Alcanzar la estabilidad presupuestaria y cerrar el sudoku autonómico
Cumplir con las exigencia de la Unión Europea exige una drástica reducción del déficit público
España cumpliera el objetivo de estabilidad, una posibilidad que la mayoría de analistas descarta, el déficit público se situaría este año en el 4,2%. Esto significaría que la Administración habría gastado este año 45.370 millones más de los que ingresó. Las previsiones apuntan que el desfase será mayor y se moverá en torno a los 50.000 millones. Incluso bajo el supuesto de que España no rebasará el límite de déficit del 4,2%, la senda de consolidación fiscal es muy exigente y obliga a rebajar los números rojos al 2,8% del PIB. Ello implica un ajuste de, como mínimo, 23.000 millones. Si bien es cierto que parte del saneamiento se producirá de forma automática por la mayor actividad –el PIB crecerá a ritmos en torno al 3%–, el conjunto de la Administración deberá ser especialmente cuidadosa en su política presupuestaria si quiere cumplir los objetivos que impone Bruselas.
De hecho, la Comisión Europea insiste en todos sus informes en que España debe continuar con las reformas y recomienda medidas como limitar los tipos reducidos en el IVA, lo que implicaría en la práctica un aumento de la fiscalidad indirecta. Bruselas sigue la doctrina alemana, que entiende que la reducción del déficit público es una condición necesaria para dejar atrás definitivamente la crisis económica y afrontar el futuro con bases más solidas. Una idea que ha defendido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante los cuatro años en los que ha estado al frente de las cuentas públicas.
Si bien la situación actual está lejos de ser ideal, España ha logrado corregir notablemente un déficit que alcanzó con una velocidad inédita niveles históricamente altos. Para entender la intensidad de la crisis basta recordar que, en el año 2007, la Administración cerró con un superávit de 21.620 millones (2% del PIB) y solo 24 meses más tarde registraba un déficit de 118.237 millones, lo que equivale a un desfase del 11% del PIB, el nivel más elevado de la historia reciente.
Todo indica que España rebasará este año el objetivo de déficit del 4,2%
Desde ese momento, los recortes del gasto público y las subidas fiscales se han sucedido con el fin de equilibrar unas cuentas públicas, cuyo saldo debería situarse por debajo del 3% del PIB el próximo año, lo que supondría cumplir por primera vez desde 2007 el Pacto de Estabilidad de la UE.
Desequilibrio entre administraciones
La situación actual de las cuentas públicas difiere según la Administración. Las comunidades autónomas y la Seguridad Social se encuentran más lejos de cumplir sus respectivos objetivos de déficit público. En cambio, los ayuntamientos pueden presumir de unos números saneados. Llevan desde 2012 registrando superávit, una circunstancia que se repetirá este año. El hecho de que los municipios registren saldos positivos cuando su objetivo es el equilibrio permite mitigar el desvío de las comunidades. La Administración central, por su parte, es el eslabón con mayores números rojos, aunque se encuentra en condiciones de cumplir su objetivo de estabilidad.
Expertos y políticos coinciden: es imprescindible reformar la financiación autonómica
La Seguridad Social debería cerrar con un desfase del 0,6% del PIB este año y del 0,3% el próximo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que el desequilibro se mueva el próximo año entre 1,4% y el 2%. Los errores en la previsión de ingresos explican el desvío. En el caso de las comunidades, Hacienda exige que su déficit no sobrepase el 0,7% este año y el 0,3% el próximo. La Airef prevé que el desvío alcance el 1,5% este ejercicio este año y duplique el objetivo en 2016. Uno de los principales problemas es que el funcionamiento del sistema de financiación provoca que los incrementos de la recaudación por encima de lo presupuestado no se reflejen en las cuentas autonómicas hasta dos años después de producirse, cuando se liquida el ejercicio.
Existe unanimidad entre políticos y expertos en que resulta necesario reformar el sistema de financiación autonómica en la medida en que el actual genera desigualdades entre comunidades y es opaco. Sin embargo, la historia reciente demuestra que es muy complicado alcanzar un acuerdo que contente a todas las autonomías. En la última reforma, este pacto solo se logró cuando la Administración central puso más dinero encima de la mesa.
