Un rediseño eléctrico eficaz en la UE
La Comisión Europea ha puesto la lupa en el mercado eléctrico continental en lo que ya se ve como el primer paso de una verdadera revolución en el sector. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha publicado el informe provisional sobre su investigación de los llamados “mecanismos de capacidad en el sector eléctrico”, un sistema que, entre otras características remunera a ciertas compañías por su disponibilidad a producir. Además de en España, la comisaria danesa ha centrado las pesquisas en otros diez Estados, pero lo cierto es que ha concentrado el foco en nuestro país, a cuyo fragmentado panorama de mecanismos de capacidad considera “un buen ejemplo” de lo que llama “efecto de bola de nieve”, producido por la proliferación de unos instrumentos que, según pretende probar la investigación iniciada hace ahora un año, se estarían utilizando “para favorecer indebidamente a determinados productores o tecnologías”, con el indeseable resultado añadido de convertirse “en un obstáculo al comercio transfronterizo de electricidad”. Bruselas ha localizado en los mercados investigados media docena de mecanismos diferentes: subastas de capacidad, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado. Y el mercado eléctrico español entra de pleno en dos de ellos, es el país que más los utiliza, con el agravante de que emplea uno de los peor vistos por los técnicos de Competencia, el de pagos de capacidad específica, considerado inadecuado por estos por el “riesgo de compensar en exceso a los proveedores de capacidad”. Y no son nuevos: los varios sistemas de este tipo se empezaron a emplear en 1997, se ampliaron en 2007 con el de interrumpibilidad –que se saca a subasta entre la industria consumidora y es duramente criticado en el informe– y en 2010 con el sistema preferencial específico para el carbón nacional.
El trasfondo de la investigación se encamina a demostrar la consideración de ayudas de Estado de estos mecanismos, parte de los cuales son pagados en España por los consumidores en sus recibos, lo que argumentaba el Gobierno para demostrar que no consistía en una ayuda estatal indebida.
Aunque sería posible, parece poco viable que Bruselas, al final del proceso, llegue a exigir la devolución de ciertas remuneraciones. Y eso, por un evidente principio de seguridad jurídica. Lo que está claro es que se avecina un nuevo diseño para el sector, por eso será muy adecuado que se aproveche el informe para rediseñar un corpus legislativo que aumente la competencia y la eficiencia del mercado eléctrico europeo. Pero solo se hará bien si se desarrolla con un espíritu de neutralidad, tanto para las empresas como para los Estados.