La banca aboga por salvar sus créditos y convertir casi todos ellos en acciones

Abengoa quiere sacudirse el 66% de la deuda con quitas y canjes por capital

El endeudamiento corporativo quedaría reducido de 9.000 a 3.000 millones

Exterior del complejo de Abengoa Water en Dos Hermanas (Sevilla).
Exterior del complejo de Abengoa Water en Dos Hermanas (Sevilla). EFE

El plan de salvamento que elabora Abengoa entra en la recta final de su definición con disparidad de criterios entre el grupo de ingeniería y los principales acreedores. La hoja de ruta de la viabilidad de la multinacional andaluza, que se presentará oficialmente el próximo lunes 25 de enero, incluirá la reducción de la deuda corporativa de los actuales 8.903 millones hasta el entorno de los 3.000 millones.

La empresa que preside desde finales de noviembre José Domínguez Abascal se propone salvar, al menos parcialmente, a los actuales accionistas y quiere que una parte de esos alrededor de 6.000 millones de euros que busca recortar se logre con una quita. Las fuentes consultadas hablan de entrada de un recorte que rondaría entre el 60% y el 80%.

El porcentaje final dependerá de qué porción del pasivo se convierta en capital y cuál se amortice gracias a las desinversiones. Por ejemplo, en una capitalización de 1.000 millones de euros sería necesaria una quita del 63% para dejar los créditos en el importe que busca la empresa. Fuentes cercanas a Abengoa, sin embargo, aseguran que todavía no se ha decidido para qué importe se planteará la metamorfosis.

La parte de ese pasivo a la que no se aplique la preceptiva quita sufriría una metamorfosis. Como ocurrió en Bankia y en Pescanova, esa deuda se convertirá en acciones que controlarán los bancos acreedores y los bonistas.

Pero la posición entre la empresa y los bancos acreedores dista de estar cercana. Las entidades financieras, que controlan unos 5.200 millones de euros en préstamos –hay cerca de 3.800 millones en manos de los bonistas– se proponen evitar las quitas a toda costa. A diferencia de la empresa, su opción pasa exclusivamente por convertir los créditos en acciones. El resto de la deuda, que rondaría los 3.000 millones, no tendría por qué sufrir una reducción en su nominal. El problema de esta solución, que daría el control total de la compañía a los acreedores, está en los actuales accionistas. Si se realizara una capitalización de 5.000 millones de deuda valorando cada acción a 0,37 euros, el precio al que cerraron las A –las que cuentan con 100 derechos de voto– tendrían que emitirse unos 13.500 millones de títulos nuevos. El número actual de acciones de Abengoa es de 941 millones;es decir la cantidad de acciones en circulación se multiplicaría por 14.

En caso de que se tomara de referencia la cotización de las acciones B –que finalizaron a 0,175 euros– la inflación del número de títulos nuevos sería muy superior, pues deberían crearse más de 38.000 millones. Eso sí, el resultado en ambos casos sería muy similar. Los actuales accionistas, incluidos los Benjumea –a través de Inversión Corporativa– verían extinguida su participación, que ahora se sitúa en más del 50% de los derechos políticos.

El peso de los accionistas particulares también quedaría erradicado. Los acreedores se harían con el control absoluto de Abengoa. Los bancos tendrían el 57% de la compañía y los bonistas, el 37%.

Santander, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole –el denominado G7 que lidera las negociaciones con la empresa– controla más de 500 millones de euros en créditos corporativos. La mayoría de estos acreedores, asesorados por KPMG, está de acuerdo en que la última opción es realizar una quita. De hecho, no quieren aplicar ningún recorte al valor de sus créditos, y buscan capitalizarlos con su nominal actual.

Pero la negociación acaba de comenzar y todavía hay partido. Abengoa trata de proteger los intereses de sus actuales dueños. El salvamento que proponen los bancos implicaría severas pérdidas para los accionistas de la multinacional sevillana, a imagen y semejanza de lo que ocurrió en Bankia con el rescate que efectuó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), donde el número de acciones en circulación se multiplicó por cerca de 600. En el caso de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, los dueños de la deuda subordinada y de las preferentes sufrieron, eso sí, una quita previa a la transformación de los préstamos en capital.

Abengoa debe a las entidades que forman el denominado G7 106 millones de euros por el crédito de emergencia que le concedieron a finales del año pasado. Los bancos disponen como garantía de ese crédito del 17,3% de Atlantica Yield –hasta el 7 de enero, denominada Abengoa Yield–, porcentaje al que se suma el 8,3% que tienen en prenda por una línea de crédito de 165 millones que le dieron en septiembre. El fondo The Children’s Investment (TCI), por su parte, exigió el 14% de la filial como garantía. Es decir, el 39,5% de la filial está hipotecado.

Precisamente, Atlantica Yield es clave en las negociaciones. Mientras que la banca es partidaria de que la matriz venda el 41,5% que todavía controla y que está valorado en unos 640 millones de euros, los bonistas prefieren que mantenga el activo, al menos a corto plazo. Sí hay unanimidad en que la empresa debe realizar desinversiones para lograr 1.200 millones de euros limpios para amortizar deuda.

El grupo se encomienda a los bonistas para evitar una dilución total del accionista

Los fondos que han entrado en la deuda cotizada de Abengoa se han convertido en los últimos tiempos en la baza con la que cuenta la compañía para evitar una dilución casi total de sus actuales accionistas.

Los bonos cotizados suman alrededor de 3.800 millones de euros, pero los inversores originales han ido vendiendo los títulos y han ido dando paso a fondos oportunistas. La cotización media de la deuda del grupo ronda el 15% del nominal, por lo que una quita del 60% no solo no supondría minusvalías para los inversores, sino que les reportaría unos fuertes beneficios. Por cada 15 euros invertidos, ganarían 25. Las plusvalías serían de nada menos que del 166%. En cambio, los bancos, sufrirían de lleno la quita, puesto que ellos pusieron el 100% del dinero, lo que explica la discrepancia de criterios entre los bonistas y los acreedores financieros. De entrada, el Banco de España les ha obligado a provisionar el 25% de los créditos corporativos contra los beneficios del año pasado.

Houlihan Lokey ha agrupado a dueños por alrededor del 40% del pasivo cotizado –unos 1.500 millones de euros–, esencialmente gestoras y otros grandes inversores con posiciones de más 100 millones de euros, como BlackRock, AIG, Invesco, D.E. Shaw, Varde y Centerbridge. Una parte de esos bonistas, a cambio de participar en el capital de la firma, están dispuestos a inyectarle 100 millones de euros de forma inmediata para que pueda hacer frente a sus necesidades más acuciantes, como publicó el martes CincoDías. Posteriormente, estudiarán la entrega de un segundo paquete de dinero, por hasta 70 millones de euros, lo que permitiría a la empresa salvar el periodo de preconcurso de acreedores, hasta final de marzo.