Reacciones ante los resultados del 20D

Bruselas estrecha la vigilancia sobre la “nueva” España

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, y el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, y el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici.

La Comisión Europea enfatizó ayer la necesidad de formar un gobierno “estable”. Y la zona euro ya afila sus procedimientos disciplinarios por si tuviera que activarlos a lo largo del próximo ejercicio. En el caso de España, Bruselas dispone de hasta tres vías para presionar a Madrid. Y la CE ya ha demostrado con Portugal y Grecia que puede utilizar esos instrumentos legales con una descarada falta de neutralidad si algún Gobierno se rebela contra las instrucciones de la zona euro.

Y es que España es el tercer país de la zona euro que en 2015 ha castigado electoralmente las recetas económicas impulsadas desde Bruselas. En Grecia, el grupo de izquierdas Syriza acabó en las elecciones de enero con la gran coalición de populares y socialistas, revalidó su victoria en septiembre y el no al rescate se impuso en el referéndum celebrado en julio.

En Portugal, el conservador y alumno aventajado de la troika, Pedro Passos Coelho, ganó por la mínima en octubre pero una coalición de izquierdas, liderada por el socialista António Costa, le arrebató el poder.

España es el tercer país de la zona euro que castiga las recetas de austeridad en las elecciones

En España, el vuelco no ha sido tan drástico como en Grecia (Podemos, similar a Syriza, ha logrado 69 escaños, con un 20,6% de votos). Pero Bruselas teme que se repita el caso de Portugal (una coalición de izquierdas) mucho más contestataria que la de Lisboa. La tercera opción, la repetición de las elecciones como se hizo en Grecia en 2012 (con mayoría absoluta para los populares en las segunda convocatoria) parece por ahora descartada, por lo que Bruselas se dispone a estrechar el control de una España políticamente nueva y y mucho más imprevisible.

La vía más inmediata para apretar las tuercas a España será la exigencia de una actualización del Presupuesto de 2016. Ese requisito está previsto en las normas del Pacto de Estabilidad. Pero Bruselas se mostrará más o menos imperativa en función del Gobierno que se forme a partir del 13 de enero o si detecta titubeos y retrasos en la formación de un nuevo Ejecutivo. La última reforma del Pacto dota a la Comisión con la posibilidad de imponer sanciones millonarias (que pueden llegar hasta el 0,2% del PIB, en torno a 2.000 millones de euros en el caso de ESpaña) si un país se resiste a una petición de Bruselas en materia presupuestaria.

Ayer, de momento, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se limitó a pedir que se forme “un Gobierno estable”, con especial énfasis en la necesidad de evitar una incertidumbre política prolongada. Tras las elecciones de Portugal de octubre, Bruselas ya presionó por la vía de petición de un nuevo Presupuesto para forzar a los partidos portugueses a acelerar la formación de un nuevo Gobierno.

Consolidación fiscal

España y Bruselas pactaron que el déficit público cerrara este año en el 4,2%. Las autoridades comunitarios creen que finalmente se excederá en cinco décimas en 2015 y en otras ocho en 2016, por lo que prevé que tendrá que aplicar nuevos ajustes.

España, además, está atrapada, además, por otros dos procedimientos: el de déficit excesivo y el de desequilibrios macroeconómicos. En el primero, Bruselas ha hecho hasta ahora la vista gorda con los sucesivos incumplimientos de los objetivos marcados. La última revisión se produjo en 2013 y en ella se concluyó que ni ese año ni el siguiente se cumplirían la metas fijadas. Aun así, gracias a la intercesión de Berlín, la CE optó por no activar el procedimiento sancionador.

Esa benevolencia podría tener los días contados si España se decanta por un Gobierno que cuestione las políticas de austeridad. El dictamen de la CE sobre el proyecto de Presupuestos para 2016 ya detectaba un agujero fiscal de más de 10.000 millones de euros. De hecho, la revelación de ese desfase, hecha de forma amenazadora por el comisario de economía Pierre Moscovici, enfureció al ministro español, Luis de Guindos, por considerar injusto el ataque a una economía que crecía al 3% y que cumplía con los objetivos pactados con la CE.

En cualquier caso, Bruselas podría exigir en primavera ajustes adicionales para cubrir ese déficit o aplicar el artículo 126.9 del Pacto que prevé la emisión de “una advertencia” con un plazo preciso para llevar a cabo los recortes exigidos. En caso de incumplimiento, la zona euro puede imponer sanciones de hasta el 0,5% del PIB (5.000 millones de euros en el caso español).

España también está inmersa en un procedimiento por desequilibrios macroeconómicos excesivos, donde llegó a estar en el nivel más elevado de alerta. En noviembre de 2014, Bruselas rebajó un peldaño el expediente, pero mantuvo la vigilancia y la exigencia de aplicar nuevas reformas en materia laboral, financiera, fiscalidad y iberalización, entre otras. La CE también dispone en este caso de imponer sanciones de hasta el 0,1% del PIB (1.000 millones de euros) si un país se resiste a seguir las recomendaciones.

Todos esos procedimientos seguirían siendo papel prácticamente mojado con un gobierno liderado por los populares, gracias al apoyo explícito de Berlín. En los últimos dos años, el gobierno de Angela Merkel ha impedido que Bruselas presionase en exceso a Madrid. Para Merkel, el gobierno de Mariano Rajoy es su último gran aliado conservador en una Unión Europea en la que el Partido Popular Europeo (PPE) apenas cuenta ya con primeros ministros. En las cumbres del PPE, Merkel ya sólo se codea con los líderes de países del Este (Hungría, Polonia, Rumanía y Bulgaria) y de países pequeños (Irlanda, Chipre y Letonia). Rajoy era el último peso pesado. Y su continuidad, para disgusto de Bruselas y Berlín, está ahora en el alero.

Normas