Los grandes retos de la cumbre de París
La conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático que arranca hoy en París, en la que participarán más de 170 países, tiene una relevancia excepcional por dos grandes razones. Una de ellas tiene carácter simbólico, ya que el evento debe escenificar una deseable normalización política, económica y vital de la capital francesa como gran urbe global, solo dos semanas después del brutal atentado yihadista que sufrió el pasado 13 de noviembre. La otra tiene que ver con el propio objetivo de la cumbre: la aprobación de un acuerdo jurídico vinculante de máximos para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de todos los países participantes, aunque con especial atención a las grandes economías.
La vigesimoprimera edición de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que se celebra junto a otras reuniones paralelas sobre el mismo tema, servirá así para actualizar el agotado Protocolo de Kioto, firmado en la ciudad asiática en 1997. El reto que se plantean los países que negociarán en París durante los próximos 11 días es conseguir que cada firmante, en función de sus capacidades y circunstancias, se adhiera a un marco legal de alcance y compromiso global cuyo calendario se extenderá a lo largo de las próximas décadas. El fin de ese instrumento será lograr que la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Los preparativos para la cumbre, a la que España acude con los deberes hechos, puesto que ha cumplido con sus compromisos de reducción de emisiones actuales, comenzaron ya en 2011. Se trata, por tanto, de una reunión precedida por una ardua y exhaustiva labor y que nace con la ambición de aprobar objetivos concretos, bien definidos y, sobre todo, susceptibles de ser sometidos a control acerca de su cumplimiento.
Debido a la experiencia acumulada estos años respecto a los incumplimientos del Protocolo de Kioto, y precisamente por haber alcanzado sus propios objetivos, España lleva a París una hoja de negociación en la que destacan claramente el apoyo a dos importantes propuestas. La primera consiste en incluir en el acuerdo reglas de transparencia; la segunda, en fijar unos criterios de rendición de cuentas que permitan verificar los objetivos de reducción cada cinco años. Esta última iniciativa cuenta a priori con la reticencia de dos potentes gigantes económicos e industriales, China y Estados Unidos, de cuya postura en las conversaciones dependerá no solo el éxito o fracaso de estas, sino también la eficacia material o meramente formal del texto resultante. España está en condiciones de defender que ha cumplido con lo acordado en la primera fase del Protocolo de Kioto, y que está en camino de cumplir con la segunda fase –que se extiende hasta 2020– pese a que las emisiones en nuestro país crecieron un 1% el año pasado, tras haber iniciado una fase de descenso, paralela a la crisis, desde el ejercicio 2007.
El papel de los Gobiernos a la hora de impulsar el contenido del acuerdo de París es indiscutible. Como también lo es el hecho de que el éxito de cualquier protocolo internacional de reducción de gases con efecto invernadero dependerá del respaldo y compromiso del sector empresarial, especialmente del ligado a la industria. En España, ese compromiso ha dado lugar al Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV), que agrupa a la Administración y a un total de 27 empresas relevantes de muy variados sectores. El GECV defiende la eficacia de la colaboración público-privada a la hora de abordar la reducción de emisiones, así como la necesidad de que la cumbre que empieza hoy se traduzca en señales regulatorias concretas, como es el caso de la determinación del precio del carbono.
El éxito del acuerdo de París dependerá sobre todo del compromiso de los países participantes para defender un modelo de crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, pero dotado al tiempo de un marco jurídico concreto, equilibrado y económicamente razonable. Lograr conjugar ambos aspectos es tanto un reto como una responsabilidad, para el presente y ante las generaciones futuras.