Razones económicas para la decepción política
La publicación del acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos debe ser visto como un jarro de agua fría sobre ese electorado que votó el pasado 20 de diciembre esperanzado por un cambio en el sentido de las políticas económicas y sociales que tanto sufrimiento han causado durante todos estos años.
Y es que, una vez analizado el contenido del pacto, la percepción que a uno le que queda es que el componente liberal del socialiberalismo del PSOE de los últimos lustros ha encontrado en Ciudadanos su alter ego perfecto. De ahí se deriva que, a estas alturas, a nadie debería sorprender el que hayan preferido optar por esa vía, que necesariamente requiere de la abstención del Partido Popular, en lugar de apostar realmente por un Gobierno de cambio que lo reencauzara hacia su olvidada adscripción socialdemócrata.
En este sentido, basta con no dejarse engatusar por la retórica con la que ofrecen sus propuestas y entrar a su sustancia para descubrir el camino sin retorno del PSOE hacia las posiciones de Ciudadanos.
En concreto, el acuerdo plantea un trilema de imposible resolución: por un lado, apuesta por un programa de política económica liberal que, al no incidir sobre la capacidad negociadora de los trabajadores por la vía de la derogación de las dos últimas reformas laborales, agrava la distribución primaria de la renta; por otro lado, pretende compensar esos efectos con una política social más intensa que, sin embargo, no detalla cómo se va a financiar, puesto que reniega de cualquier reforma que incremente la presión fiscal; y, por último, aspira a hacerlo en el contexto de estabilidad presupuestaria estricto que se deriva del marco que se implantó tras la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución y cuya reversión, por supuesto, ni está ni se le espera en el documento.
Y todo ello sin presentar un sólo número que dé la apariencia de un cierto rigor a la propuesta. En definitiva, sin una memoria económica que respalde el pacto, a pesar de que los principales economistas de ambos partidos se jactaban de haberla hecho en su momento; una memoria que para este acuerdo concreto es necesaria si se desea poner carne sobre su esqueleto retórico.
Por otra parte, la pátina liberal que envuelve toda la propuesta económica destaca singularmente cuando se analizan sus propuestas sobre el mercado de trabajo. No sólo por el esperpento que supuso la retirada parcial y acelerada de una nueva figura contractual que reducía significativamente la indemnización por despido de los trabajadores temporales y abría la espita para la mayor profundización de la temporalidad en el ámbito de las relaciones laborales; sino porque sí que se mantiene un nuevo contrato que elimina la causalidad en la contratación temporal, de manera que en lugar de luchar contra el fraude de ley que subyace tras las excepcionales tasas de temporalidad de la contratación en este país, se elimina directamente la relación que vincula el tipo de contrato a la naturaleza del trabajo a desempeñar. Muerto el perro se acabó la rabia, que dicen en mi pueblo.
Además, también se ha eliminado cualquier referencia a la consecución de un determinado objetivo de reducción de la tasa de desempleo, lo que no deja de ser significativo habida cuenta de que se trata del principal problema de la economía española. Es más, las propuestas para conseguir una reducción de dicha tasa, ya expresado como un desiderátum y en términos genéricos, descansan todas sobre la regulación del mercado de trabajo. Se asume así que la destrucción de empleo que se ha producido en este país desde el inicio de la crisis obedece a la falta de flexibilidad de la normativa laboral y no a la caída de la demanda producto de las políticas de austeridad y sus repercusiones sobre el gasto social y de las políticas de devaluación salarial y su impacto sobre la distribución funcional de la renta.
En este sentido, la asunción de que el problema del desempleo tiene su inicio y su fin en el mercado de trabajo es la expresión más nítida de que lo liberal se ha comido a lo social y de que ni siquiera se es capaz de leer la coyuntura económica más inmediata en la que la mejora en la tasa de crecimiento de la economía española obedece, junto a factores externos de todos conocidos, a la expansión fiscal preelectoral impulsada por el Partido Popular.
En definitiva, un acuerdo plagado de reformas, sí, pero regresivas y que alimentan la decepción de quienes deseamos cambio en este país.
Alberto Montero es responsable del área de economía de podemos. Presidente de la comisión de empleo del Congreso de los diputados