mantiene el suspense sobre la prórroga del plazo a España para situar el déficit público por debajo del 3%. La decisión ha quedado congelada hasta el próximo mes de julio, según el texto que tienen previsto aprobar los ministros en su reunión del viernes en Luxemburgo.

El documento no cuestiona la prórroga en sí. Pero los técnicos que preparan dicha reunión han colocado entre corchetes toda la parte referida al ajuste presupuestario, lo que en la práctica supone que queda en suspenso. En la misma situación se encuentra Portugal, que también espera disfrutar de una prórroga al tiempo que se expone a una sanción.

España, que estará representada en Luxemburgo por el ministro en funciones, Luis de Guindos, podría intentar que el Ecofin suprima los corchetes y dé luz verde a la prórroga. Pero parece muy improbable que Guindos pueda lograr los apoyos necesarios porque la mayoría de los países, con Alemania al frente, son partidarios de retrasar la decisión.

La Comisión Europea propuso en mayo conceder a España un año mas de plazo, hasta 2017, para rebajar el déficit. Pero los ministros prefieren esperar a que Bruselas emita su veredicto sobre el incumplimiento del objetivo de 2015, una infracción que podría acarrear a España una multa de hasta el 0,2% del PIB.

Fuentes diplomáticas aseguran que los ministros esperarán a que la Comisión se pronuncie "a principios de julio" sobre la infracción cometida por España. Y en ese caso, en la nueva cita del Ecofin, el 12 de julio, aprobarían al mismo tiempo la prórroga y el dictamen que desencadenaría el proceso de infracción.

Bruselas acusa a España de no haber tomado medidas efectivas para corregir el déficit en 2015, a pesar de la buena evolución del crecimiento. El último Programa de Estabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy aspira a cerrar 2016 con un déficit del 3,6% y 2017 con el 2,9%. Es decir, concluye la CE, un año más tarde de lo previsto tras incumplir los objetivos tanto en 2014, como en 2015.

La CE incluso duda de que este año se cumpla el objetivo porque no confía en que se apliquen las medidas de ajuste (de no disponibilidad de gasto de 4.000 millones de euros) aprobadas esta primavera a raíz de una primera amonestación el pasado mes de febrero.

Aun así, el organismo presidido por Jean-Claude Juncker decidió adelantar la concesión de la prórroga a España y retrasar la decisión sobre la multa para que no coincidiera con la campaña electoral del 26J. Varios países, con Alemania al frente, cuestionaron la legalidad de ese apaño y el servicio jurídico del Consejo Europeo corroboró sus dudas.

Finalmente, el Ecofin parece decidido a unir ambos procedimientos y aplazar a julio la aprobación de la prórroga para que coincida con la posible multa. La mayoría de los comisarios europeos son partidarios de imponer la sanción, la primera de la historia de este tipo, para intentar recuperar la credibilidad del Pacto de Estabilidad.

Una vez que el Ecofin apruebe en julio el dictamen sobre la falta de cumplimiento por parte de España y/o Portugal, la CE dispone de 20 días para proponer el alcance de la multa, que llevará aparejada, además, la suspensión parcial de los fondos estructurales a partir del 1 de enero de 2017 si Madrid y/o Lisboa no adoptan medidas efectivas para recortar el déficit.

Los países sancionados podrán presentar alegaciones y Bruselas podría proponer, en ese caso, una rebaja de la sanción o su cancelación. Pero eso no frenaría el procedimiento del Pacto de Estabilidad, que subiría un grado más y colocaría a los dos países bajo una tutela efectiva que, en caso de incumplimiento, podría desencadenar una sanción aún mayor (de hasta el 0,5% del PIB). En 18 años de historia del euro, Bruselas nunca se ha atrevido a utilizar esos instrumentos de disciplina que parece dispuesta a estrenar con España y Portugal.