El fiscal Horrach pide el archivo de la causa contra la infanta
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del caso Nóos, ha subrayado que “la única respuesta judicial posible” para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación. La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que “la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen”. Asimismo, ha subrayado que “no es posible orillar” la aplicación de la Ley en este sentido “amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'”.
Más en concreto, se ha referido al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo solicitan Fiscalía y acusación particular. De hecho, tal y como ha abundado, el artículo 124 de la Constitución “otorga al Ministerio Fiscal la misión de defender la legalidad, y ello incluye el cumplimiento del artículo 782 de la LeCrim en sus estrictos términos”.
“No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado”, ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal “no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes” puesto que “las apariencias sólo son poses y espejismos”.
Para reforzar sus alegatos, el fiscal ha expuesto un caso “idéntico” al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Doctrina Botín para la esposa de Torres
Horrach también se ha referido a Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, para quien pide que también le sea aplicada la doctrina Botín en relación al delito fiscal que le imputa Manos Limpias y no el resto de acusaciones. A diferencia de la Infanta, Tejeiro sí debe continuar en el banquillo puesto que la Fiscalía la acusa por otro delito, el de blanqueo de capitales, por el que reclama dos años de prisión para ella.
El fiscal sí considera que ambas se beneficiaron del dinero defraudado a Hacienda por parte de sus cónyuges, por lo que reclama una fianza civil de 587.413 euros para la Infanta, a la que ésta ya hizo frente en su día, mientras que sobre la mujer de Torres pesa una caución de 1.144.240 euros, correspondientes a las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
En su intervención, Horrach ha citado al jurista clásico Cesare Beccaria, autor de la obra 'De los delitos y las penas', y ha hecho suya una frase de Manuel Azana: “Lo que importa es tener razón y, después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla; porque sería triste cosa que, teniendo razón, pareciese como si la hubiésemos perdido a fuerza de palabras locales y de hechos reprobables”.
En concreto, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar la causa, deberá decidir sobre la aplicación o no de la doctrina Botín sobre ambas esposas antes del próximo 9 de febrero, día en que prevé reanudarse la vista oral con el interrogatorio de cada uno de los acusados de la causa.
La infanta y Urdangarin comparecen juntos
La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin llegaron a las 08.10 horas al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma, donde comparecen como acusados en la primera sesión del juicio del caso Nóos.
La hermana del Rey accedió a las dependencias acompañada de su marido, unos minutos después de que llegaran los abogados de ambos.
El abogado designado por Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha llegado a las 7:50 horas a la sala especial para la vista oral que se ha habilitado en el Polígono de Son Rossinyol donde se celebrará la vista oral del jucio del caso Nóos.
El juicio del caso Nóos arrancó con puntualidad y a las 9.15 horas. El principal juicio previsto para este año, que desde este lunes se celebra en Palma en medio de una amplia expectación mediática y fuertes medidas de seguridad, ha dado comienzo con la fase de cuestiones previas, cuyo principal punto a plantear será la aplicación de la doctrina Botín a favor de la Infanta Cristina, quien se sienta en el banquillo de los acusados junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y otros 16 procesados.
La única acusación que sostiene acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI es el sindicato Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido Urdangarin a través de la sociedad de la que ambos son copropietarios, Aizoon, que se nutrió de forma presuntamente irregular de los fondos obtenidos de forma ilícita por el Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
Durante el trámite de las cuestiones previas, la defensa de la Infanta y la Fiscalía Anticorrupción plantean que se le aplique la anterior doctrina, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias-, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido -la Agencia Tributaria no acusa a la Infanta-. Esta petición deberá resolverse antes del 9 de febrero, día en que prevé reanudarse el juicio con el interrogatorio de todos los acusados.
Sin embargo, este punto no será el único que se abordará, puesto que durante este trámite los abogados tienen oportunidad de exponer si consideran vulnerado algún derecho fundamental contra sus clientes y posibles causas de suspensión del juicio, además de solicitar, si así lo consideran, la nulidad de actuaciones, proponer nuevas pruebas y reiterar las que hayan sido anteriormente denegados.
La Fiscalía solicita 19 años y medio de prisión para el que fuera Duque de Palma --Manos Limpias eleva esta petición a 26,5 años de cárcel, mientras que el PSPV pide para él 11 años y la Abogacía de la CCAA balear 8 años de cárcel--. Se le acusa de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales.
La defensa de la Infanta tratará de que se aplique a este caso la denominada 'doctrina Botín', que impide enjuiciar cuando sólo acusa la acción popular. En este caso ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, que representa a la Hacienda presuntamente perjudicada, han presentado cargos, por lo que de atenderse esta petición la Infanta evitaría el juicio.