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Sector público y privado se alían en la investigación

Los nuevos fármacos buscan el capital mixto

La colaboración entre industria e instituciones crece de forma exponencial. Los recortes presupuestarios y el ahorro de costes, las razones de su auge

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Manuel G. Pascual

Sovaldi, el nombre comercial con el que se conoce en España el medicamento de Gilead contra la hepatitis C, dio mucho que hablar en 2014. Ese año salió a la venta con un precio desorbitado (un tratamiento se situaba en torno a los 60.000 euros). Controversias al margen, la realidad es que no existe otro fármaco tan efectivo contra esa patología mortal. Su descubrimiento hubiera sido imposible sin la colaboración del sector público y privado: el profesor Dennis Liotta, a quien se le atribuye el desarrollo del compuesto sofosbuvir (el principio activo del medicamento), realizó el trabajo en una empresa biotecnológica propia, pero luego de recibir fondos de EE UU durante dos décadas.

“El éxito de la colaboración se basa en alinear objetivos”

El sector público necesita el capital privado para financiar los proyectos de investigación. Y el capital privado no es menos dependiente de su contraparte, ya que sin el apoyo de las instituciones públicas florecerían pocas o ninguna experiencia exitosa en el ámbito científico.

“Hace falta estimular más al sector público para que participe en investigaciones que incluyan a empresas privadas”, apunta Teresa Millán, directora de asuntos corporativos de Lilly en España.

Silvia Ondategui-Parra, socia de ciencias vivas de EY, opina que lo esencial es establecer puentes a largo plazo. “Los objetivos estratégicos de ambas partes deben estar alineados. Lo más efectivo es que haya entendimiento, por ejemplo, en las áreas terapéuticas más relevantes y con más impacto social”. Al sector privado le convendría, y mucho, que en el momento de hacer el análisis del pipeline (la cartera de proyectos futuros y en marcha) ya tuviese claro en qué momentos podría contar con el apoyo de las instituciones. “Cuanto antes se empiece a hablar de estas cosas, mejor de cara al futuro”, sentencia.

El desarrollo de una cura para la hepatitis C, que solo en España causa entre 10 y 12 muertes diarias, es un ejemplo del éxito que pueden tener las colaboraciones entre el sector público y el privado en el desarrollo de medicamentos. Este tipo de cooperación es, según Silvia Ondategui-Parra, socia de ciencias vivas de EY, un fenómeno en crecimiento. “La cooperación en modelos de reembolso de innovación farmacéutica ha crecido de forma exponencial en los últimos siete años”, corrobora esta experta, que sin embargo no puede ofrecer datos concretos debido al carácter confidencial de muchos de los acuerdos de esta naturaleza que se firman. Una tendencia que también se ve en el resto de Europa. “Es difícil que haya algún lanzamiento en oncología de un fármaco en el que no haya habido alguna colaboración entre los sectores público y privado”, ejemplifica.

Si tradicionalmente eran las propias empresas las que buscaban el apoyo de las instituciones para llevar a cabo sus investigaciones, Ondategui-Parra explica que en el último año han detectado que ahora es el sector público el que tira del carro.

Según datos de la patronal Farmaindustria, en España se destinaron unos 950 millones de euros en 2014 –último año del que hay cifras completas– a I+D+i farmacéutica. De esa cifra, más de la mitad (486 millones) se gastó en investigaciones clínicas, actividad realizada la gran mayoría de las veces en hospitales públicos. Esta es, de hecho, una de las patas esenciales en la colaboración público-privada en el desarrollo de medicamentos. “El nivel de interlocución entre las compañías y las instituciones públicas es cada vez más fluido”, confirma Amelia Martín, responsable de la Plataforma Tecnológica Española Medicamentos Innovadores, impulsada por la patronal y que pretende hacer de puente entre todos los agentes que intervienen en el sector. En su iniciativa de ensayos clínicos, por ejemplo, participan 45 empresas, 13 comunidades autónomas, 3 sociedades científicas y otros 50 centros adheridos. Desde 2005 han canalizado 2.365 ensayos con casi 100.000 pacientes involucrados.

