Editorial

Un plan viable y un juez flexible para Abengoa

El plan de viabilidad presentado ayer por Abengoa para salvar a la compañía del concurso y rediseñar su nueva estructura plantea una estrategia sólida, bien fundamentada y con objetivos definidos. La medida estrella de ese plan pasa por la conversión de los 6.000 millones de deuda corporativa del grupo en acciones, lo que incluye eliminar la actual estructura dual de los títulos.

El campus Palmas Altas, en la sede de Abengoa en Andalucía
El campus Palmas Altas, en la sede de Abengoa en Andalucía

El control de Abengoa quedará así en manos del grupo de fondos de inversión que son acreedores de la deuda, que controlarán el 55% del capital e inyectarán el grueso de los más de 1.200 millones de euros de dinero nuevo que la compañía requiere para poner en marcha su plan de negocio. Los 50.000 pequeños accionistas de la empresa y la familia Benjumea, se quedarán con el 5% de las acciones, valoradas en menos de 70 millones de euros. Además, Abengoa reorientará su actividad de negocio para focalizarse solo en la ingeniería, su negocio original, lo que supone una decisión razonable e inteligente, pero que exigirá realizar desinversiones en los próximos años por valor de unos 1.500 millones de euros. En torno a 1.000 millones vendrán de la división de bionenergía, que ha sido un lastre para la empresa en los últimos ejercicios. Otros 400 millones deberán ser vendidos en este ejercicio.


Las dudas generadas por la dificultad de poder reunir el porcentaje de adhesión al plan que exige la ley concursal –que es del 75%– dentro el plazo legal para ello prácticamente han quedado ya despejadas. La compañía ha anunciado que solicitará una prórroga y todo hace prever que la obtendrá si logra una adhesión del 60%, un porcentaje que se considera factible. El espíritu de la ley concursal es facilitar que las compañías en dificultades eviten el concurso y la disolución, y de acuerdo con ese espíritu parece razonable que el juez conceda la ampliación.


Ello no debe significar, sin embargo, alargar un proceso judicial cuya razón de ser –salvar al grupo de la quiebra– dejará de tener sentido si se eterniza. La lentitud de los procedimientos judiciales es un problema casi crónico en España y que tiene un indudable coste económico y social. Pero cuando se trata de una compañía como Abengoa, con más de 50.000 empleados, la magnitud de ese coste aumenta exponencialmente, lo que debería ser una razón más, y una razón de peso, para agilizar el proceso. En la retina de todos está todavía lo ocurrido con Martinsa Fadesa, que entró en concurso en 2008 para terminar siendo liquidada siete años después. Entre las muchas lecciones que se pueden extraer de Abengoa y de otras crisis similares figuran las consecuencias de toda índole que produce el sobreendeudamiento empresarial. Entre ellas, la de que una compañía fundada hace 75 años por dos ingenieros españoles termine siendo controlada por un grupo de fondos extranjeros.