Los funcionarios, grandes olvidados del debate electoral
En España hay 2,5 millones de empleados públicos que no fueron ayer mencionados ni una sola vez en el debate electoral que mantuvieron los candidatos a la presidencia de los cuatro grandes partidos. Los líderes políticos citaron a numerosos colectivos, pero se olvidaron de los funcionarios y sus familias, que hoy han recordado que representan un importante número de votos.
"El debate de ayer nos ha defraudado extraordinariamente; los cuatro candidatos obviaron total y absolutamente cualquier tipo de medida para los empleados públicos", se ha lamentado hoy el presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra. Es más, ha recordado hoy que el voto de los 2,5 millones de empleados públicos y sus familias "puede ser decisivo, como se ha comprobado en anteriores comicios" y por ello, añadió: "espero que nos atiendan o, de lo contrario, gane quien gane, nos va a oír".
Las principales demandas sindicales para el sector público tienen que ver principalmente con la recuperación de las condiciones laborales que les fueron recortadas desde mediados de 2010. En concreto, CSIF pide recuperar la estructura salarial previa a mayo de dicho año --cuando congelaron los salarios de los empleados públicos un 5% de media--.
Exigen también la devolución de la paga extra de Navidad retirada en 2012, que hay han recuperado los trabajadores de la Administración General del Estado pero que aún siguen sin cobrar alrededor de 1,5 millones de trabajadores de distintas comunidades autónomas y ayuntamientos.
Asimismo reclaman la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, que fue eliminada también en 2012, cuando se aprobó una jornada "mínima" de 37,5 horas semanales para todo el sector público. Igualmente demandan la devolución de otros derechos como la eliminación definitiva de los descuentos retributivos en todas las bajas por enfermedad.
Y, junto a la recuperación de estas condiciones, CSIF ha reivindicado la eliminación de la tasa de reposición que limita la cobertura de las bajas que se producen; el reforzamiento de las plantillas de las administraciones y la reforma de la Ley de representación sindical para rebajar el umbral de representatividad al 5%, como tienen los partidos políticos.
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