Tribuna

El modelo sindical electoral

El modelo español de representatividad sindical se sustenta en la representación electiva de los trabajadores en los centros de trabajo, tanto en el sector privado como en el público. Los resultados en las elecciones a los representantes unitarios de los trabajadores y funcionarios (delegados de personal, comités de empresa y juntas de personal) determinan la representatividad de cada sindicato. La representatividad sindical se mide, así, exclusivamente, en función de estos resultados electorales, que determinan el poder sindical, tanto en la unidad electoral concreta como en otras dimensiones más amplias sectoriales y territoriales. Existe una conexión clara entre la medida representatividad sindical y el singular modelo español de negociación colectiva de eficacia general automática.
La legitimación inicial negociadora, el reparto proporcional de puestos del banco sindical en la mesa y las decisiones en la firma de convenios colectivos giran en torno a esta referencia electoral, que ofrece cobertura formal democrática a la aplicación a todos los trabajadores de los convenios en cada ámbito. La tríada audiencia electoral-representatividad sindical-negociación colectiva de eficacia general sustenta, así, nuestro modelo de relaciones laborales. Este modelo ha logrado consolidar una negociación colectiva con alta cobertura, ha integrado democráticamente al sindicalismo en la sociedad y ha dotado a nuestro país de paz social frente a todas las coyunturas. Pero estos logros no deberían ocultar sus disfunciones ni actuales consecuencias sociales.
El trabajador es convertido por el sistema en un elector, entre candidaturas sindicales, más que en un afiliado que coopera de manera solidaria, responsable y directa en la representación de sus intereses en las empresas y sectores. El trabajador elector no recibe estímulos para afiliarse a un sindicato. Además, la aplicación directa de los convenios colectivos a todos los trabajadores ejerce de desincentivo de la afiliación sindical frente a las experiencias de eficacia limitada, más frecuentes en nuestro entorno europeo. El resultado aquí es un sindicalismo sin bases firmes de afiliación ni motivos para potenciar secciones de afiliados en los lugares de trabajo. Este modelo sindical electoral no se ha adaptado a nuestra realidad social porque gira en torno a la unidad del centro de trabajo con determinados umbrales de trabajadores para la celebración de elecciones. Esta opción legal tiene, hoy en día, graves problemas de adaptación en la actual organización empresarial. Son muchos los lugares de trabajo sin procesos electorales, por no alcanzar estos umbrales de trabajadores o por no resultar útil la elección, del mismo modo que, en sentido contrario, las grandes empresas con muchos centros multiplican en exceso los representantes electivos de los trabajadores.
Este desfase del modelo electoral genera un desigual cómputo de la representatividad sindical. Por un lado, buena parte del tejido productivo está fuera del sistema, lo que excluye a un número alto de trabajadores como electores de la representatividad sindical. Por otro lado, las elecciones están concentradas en la gran empresa con centros muy densos, donde hay un amplio electorado, al igual que en el ámbito público. El desigual cómputo de la representatividad sindical se agrava dentro de este propio censo, donde el estímulo de participación en las elecciones sindicales, en el sufragio activo y pasivo, es mayor en el colectivo de trabajadores fijos que en el de los temporales. Este tipo de distorsiones electorales termina condicionando la propia estrategia, las prioridades y orientación del sindicalismo resultante. El modelo electoral, en fin, otorga democráticamente una función institucional al sindicato, con distintas ramificaciones, pero a costa de asumir todas estas disfunciones. Además, el coste de esta función es mucho mayor, al tener el sindicato que gestionar el malestar y el conflicto de manera permanente. La petrificación del modelo conduce así a prácticas donde el actor sindical asume todo el coste sin ninguna contrapartida social, lo que debería motivar al propio sindicalismo a replantear las raíces de esta asimétrica tarea.
En definitiva, los problemas del modelo sindical electoral obligan a una profunda reflexión crítica y a plantear futuras reformas, que renueven la imprescindible legitimidad y vigor social del sindicalismo español en la defensa de los intereses de los trabajadores. Llama la atención que en estos tiempos de regeneración democrática la cuestión sindical esté prácticamente oculta en todos los proyectos políticos.

Jesús Lahera Forteza es Profesor Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense y Consultor de Abdón Pedrajas & Molero