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El sistema supondría acabar con la Dirección General de Seguros y el ICAC

El Banco de España defiende un nuevo modelo de supervisión

El subgobernador aboga por un sistema con dos únicos organismos supervisores Actualmente se encargan de los mercados financieros el Banco de España, la CNMV y la DGS

Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España.
Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España.Juan Lázaro

Tiempos de cambios. El Banco de España pidió ayer al futuro Gobierno, y en general a los principales grupos políticos, “una reflexión” para abordar una “ambiciosa” reforma de la supervisión financiera en España. Pide más funciones para el Banco de España, en detrimento de la Dirección de Seguros y del ICAC, y para la CNMV. Considera que el actual sistema de supervisión está obsoleto y fue “abandonado” hace tiempo en Europa.

El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, aprovechó ayer su intervención en la séptima Edición de la Guía del Sistema Financiero Español, elaborada por Analistas Financieros Internacionales (AFI), para lanzar un sorprendente mensaje a los futuros gobernantes del país y, en general, a los principales partidos políticos. Defendió una revisión del modelo de supervisión financiera en España que sea equiparable a los sistemas que imperan en la mayoría de los países de la Unión Europea.

El subgobernador no solo recordó que esta reforma ya estuvo a punto de llevarse a cabo en 2008, cuando tanto el PSOE como el PP estaban de acuerdo, sino que enfatizó que el actual modelo imperante en el país “ha sido abandonado desde hace tiempo por los principales países de nuestro entorno”. El modelo de supervisión conocido como twin peaks estuvo a punto de llevarse a cabo en España, pero la crisis financiera que se llevó por delante a medio sistema financiero y fue la muerte de las cajas de ahorros impidió que se pusiese en marcha.

El mensaje lanzado por Restoy espera una respuesta de los principales partidos políticos tanto de los nuevos como del PP y del PSOE. El subgobernador, de hecho, ha aprovechado la necesidad de formar un gobierno de pactos para relanzar este proyecto, que supondría dar más poder al Banco de España, sobre todo, y a la CNMV, en detrimento de la Dirección General de Seguros (DGS), que según este nuevo esquema desaparecería, y del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

El supervisor asegura que el actual esquema institucional vigente en España mantiene desde siempre un segmento del sistema financiero –el formado por las compañías de seguros y los fondos de pensiones– bajo la vigilancia de un organismo “con dependencia directa del Gobierno de turno, en contra de lo predicado por los estándares supervisores y las mejores prácticas internacionales”, en referencia a la DGS. E incide en la también dependencia del ICAC del Ejecutivo al explicar que “el sector de compañías de auditoría, que también desempeñan un papel relevante en el adecuado funcionamiento del sistema financiero y los mercados de capitales, y cuya supervisión se ejerce también, históricamente, por un organismo no independiente del Gobierno”.

Desde que el PP entró en el Gobierno y tras los cambios en Europa en la supervisión, el papel del Banco de España ha perdido responsabilidades, lo que se acrecentó con la supervisión única europea del BCE y antes por el mayor protagonismo de Economía, con Luis de Guindos a la cabeza. La creación del FROB y su reforma como organismo de resolución en España y de la gestión y eventual desinversión de Bankia y de BMN, principalmente, aunque no son las únicas, han restado también funciones al Banco de España.

Pese a esto último, Restoy cree que es mejor esperar dos años a revisar el papel del FROB. “La ley 11/2015 establece en su preámbulo que este esquema de distribución de funciones deberá ser evaluado una vez culminada –dentro de dos años– la ejecución de los planes de restructuración actualmente en marcha, a la luz de la experiencia acumulada hasta entonces, en aras del logro de una mayor eficiencia”, subraya Restoy.

Ante todo ello, el subgobernador defiende en la actualidad y tras la culminación de la reestructuración bancaria, que sería positivo “reanudar una reflexión” sobre una “reforma ambiciosa” del modelo institucional de supervisión. Por ello, el subgobernador puntualizó que ahora “podría tener sentido” tomar como modelo los trabajos que se hicieron en 2008 y que en este momento ese modelo es “predominante” en Europa. Explicó que este sistema de “pilares gemelos” pretende que la supervisión se articule en torno a dos agencias: la primera, constituida en el ámbito del Banco de España (encargada de la vigilancia prudencial de todas las entidades capaces de generar riesgo sistémico, como la banca, las aseguradoras y las entidades de inversión). Mientras la segunda agencia, la CMNV, adquiere la misión de vigilar las conductas de todo tipo de intermediarios y perseguir la protección de los inversores o consumidores de cualquier producto o servicio financiero. Así, frente al esquema de supervisor integrado, el modelo twin peaks “pretende proteger al sistema de posibles conflictos de interés entre la vigilancia de la solvencia de las entidades financieras y la supervisión de las normas de conducta y de la integridad del mercado”.

Al mismo tiempo, prosiguió Restoy, con la integración de la supervisión prudencial en el banco central, este modelo reforzaría la capacidad de preservación de la estabilidad del sistema financiero, promoviendo la coordinación precisa entre la gestión de la liquidez del sector bancario –función que corresponde al banco central– y el seguimiento de la solidez patrimonial de las entidades de crédito, de la que se ocupa la supervisión prudencial.

Restoy apuesta por “explorar” la idea de poner en marcha un sistema “reforzado” de resolución de conflictos “entre entidades y sus clientes”. De este modo, el responsable del organismo destacó que sería recomendable que se pudiesen emitir dictámenes “vinculantes” para las entidades afectadas por parte de los servicios de reclamaciones. También cree positivo constituir un comité macroprudencial, con participación del Gobierno y de supervisores, coordinado desde el Banco de España.

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