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El portal recibe 3,8 millones de visitas y 1.834 peticiones de información

El guardián de la cultura de la transparencia

Jaime Olmos, socio de public affairs de Kreab; Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia, y Carmen Basagoiti, socia del área financiera de Kreab, durante un desayuno informativo la semana pasada en Madrid.
Jaime Olmos, socio de public affairs de Kreab; Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia, y Carmen Basagoiti, socia del área financiera de Kreab, durante un desayuno informativo la semana pasada en Madrid.

España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea en dotarse de una ley de transparencia; solo por delante de Malta y Chipre, que carecen aún de una norma sobre la materia. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en vigor desde el 10 de diciembre pasado, viene a sentar las bases de una cultura de la transparencia en España.

“La ley ha llegado tarde, pero ha llegado”, se congratula Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y del Buen Gobierno, que participó la semana pasada en una edición de los Encuentros Sectoriales Kreab, consultora de comunicación y asuntos públicos. Fruto de esta ley, el pasado 10 de diciembre se puso en marcha el Portal de la Transparencia. Lo primero que quiso dejar claro Arizmendi es que el Consejo de la Transparencia no es el portal, sino que es “el guardián de la transparencia, para que se cumplan las normas”.

La ley era necesaria porque en España no existe una cultura de la transparencia tan arraigada como en otros países de nuestro entorno y se encuentra muy alejada de las prácticas de países como Suecia, ejemplo de excelencia en la materia. “Promocionar y promover la cultura de la transparencia, asegurar que se cumplen las normas de publicidad activa, fomentar el acceso a la información y velar por las normas del buen gobierno” son, según resume su presidenta, las funciones básicas del recientemente constituido Consejo de Transparencia.

“La obligación del Consejo de Transparencia es darle aplicación a la ley, darle gasolina”, afirma la presidenta, Esther Arizmendi

Esther Arizmendi tomó posesión de su cargo en enero pasado y desde entonces se han ido añadiendo las piezas que conformarán el órgano, que quedará completado con una plantilla de 21 personas. En la comisión del Consejo están representados Congreso, Senado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia Nacional de Protección de Datos, Ministerio de Hacienda y la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La obligación del Consejo de Transparencia es, enfatizó Arizmendi, “darle aplicación a la ley, darle gasolina, proporcionarle los elementos para que la cultura de la transparencia pueda desarrollarse”.

Sociedad de la observación

La presidenta del Consejo reconoció que no todo es susceptible de hacerse público. “Vivimos en la sociedad de la observación, donde todos nos observamos unos a otros”, alimentado ahora más que nunca con las redes sociales. “Por ello es necesaria una ponderación. ¿Hasta dónde se puede saber? En la balanza hay que nivelar dos derechos: el derecho saber y el derecho a salvaguardar la propia intimidad”, señaló.

Arizmendi también se preguntó si puede tener secretos la Administración Los límites están delimitados, son aquellos de carácter personal, los datos protegidos, etc. “En cualquier caso, no deben ser excusas. De los datos libres, la Administración es depositaria y no la propietaria”, destacó, como ocurría en otros tiempos, en los que la Administración se arrogaba su propiedad.

El Portal de la Transparencia es la vía para acceder a esos datos libres. Este aloja ya cerca de medio millón de datos. Aunque, como incidió Arizmendi, tener datos no es sinónimo de transparencia, para que así sea es necesario “que se conviertan en información, que se los dé valor añadido. Y para ello resultan claves tanto el lenguaje que se emplea como la facilidad del acceso”. El portal ha recibido 3,8 millones de entradas, pero solo 1.834 peticiones de información.

La transparencia es necesaria para todos los perfiles, estudiantes, profesionales, jubilados… Por ello es tan importante el lenguaje; el lenguaje funcionarial es a veces complicado. Además, la información debe darse sin coste y sin que deba ser motivada, recuerda Arizmendi. Y esto se arregla, según la presidenta de la entidad, con formación, tanto de la Administración como de los funcionarios y de los ciudadanos.

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Sobre la firma

Rafael Durán Fernández
Lleva más de una década a cargo de los temas de sostenibilidad en la sección de Buen Gobierno, tarea que compagina con la edición de CincoDías. Aterrizó en el periódico en el año 2000 y pasó una temporada en la sección de Opinión. Antes, en El Siglo de Europa y El Nuevo Lunes. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

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