Santander abre oficina en Fráncfort para hacer lobby ante el BCE
Santander ha decidido inaugurar una nueva oficina en Fráncfort, aunque en esta ocasión no es de representación. Su objetivo es mantener una relación más estrecha y directa con la dirección del Banco Central Europeo (BCE). El grupo que preside Ana Botín sigue así los pasos de BBVA, entidad que abrió en marzo de 2014 una sucursal cerca de la sede del BCE para hacer lobby ante las autoridades europeas de supervisión.
La banca española lleva tiempo quejándose de la pérdida de influencia del país en los organismos internacionales, y más concretamente en la supervisión europea. Desde la salida en 2012 de José Manuel González– Páramo como miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo –puesto que ocupó entre 2004 y 2012– la influencia de España en este organismo se ha debilitado considerablemente. Y eso, pese al peso internacional que tiene Santander y BBVA en el sector, explican fuentes financieras.
La existencia de dos representantes en la dirección de supervisión del organismo europeo: Ramón Quintana, que es uno de los cuatro directores generales de la supervisión directa del BCE; y Margarita Delgado, que ocupa una de las seis direcciones generales adjuntas del Mecanismo Único de Supervisión (Mus), y de los más de 100 inspectores españoles que ejercen su labor en el organismo con sede en Fráncfort, no son suficientes, según las fuentes consultadas, para hacer presión en la supervisión europea.
Conscientes de ello, BBVA decidió ya en marzo de 2014, ocho meses antes de que el BCE inaugurase sus funciones de supervisor único europeo, abrir una oficina situada a apenas 200 metros de la sede del BCE, con Matías Viola a la cabeza. Su objetivo era ejercer una labor de lobby para trasladar los intereses del sector en general, y sobre todo del banco en particular, a esta institución europea con el fin de influir de forma directa en la legislación bancaria. Y eso que BBVA cuenta con una ventaja sobre otros bancos españoles. En mayo de 2013 fichó a González-Páramo como consejero ejecutivo responsable de regulación. Las relaciones de este ejecutivo con el BCE siguen siendo muy fluidas.
Hace dos semanas ha sido Santander el banco que ha decidido abrir también una oficina en Fráncfort, también a escasos metros del BCE y de la sucursal de BBVA, para intentar influir en algunas de las decisiones sobre el sector que pueda adoptar el Mus, o sobre la visión que pueda tener sobre la banca española y sobre el banco cántabro en particular. Como responsable de esta agencia acaba de contratar a David Sánchez Brezmes, hasta ahora consultor de KPMG en Alemania, especializado en el sector bancario. Varias fuentes financieras aseguran que desde hace unos meses el contacto con el BCE es continuo. “Todas las semanas nos reunimos con representantes del BCE, y todos los días hablamos por teléfono varias veces”, asegura un ejecutivo financiero. De ahí la importancia por tener representantes en Fráncfort.
El italiano Unicrédito y la banca francesa tienen oficinas similares allí. Los holandeses prefieren acudir al BCE cada 15 días.
Las provisiones de la banca son “razonables”
Las provisiones frente a los créditos fallidos en los bancos de la zona euro son “razonables”, ha indicado Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE. El impacto de los préstamos en riesgo de mora representa una de las prioridades para el BCE durante este año en su lucha por reactivar el crédito, lo que hizo temer a los inversores que el máximo supervisor europeo impusiera mayores provisiones a las entidades bajo su vigilancia. Sin embargo, las declaraciones de Nouy ante el comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo sirven para aliviar en parte estos temores. “Hemos provisionado hasta un nivel razonable esta exposición en riesgo de mora, lo que nos da una base muy sólida para... abordar estas cuestiones”, dijo Nouy. “Definitivamente se tendrán en cuenta las dificultades de la situación, pero se trata de algo alcanzable”, añadió. No obstante, Nouy rechazó la posibilidad de una cancelación generalizada de deuda tóxica, argumentando que se trataría de un peligroso precedente. “¿Debería existir una amortización importante? Soy escéptica, no creo que una única herramienta pueda resolver situaciones diferentes”, subrayó.
