No afectan a salarios ni pensiones

Precios públicos y privados congelados para 2016

Usuarios del AVE entre Madrid y Barcelona
Usuarios del AVE entre Madrid y Barcelona

Los precios privados y los públicos no se actualizan este año en función del IPC. La nueva referencia para actualizar los precios es el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), un indicador creado por el Ejecutivo en funciones para acabar con el traslado de las subidas de la inflación a una gran mayoría de bienes y servicios y de esa forma recuperar parte de la competitividad perdida en los quince años consecutivos de crecimiento de la economia española. El IGC cerró el pasado ejercicio, el primero en el que se calculó, con una caída del 2,39% en la comparación entre diciembre de 2015 y diciembre de 2014, según los datos hechos públicos esta mañana por el INE. Un índice negativo, tal y como se fijó en la ley de desindexación de la economía española, establece la congelación de los precios en los contratos entre privados y sirve como guía para que los públicos también permanezcan congelados, excepto cuando esté justificado por un incremento de los costes. Dentro de los precios públicos están incluidos los precios regulados, como el de la electricidad, el gas, correos, telefonía, transporte público, transporte ferroviario o abastecimiento de agua. Este índice también afecta a la remuneración de los trabajadores sin acuerdo salarial y a la de los empleados públicos. Fuera quedan los salarios afectados por la negociación colectiva y las pensiones, cuya revalorización la marca la última reforma de estas prestaciones.

¿Cómo se calcula el IGC?

Esta índice será igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la UEM a lo que se recorta una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999. Cuando se sitúe por debajo de 0%, se tomará este valor como referencia, lo que equivaldría a una congelación (lo sucedido en 2015). Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del BCE (2%), se tomará este valor como referencia.

Algo que, paradójicamente, penalizará a las personas que pagan por esos servicios. La inflación cerró el pasado ejercicio con una caída de medio punto, lo que habría servido a los ocupados para ganar poder adquisitivo (1,2 puntos), ya que los salarios cerraron el pasado ejercicio con una subida del 0,74%, y a los parados y activos a pagar menos por la compra de bienes y servicios. Una tendencia que seguramente se corregirá este año, pese a que todos los expertos y los analistas advierten que el precio del barril de Brent, uno de los que más peso tiene dentro del IPC, seguirá bajo este año. Las rúbricas de combustibles y de productos energéticos, muy ligados al recibo de la luz y de la calefacción, suponen un 20% del peso total.

El dato adelantado de febrero, hecho público también esta mañana por el INE, ahonda en esa tesis. Los precios de consumo bajaron ese mes ocho décimas en tasa anual. Si se confirma ese dato, sería el séptimo mes consecutivo de caída. Los expertos de Funcas prevén que los precios seguirán en tasas negativas hasta agosto y que volverán a positivo en los cuatro últimos meses de 2016, lo que no servirá para evitar que cierren en negativo (-0,3%).

Salarios y precios desconectados

Los salarios subirán o bajarán en función de cómo evolucione la negociación colectiva, excepto si no hay acuerdo sobre el futuro de los mismos. El pacto salarial que patronal y sindicatos firmaron en España para tres años, y que vence en diciembre de 2017, establece una recomendación de incremento de los salarios del 1,5% para este año y otra variable para el próximo ejercicio en función de la previsión de crecimiento. Los últimos datos del Ministerio de Empleo revelan que las alzas salariales pactadas en convenio ya superaron el 1% en enero y que seguramente también se situarán por encima de la recomendación del 1,5%.

Pensiones limitadas al 0,25%

Estas prestaciones también están desligadas del IGC. Su variación al alza o a la baja están unidas al Indice de Revalorización de Pensiones, incluido en la última reforma entró en vigor en 2014. Este indicador establece un mínimo del 0,25% y un máximo de la variación del IPC más medio punto adicional en función de si la coyuntura es buena o mala. El incremento de los gastos ligados a las prestaciones, como consecuencia del incremento del número de jubilados y la mayor esperanza de vida, y la caída de los ingresos, ligados a las cotizaciones, han obligado al Ejecutivo a blindar las subidas al 0,25% también este año y el que viene.

Sin actualización en los alquileres

Los alquileres de casas ya no se actualizan con el IPC. Los contratos firmados con posterioridad al 1 de abril de 2015 tendrán como referencia el IGC, a menos que se establezca una cláusula de revisión anual en función de otro indicador alternativo. De esta manera, los alquileres que toque revisar a lo largo de este año no sufrirán incrementos, dado que el IGC cerró en negativo el pasado ejercicio.