Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia

“El ciudadano tiene el derecho a saber y debe ejercerlo”

"Hay mucho que mejorar en el Portal de la Transparencia. Se debe dejar de meter datos y ordenar la información”

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Ester Arizmendi.
La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Ester Arizmendi.

España es un país principiante en temas de transparencia. Aprobó su ley en 2013 y apenas hace un año que se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Es el órgano al que acuden los ciudadanos cuando un organismo público rechaza una petición de información. Su presidenta, Esther Arizmendi, asegura que se está produciendo de forma paulatina un cambio cultural dentro de una Administración inicialmente reacia a abrir sus puertas y dar datos. “La información es pública y pertenece a la ciudadanía”, señala Arizmendi, que defiende la independencia del Consejo de Transparencia y recuerda que seis de sus resoluciones han sido impugnadas por la Administración en la vía contencioso-administrativa.

La reticencia de Televisión Española a ofrecer información

El Portal de la Transparencia permite que los ciudadanos pidan información a los organismos públicos. Si la petición es denegada, pueden recurrir al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que suele estimar la mitad de las reclamaciones.

Sin embargo, en seis ocasiones, las resoluciones del Consejo de Transparencia no han sido atendidas y los casos han acabado en el tribunal contencioso-administrativo. Radio Televisión Española (RTVE) ha recurrido a esta vía en dos ocasiones al negarse a informar sobre el detalle de los gastos derivados de la participación de España en el Festival de Eurovisión 2015 y sobre el coste de cada uno de los canales que gestiona la corporación.

Del uno al diez, ¿qué nota pondría al Gobierno en transparencia?

El aprobado. Hay que tener en cuenta que España ha tardado diez legislaturas para aprobar una Ley de Transparencia. Son 40 años. En organización de la Administración y actitud de los empleados públicos, también muy buena nota. En la puesta en marcha de la ley, hay espacio de mejora.

¿Qué sentido tiene que para identificarse en el Portal de la Transparencia y solicitar información se exija una cuenta bancaria?

Eso debe cambiar. El razonamiento legal es que cuando se inicia un procedimiento con la Administración, no basta con poner el nombre, sino que debes identificarte. Y se optó por reutilizar la plataforma de identificación de la Agencia Tributaria. Comprendo que cuando va a preguntar algo y te piden la cuenta bancaria, lo primero que te entra es miedo. A nosotros se nos ocurren muchos medios de identificación más sencillos.

Para solicitar datos e información a las instituciones europeas basta el nombre y un correo electrónico.

Sí. Debe haber un cambio de filosofía. Se exige un procedimiento de identificación cuando se quiere salvaguardar algo que es ajeno, pero los datos son nuestros. La información es pública y pertenece a la ciudadanía.

¿Eso lo entiende la Administración? A veces da la sensación de que los organismos públicos solo dan los datos que les interesan.

Para esto está el Consejo, para evitarlo. Es cierto que la Administración ha vivido en el dualismo de que información es igual a poder, pero eso está cambiando. En general, se cumplen las demandas de los ciudadanos.

La legislación permite denegar las solicitudes cuando las peticiones suponen un trabajo de reelaboración o supongan un perjuicio a la seguridad nacional o defensa, entre otros motivos. ¿Abusa la Administración de esas prerrogativas?

Hay conceptos jurídicos indeterminados y lo que ha hecho el Consejo es elaborar criterios interpretativos para acotar el margen de discrecionalidad.

“No esperábamos que organismo públicos recurrieran en la vía contenciosa nuestras resoluciones”

¿Sus criterios son de obligado cumplimiento?

Sí, entran dentro de nuestras funciones.

Cuando estiman una reclamación, ¿la Administración puede recurrir a la vía contencioso-administrativa?

El 99% de las resoluciones que damos se cumplen de forma taxativa. Aunque en seis casos, la Administración ha presentado un recurso contencioso-administrativo para no dar esa información. No lo esperábamos. De hecho, no teníamos una dotación presupuestaria para atender al pago de abogados.

¿Cree que el Portal de la Transparencia –dependiente del Ministerio de la Presidencia– es una herramienta útil?

Debe mejorar mucho, pero tiene mucha información y muy interesante. Empezó con 500.000 datos y ahora va por los 1,3 millones. Ha llegado el momento de dejar de meter datos y ordenar la información, seleccionarla, hacerla accesible y comprensible. Pero también hace falta más cultura de la transparencia entre los ciudadanos, que no saben que hay un derecho a saber y deben ejercerlo. Se animan poco a acercarse a preguntar. En el Reino Unido, en el primer año hubo 45.000 solicitudes de información. En España, solo 4.500. Son muy pocas.

¿En el Reino Unido exigían una cuenta bancaria para preguntar?

No.

Un nuevo y homogéneo sistema para evaluar la transparencia

Uno de los proyectos que más ilusiona a Esther Arizmendi es una nueva herramienta que permita medir cuantitativa y cualitativamente el grado de transparencia de las distintas administraciones y organismos públicos. El programa, elaborado conjuntamente con la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) podría estar listo ya en verano y cuenta con el visto bueno de las comunidades autónomas.

Esta herramienta permitirá evaluar la transparencia de Gobiernos autonómicos, ayuntamientos u organismos estatales. Es decir, se conocerá cuál es el municipio más transparente o la autonomía más reacia a dar información. Arizmendi confía en que así se elevará la transparencia de todo el sector público.