El Banco de España endurece la incompatibilidad de los consejeros
La cúpula del Banco de España decidió ayer suspender la reunión convocada un día antes con los inspectores de la institución para debatir el duro comunicado de la asociación, en el que piden la dimisión de Fernando Restoy. El Banco de España, mientras, ha extendido a sus seis consejeros no natos el régimen de incompatibilidades que rige para sus altos cargos.
Los responsables del Banco de España optaron ayer en el último momento por suspender la reunión que habían convocado un día antes para sentarse con los inspectores de la institución e intentar calmar las aguas entre este colectivo y la cúpula ante el comunicado interno emitido el martes en el que la asociación pide la dimisión del subgobernador, Fernando Restoy, por la salia a Bolsa de Bolsa de Bankia.
En esta reunión los inspectores tenían previsto no solo justificar sus críticas contra Restoy y dos consejeros más de la comisión ejecutiva, como Vicente Salas y Ángel López Roa, sino también exponer una serie de reivindicaciones sobre su profesión. Consideran que es necesario crear un marco jurídico laboral y profesional en el que apoyarse ante los cambios sufridos en la inspección tras la entraga en vigor de la supervisión única europea, con el BCE a la cabeza.
Las diferencias entre este colectivo y la cúpula del Banco de España no son nuevas, parten de 2005, cuando Jaime Caruana era aún gobernador del Banco de España, aunque parece que en los últimos tiempos se ha acrecentado el distanciamiento entre los responsables de la institución supervisora y los inspectores.
El Banco de España, por otra parte, ha extendido a sus seis consejeros no natos el régimen de incompatibilidades que rige para los altos cargos de la institución, según una resolución del consejo de gobierno por la que se aprueba la modificación del reglamento interno de la entidad. De este modo, al cesar en el cargo, y durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los seis consejeros no natos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones del consejo de gobierno en las que hubieran intervenido con su voto, al igual que ocurre actualmente con el gobernador y el subgobernador.
En el caso de los consejeros que hubieran sido miembros de la comisión ejecutiva (en la actualidad Salas y López Roa), dicha prohibición se extenderá a la prestación de servicios en cualquier entidad privada sujeta a la regulación o supervisión del Banco de España, incluyendo las entidades españolas en el ámbito del Mecanismo Único de Supervisión. Durante dicho periodo, los consejeros cesados tendrán derecho a percibir una compensación económica mensual igual al 80% del total de su retribuciones, salvo si su cese se hubiera producido por separación acordada por el Gobierno o si desempeñan cualquier otro puesto de trabajo remunerado en el sector público o privado, o si son beneficiarios de una pensión pública de jubilación.
El Banco de España ha publicado esta resolución, con fecha 29 de enero, con el fin de completar el régimen propio establecido para este organismo y alinearlo con los criterios contenidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La modificación se publicó ayer en el BOE.
