El CSN autorizará la reapertura de Garoña con fuertes inversiones
Cumplir las condiciones técnicas costará unos 300 millones El Consejo adoptará la decisión a finales de julio
Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) están apurando las últimas semanas para rematar el informe sobre la viabilidad técnica con el objetivo de autorizar la ampliación de la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña a los 60 años (hasta 2031). Fuentes próximas al organismo de seguridad aseguran que el consejo tiene previsto emitir un dictamen favorable a la petición que, a través del Ministerio de Industria, cursó su propitaria, Nuclenor, a medidados de 2014.
La autorización, que con toda probabilidad no contará con la unanimidad del consejo, está prevista para finales del mes de julio, una vez que pasen las elecciones generales. Según las mismas fuentes, el CSN dará el visto bueno con numerosas condiciones de inversión. Probablemente, según las mismas fuentes, de casi 300 millones de euros, lo que supondría más del doble de las que Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de Nuclenor, han destinado ya a la planta burgalesa, cifradas en unos 210 millones.
Con una plantilla de 226 personas tras la jubilación de más de más de un centenar de ellos en los últimos años, Garoña está parada por decisión de ambas eléctricas desde diciembre de 2012, medida que adoptaron para evitar el pago de los nuevos impuestos medioambientales del Gobierno que gravaban el combustible gastado desde el 1 de enero de 2013. La antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) impuso a Nuclenor una multa superior a los 18 millones de euros por esta clausura unilateral.
La última palabra, no obstante, la tendrá, primero el Ministerio de Industria, y después Endesa e Iberdrola, que deberán medir si les resulta rentable la reapertura, o si “son asumibles con proyección de futuro”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a medidados de abril al sindicato vasco ELA su intención de cerrar Garoña. Estas declaraciones indirectas causaron gran revuelo y malestar en Nuclenor, y Endesa las consideró una deslealtad. “Nosotros no lo hubiéramos hecho”, declaró a los periodistas el presidente de Endesa, Borja Prado, tras la junta de la eléctrica el pasado 26 de abril.
Precisamente, según fuente empresariales, ese mismo día se reunió el consejo de administración de Nuclenor, en el que “no se trató sobre el cierre de Garoña”, añaden las mismas fuentes.
Para Iberdrola, la losa de los costes externos, que no hacen más que incrementarse, hacen inviable la planta más antigua del parque nuclear español. Los últimos, los derivados de la Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada Ley Mordaza), que obliga a las instalaciones a contar con un equipo de la Guardia Civil para reforzar su seguridad (la norma prohíbe las manifestaciones ante las centrales nucleares) que deben costear las propietarias.
También podría encarecerse la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las nucleares, de los que se ocupa Enresa. También la caída de los precios del mercado mayorista han contribuido a hacer menos rentables estas centrales que, por primera vez, han parado su producción en fines de semana para paliar las pérdidas.
Permiso de obras para el almacén de residuos de la planta
El ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña, ha concedido a esta central la licencia de obra para construir un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos. Según informa el Diario de Burgos, la licencia se otorga para un presupuesto de algo más de 12 millones de euros, que incluye el coste del ATIy el de los primeros cinco contenedores, según los datos facilitados por Enresa.
Como están haciendo otras centrales, Garoña ha optado por la construcción de un ATI en sus terrenos ante la tardanza en la construcción del Almacén Temporal Centralicado (ATC) proyectado en el municipio conquense de Villar de Cañar. Este proyecto se ha enredado en un proceso de autorizaciones administrativas. Además, cuenta con una traba importante: la declaración de zona protegida al área donde su ubica por parte del Gobierno de Castilla La Mancha, que preside Emiliano García Page.
El ATI de Santa María de Garoña recibió hace más de un año la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Este podría acoger hasta 32 contenedores de residuos por un tiempo inferior a 10 años. El silo se construirá dentro del recinto de la planta y prevé el almacenamiento a la intemperie y la disposición en seco del combustible gastado, así como su protección física hasta su traslado al ATC.
Estos permisos se han ido otorgando al margen de los correspondientes a la ampliación de la vida de la planta (paralizada desde diciembre de 2012), que dependen del informe de viabilidad técnica del Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de Industria.
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