La ley de la segunda oportunidad, insuficiente
En esta crisis que nos ha tocado vivir, donde miles de ciudadanos están apresados por sus deudas y donde, según datos oficiales, cada año un millón de empresas cierran en Europa, es necesaria una ley de la segunda oportunidad eficaz. Y más si tenemos en cuenta que España es uno de los países que más ha sufrido el impacto social de la recesión económica con un 27% de la población en riesgo de exclusión social, un paro del 23% y una economía sumergida del 25%. En este sentido, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 30 de julio de 2015, es insuficiente ya que incorpora fallos técnicos graves en relación a la regulación, dejando aspectos claves en manos de la interpretación judicial y haciendo que su aplicación sea distinta dependiendo del Juez que se encargue de cada caso.
Esta ley es también insuficiente porque solo contempla quitas a las deudas privadas, pero no a las contraídas con Hacienda o la Seguridad Social, que son las que más afectan, por ejemplo, a los autónomos cuando se ven obligados a cesar en su actividad.
Para tener una regulación eficaz se debería haber hecho caso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea, además de analizar el camino seguido por economías más avanzadas que la nuestra.
Para hacer las cosas bien a veces no hace falta inventar nada nuevo sino simplemente observar el impacto positivo que ha tenido en países con experiencia de muchos años en la aplicación de leyes que contribuyen a la rehabilitación del deudor honesto.
Este es el caso del modelo americano, que data de 1898 y es uno de los que mejor funciona, teniendo un procedimiento específico de exoneración directa tras la liquidación total del patrimonio del deudor y otro procedimiento si el deudor tiene capacidad para afrontar un plan de pagos. Un modelo con una visión muy distinta a la de culturas como la nuestra, que no estigmatiza el fracaso empresarial, considerándolo una experiencia enormemente útil para nuevos proyectos.
En nuestro país se ha animado a los ciudadanos a que consuman para impulsar la economía, sin tener en cuenta una solución para los casos de insolvencia. Los préstamos irresponsables sin las cautelas adecuadas han contribuido de forma muy significativa a generar la crisis actual. Cuando un deudor se recupera deja de generar gasto público que pagamos todos y vuelve a tener la posibilidad de integrarse en el proceso productivo o puede montar un negocio que cree puestos de trabajo. Por el contrario, nuestra restrictiva legislación concursal contribuye de manera notable a la ralentización de la actividad económica. El empresario lo arriesga todo y para toda la vida, sin posibilidad futura de recuperación.
Para ser eficiente, una ley de la segunda oportunidad debería contemplar dos realidades totalmente diferentes, la de las personas físicas y la de las jurídicas. Además, debería también regular los ficheros de solvencia positivos para facilitar el acceso a la financiación y los programas de alerta temprana, con una filosofía equilibrada que incluyera tratamientos preventivos y paliativos.
Una buena ley de la segunda oportunidad produciría unos beneficios económicos evidentes, incentivando el crédito responsable y la recuperación de los deudores para la economía productiva, que de otra manera están condenados al consumo de prestaciones sociales, a la exclusión social o a la economía sumergida.
Si se quiere impulsar e incentivar las iniciativas empresariales se necesitan leyes bien diseñadas que permitan tener una segunda oportunidad a quienes lo necesitan y a quienes lo merecen. En cualquier caso, la ley española de la segunda oportunidad es un primer paso para intentar estar a la altura del resto países líderes en la gestión de esta realidad.
Un paso necesario y fundamental que necesitará un gran esfuerzo de todos para poder seguir avanzando en el progreso de nuestra economía.
José María Torres es patrón de la Fundación Pimec, vocal consultor de la Cámara de Comercio de Barcelona y presidente de Numintec