Investigación básica

Contribuir a que la investigación pública se traduzca en proyectos empresariales es la vocación de la Fundación para la Innovación y la Prospectiva en la Salud en España (Fipse). Esta institución, en cuyo patronato participan tanto el Gobierno como cinco grandes laboratorios farmacéuticos, ha apoyado con 25 millones de euros durante sus 12 años de vida a la transferencia tecnológica en el área de la investigación de curas del sida. Recientemente ha adoptado un enfoque abierto al resto de patologías. “Nuestra vocación es contribuir a la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS) facilitando la creación de empresas que generen riqueza y adelantos científicos”, resume Alfonso Beltrán, vicepresidente ejecutivo del organismo.

Los países que más invierten en su sistema de atención sanitaria (los que están desarrollándolo) están apostando en masa por las fórmulas de colaboración público-privada, tanto en el diseño de la prestación de los servicios como en la promoción de la investigación. Un estudio firmado por la farmacéutica Lilly y la Johns Hopkins University concluye que, en el caso de China e India, este modelo será la norma durante los próximos 25 años.

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El peso de la realidad

El gasto global en sanidad aumentará más de un 4% hasta 2019 impulsado por el envejecimiento de la población y la creciente incidencia de las enfermedades crónicas, según un informe de Deloitte presentado la semana pasada. Los datos del estudio sitúan en el 10% del PIB el esfuerzo medio de los países en este capítulo. “Muchos Estados están llevando a cabo reformas en el sistema para contener los costes, a la vez que tratan de atender una demanda cada vez mayor”, reza el documento, que señala el control del precio de los medicamentos y la financiación público-privada del sistema como las respuestas que más se están dando a los problemas presupuestarios.

La consultora Bain & Company, por su parte, alertó durante la celebración del Foro Económico Mundial de que el gasto en sanidad se duplicará para 2029 si no se toman medidas de contención presupuestaria.

La proyección parte de la asunción de que en los próximos 15 años los costes acumulativos directos e indirectos de las enfermedades no contagiosas (especialmente el cáncer, dolencias cardiovasculares y diabetes) serán cinco veces superiores a los de 2008, el año en el que irrumpió la crisis financiera global. “Vamos camino de una gran crisis mundial de la salud” si no se trabaja en la “prevención de enfermedades”, aseguró Norbert Hueltenschmidt, socio de Bain & Company y coautor del informe, durante uno de los paneles del Foro de Davos.

Todos estos elementos, sumados a la creciente propensión de las grandes farmacéuticas a subcontratar procesos que hasta hace una década realizaban ellas por sí solas, permiten aventurar que las relaciones entre el capital privado y el público seguirán estrechándose en el ámbito de la investigación farmacéutica.

La UE estimula esta fórmula con fondos comunitarios

Innovative Medicines Iniciative (IMI) es el nombre del mayor alianza público-privado del mundo dedicado a las ciencias de la vida. Gracias a los fondos comunitarios del Horizonte 2020 y al apoyo de la patronal europea de farmacéuticas (Efpia, en sus siglas inglesas) cuenta con un presupuesto de 3.300 millones de euros para invertir entre 2014 y 2024.

El objetivo del IMI es “acelerar el desarrollo y el acceso de los pacientes a medicinas innovadoras, particularmente en áreas en las que hay más necesidad social”.

Para eso se centra en facilitar la colaboración entre los actores clave involucrados en la investigación médica, lo que incluye a la industria farmacéutica, las pymes biotecnológicas, las asociaciones médicas y de pacientes y las universidades y centros de investigación.

El programa, que arrancó en 2008, ha puesto en marcha más de 50 proyectos en todo el continente.

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Sobre la firma

Manuel G. Pascual
Es redactor de la sección de Tecnología. Sigue la actualidad de las grandes tecnológicas y las repercusiones de la era digital en la privacidad de los ciudadanos. Antes de incorporarse a EL PAÍS trabajó en Cinco Días y Retina.

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