Escándalo financiero

Prisión incondicional para Mario Conde y su abogado

Sustituye la prisión para su hija Alejandra por arresto domiciliario "dada su situación familiar en relación con un hijo"

El hijo del expresidente de Banesto y otros cuatro acusados quedan en libertad con medidas cautelares

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de decretar prisión incondicional sin fianza para el expresidente de Banesto Mario Conde, acusado entre otros delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y delito de frustración de la ejecución. Su abogado Francisco Javier de la Vega, arquitecto del entramado societario de Conde, ha sido enviado a prisión por los mismos delitos. En relación a su hija Alejandra, el magistrado sustituye la prisión por arresto domiciliario "dada su situación familiar en relación con un hijo". Por último, para el hijo de Mario Conde y otros cuatro acusados -Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek- el magistrado ordena libertad con medidas cautelares que consisten en comparecencias semanales, prohibición de salir del país y retirada del pasaporte.

Mario Conde y su abogado están en los calabozos de la Audiencia y van a ser conducidos a Soto del Real

Conde presidió Banesto desde 1987 hasta que fue intervenido en 1993 por el Banco de España. Cumplió condena en Alcalá Meco por el saqueo de la entidad, hasta que obtuvo la libertad condicional en julio de 2008. 

La primera vez que el exbanquero entró en la cárcel fue en diciembre de 1994 cuando apenas permaneció 30 días en prisión preventiva por el caso Banesto. El 26 de febrero de 1998 fue de nuevo encarcelado por el caso Argentia Trust hasta que el 9 de agosto de 1999 obtuvo la libertad condicional por esta causa. 

El abogado de Conde, Ignacio Peláez, se ha opuesto a la petición de la fiscal Elena Lorente de enviar a prisión a su cliente alegando que “nunca ha quebrantado su obligación de comparecer” tras obtener el tercer grado por el caso 'Banesto' y ha permanecido localizable durante los permisos. A su juicio, tampoco existe riesgo de destrucción de pruebas puesto que su representado ha facilitado “todos los datos y claves de sus ordenadores”. 

El juez Pedraz ha dejado en libertad con comparecencias semanales, prohibición de abandonar el país y retirada del pasaporte al hijo de Conde, Mario --que se ha negado a declarar--, y a los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek. Estos han declarado ante Pedraz, al igual que ha hecho el exbanquero, que ha justificado los movimientos de dinero y ha negado que provenga del caso 'Banesto'. 

Los siete detenidos en el marco de la operación Fénix han comparecido este miércoles ante Pedraz por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución --de sentencias dictadas contra Conde como la del caso Banesto y otras-- y ocho delitos contra la Hacienda Pública. 

El yerno de Conde, Fernando Guasch, que quedó el lunes en libertad tras ser detenido por la Guardia Civil, otros seis investigados vinculados al exbanquero por estrechos lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días. 

La investigación partió de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para dar inicio a las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio de búsqueda de indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1. 

La operación indaga si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. 

El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión --en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años-- por estafa y apropiación indebida en el llamado Caso Banesto. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros. 

En concreto, fue condenado en las causas conocidas como Argentia Trust (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y Banesto (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).