Editorial

Un programa con demasiado sesgo social

El documento que el PSOE presentó ayer como programa de gobierno en caso de llegar al poder constituye un base meditada, detallada y exhaustiva sobre la que negociar políticamente una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente. Bajo el título de Programa para un gobierno progresista y reformista, Ferraz ha elaborado una hoja de ruta que incluye, entre otras medidas, un paquete de reformas en ámbitos como el de los partidos políticos, el sistema electoral y las Cortes Generales, la justicia, la financiación autonómica y la Administración del Estado; una propuesta de pacto por la educación, la ciencia y la cultura o la derogación de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, que el PSOE quiere sustituir por un plan de choque por el empleo.

El programa que plantea Ferraz, y la política que ese programa permite vislumbrar, resulta a priori escasamente liberal en materia económica. Los socialistas proponen una amplia batería de medidas sociales con el objetivo de reducir desigualdades y de luchar contra el aumento de pobreza que ha dejado como herencia la crisis económica. Es el caso de la aprobación de un ingreso “mínimo vital” o del aumento del salario mínimo profesional, por ejemplo. Poner en práctica esa generosa política social hará necesario un aumento de los ingresos públicos, cuyas fuentes el documento no aclara con suficiente concreción, más allá de dibujar una reforma tributaria que apunta a un aumento de la presión fiscal. El texto renuncia a una bajada impositiva, salvo en el caso del IVA cultural, y aboga, por el contrario, por una tributación con el foco puesto en la riqueza, que incluye fijar mínimos en el impuesto sobre sucesiones y en el impuesto sobre el patrimonio, dos tributos que actualmente no existen ya en algunas comunidades autónomas. El programa que defiende Sánchez apuesta, en cambio, por negociar la ampliación del margen fijado por la UE para la consolidación fiscal, una propuesta interesante que supondría una inyección de oxígeno para España y que, a buen seguro, será respaldada por otros países.

El documento incluye la derogación de la reforma laboral a través de una serie de medidas que revierten el efecto flexibilizador que ha tenido sobre el empleo. Seguramente hay aspectos mejorables en esta y en cualquier otra legislación, pero no parece razonable ni prudente eliminar con esa severidad los pilares de un instrumento que ha propiciado un cambio de signo en el mercado laboral y ha contribuido sustancialmente a la recuperación económica. El crecimiento de la economía, un motor cuyo ritmo es actualmente superior al del resto de Europa, es un logro que ha exigido grandes y duros sacrificios a los españoles. Ello hace imprescindible que cualquier programa de Gobierno parta de una máxima innegociable: la de que hay que mantener e incrementar a toda costa la velocidad de ese motor.