Las asignaturas fiscales del nuevo Ejecutivo
A nadie se le escapa que el nuevo Gobierno tiene ante sí importantes retos desde un punto de vista fiscal. Con independencia de su color político, existen obligaciones frente a la Unión Europea que no pueden olvidarse, señaladamente, la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria. Por ello mismo, la recaudación tributaria constituye un elemento esencial.
En este escenario, es preciso tener en cuenta que, de entrada, nos encontramos con una reforma fiscal que solo parcialmente ha entrado en vigor, ya que existen muchas disposiciones que, aunque aprobadas durante 2014, no entrarán en vigor hasta 2016. A título de ejemplo, pero no poco importante, es lo que sucede con las tarifas que se preveían como definitivas para IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, la primera decisión que debe adoptar el nuevo Gobierno será mantener dicho escenario o proceder a realizar alguna modificación urgente, en el sentido que sea.
España se encuentra en un momento de recuperación económica, donde un nivel moderado de carga tributaria puede ayudar, paradójicamente, al mantenimiento o incremento de la recaudación. Así, una presión fiscal moderada, que ponga renta disponible en manos de las familias y las empresas, puede fomentar el consumo y la inversión y, por ello, el crecimiento económico y el empleo. Estos factores, en una especie de círculo virtuoso, permitirán incrementos recaudatorios.
Si hablamos de sostenibilidad del gasto, un aspecto importante es el de la Seguridad Social, pues la caída de cotizantes y su previsible evolución futura, aconsejan que, parte de la recaudación tributaria, se afecte a su financiación.
También quedan retos en el ámbito de la imposición patrimonial, donde el panorama autonómico muestra diferencias muy relevantes, que van desde la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a su vigencia con tarifas muy progresivas. Parece inevitable que, en esta área, el Estado fije un nivel mínimo de tributación y que, a partir de ahí, entre en juego la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
Lo que sucede es que esto nos conduce a un problema de mayor calado político, como es el de la financiación autonómica. El nuevo sistema no puede prescindir del factor clave que han mantenido siempre los anteriores, como es el tomar como base la población, la financiación por habitante. Pero, en esta materia, tal vez ayudaría a resolver problemas políticos –sin duda, nos referimos a Cataluña– introducir matices a la solidaridad, derivados del principio de ordinalidad creado por la jurisprudencia constitucional alemana. Esto no es otra cosa que impedir que, como consecuencia de los fondos de nivelación, se altere el orden de las comunidades en términos de financiación.
Conectado con lo anterior, también es necesario realizar una revisión profunda del sistema de financiación local, siempre el gran olvidado como consecuencia de la mayor importancia política del autonómico. En particular, los actuales tributos locales son de una configuración muy antigua y tosca y, con la excepción del IBI, de escasa potencia recaudatoria. Por ello, como decimos, resulta urgente una reforma del sistema, en particular en sus aspectos tributarios.
En el ámbito comunitario, la Comisión Europea ha revitalizado el proyecto de base imponible común para el Impuesto sobre Sociedades, donde España tendrá que definir su posición y defender su propuesta. Finalmente, existen retos, también en el ámbito de la fiscalidad internacional, derivados de la finalización del proyecto BEPS, que ahora entra en fase de implantación efectiva. Es cierto que la reforma fiscal ya se anticipó incorporando algunos de sus aspectos. Pero falta una reforma global que consiga el objetivo final de que las multinacionales paguen sus impuestos allí donde generan valor, en este caso, España.
Como puede comprobarse una legislatura donde será necesario mucho trabajo y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas.
Javier Martín Fernández es Socio Director de F&J Martín Abogados.