La Audiencia investigará a Arístegui y De la Serna
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación contra el diputado Pedro Gómez de la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular (PP) por Segovia, y el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior.
En un auto notificado este martes, el magistrado admite a trámite una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Gómez de la Serna, Arístegui y otras seis personas por los presuntos delitos de integración en organización criminal, corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.
De la Mata, que no sería competente para imputar a Gómez de la Serna por su condición de diputado aforado del Grupo Mixto, ha ordenado esta mañana en el marco de este procedimiento el registro de seis sociedades vinculadas a la trama y los domicilios de todos los querellados menos del parlamentario.
Según su auto, un empleado del exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui y el diputado Pedro Gómez de la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular (PP) por Segovia, denunció a ambos ante la Fiscalía Anticorrupción impulsado por las “desavenencias o diferencias económicas” que mantenía con ellos.
Así lo explica el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el auto en el que acuerda registrar la sede de la empresa Scardovi, de la que De la Serna era administrador único, en el despacho profesional Voltar Lassen, donde también realizaba su actividad la sociedad Karistia, en la que figura como administrador Arístegui.
Según el auto de entrada y registro, el antiguo trabajador de Voltar Lassen José Faya fue quien denunció y entregó a Anticorrupción diversa información contra los exdiputados 'populares' “impulsado” por “diferencias económicas”, por lo que “no es descartable que la documentación aportada sea interesada y sesgada a efectos de defensa, y en algunos casos entregada a los medios de comunicación para su publicidad”.
El magistrado explica que los contractos, las facturas, las copias de correos electrónicos y las grabaciones facilitadas por el denunciante son indiciarios de una “actividad de apariencia delictiva”, pero advierte de que se trata de documentación “parcial e incompleta” y no se puede descartar que “haya sufrido algún tipo de manipulación voluntaria e involuntaria por la forma en la que se presenta”.
En este sentido, pone como ejemplo que constan copias de contratos o facturas “sin sello o firma”, desconociéndose si fueron pagadas y contabilizadas, y además se desconoce si las copias de los emails coinciden con los originales. Añade que Faya ha entregado documentación referida a empresas con las que no mantenía relación y que, según declaró, había obtenido “de forma anónima en el buzón de su domicilio”.
Por ello, el magistrado ha ordenado incautar la documentación material o en soporte informático relacionada con las comisiones investigadas en los registros practicados en empresas de los querellados y ha autorizado a inspeccionar los trasteros, garajes, sótanos o dependencias anexas, así como a abrir armarios, cofres, caja de seguridad o muebles cerrados.
Eso sí, De la Mata ha pedido a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) actuar con un trato “especialmente cuidadoso” con las diligencias que afecten al diputado del Grupo Mixto Gómez de la Serna por su condición de aforado y no registrar su despacho o puesto de trabajo personal, ni clonar sus carpetas, ficheros electrónicos o cuentas personales.
Eso sí, precisa que sus empresas “no participan de las prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento” de las que él goza a título individual.
En concreto, quiere saber si hay contratos con personas que actuaban como agentes comerciales, Luis Yaguas y Mackenzie Cook, y otros que trabajaban en el extranjero, como Juan Gestoso en Panamá, Rafael Borrego en Perú o Eugene Oba.
Además, la querella se ha admitido contra seis personas jurídicas vinculadas con los anteriores. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL.