El Parlamento Europeo abre también una investigación sobre el papel de la CE

La UE revisa la concesión de ayudas a Volkswagen

Detalle del logotipo de Volkswagen en la llanta de un coche expuesto en un Salón del Automóvil.
Detalle del logotipo de Volkswagen en la llanta de un coche expuesto en un Salón del Automóvil.

El mayor fabricante europeo de automóviles afronta una revisión de los préstamos y ayudas concedidos por las instituciones comunitarias en el marco de sus iniciativas medioambientales. La oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) está comprobando si la recepción de esos fondos contraviene las normas europeas dado que Volkswagen ha confesado que manipuló algunos de sus motores para aparentar un nivel de emisiones de NOx y CO2 por debajo del nivel declarado oficialmente.

La apertura del expediente fue revelada ayer por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y confirmada por la OLAF, aunque la oficina europea matizó que se trata de unas pesquisas preliminares de las que no se puede deducir que haya habido ningún fraude.

Solo del Banco Europeo de Inversiones, VW ha recibido préstamos por valor de 4.600 millones de euros en los últimos 25 años, una parte de ellos para proyectos relacionados con la política medioambiental.

La investigación de la OLAF añade presión a la compañía, que ya se exponía a sanciones de la Comisión Europea si se confirmase que las emisiones reales de CO2 de los motores trucados superaban los límites fijados por las directivas europeas. La compañía aseguró ayer ante el Parlamento alemán que sus motores hubieran cumplido los límites europeos incluso sin el trucaje, no así los estadounidenses. Si fuera así, VW se libraría de la sanción comunitaria.

La Comisión Europea, en cambio, se verá sometida a un mayor escrutinio por su presunta negligencia en el escándalo. El Parlamento Europeo votará hoy la creación de una comisión de investigación cuyo proyecto de mandato enumera hasta tres cargos contra el organismo comunitario: la falta de verificación de las pruebas de homologación de motores; la no aplicación de la prohibición de aparatos para falsear los datos de emisiones, y la tardanza en sustituir los tests de laboratorio por pruebas de emisiones con tráfico real.

La comisión parlamentaria pretende investigar durante un plazo máximo de un año a partir de su creación.

Normas