Cuando la deuda viene de fuera
Para mejorar los procesos la UE ya planea un cambio que ahorrará tiempo y dinero a las pymes.
Si las deudas y los morosos son un quebradero de cabeza para cualquier empresa en España, las complicaciones se multiplican cuando se realiza una actividad comercial o profesional fuera. Las exportaciones son el motor que tira de las pequeñas empresas en muchas ocasiones, pero el miedo al impago puede frenar las ansias de crecimiento en el exterior.
Según un estudio de la empresa dedicada al reclamo de deudas, Icired, “el 53% de los impagos se producen por deudas en cadena”. El moroso carece de recursos para pagar sus facturas, porque a su vez a él se le adeudan pagos. “Otro 24% viene dado por descuidos, falta de planificación en las empresas o simplemente olvidos, en la mayoría de casos intencionados”, añaden.
El secretario general de la patronal, Cepyme, José Alberto González-Ruiz, recordó hace algunos meses que “la morosidad tiene graves efectos sobre las pymes. Según la Comisión Europea, entre el 25% y el 30% de las pequeñas y medianas empresas que desaparecen lo hacen a causa de la morosidad”.
Y todo se complica un poco más si la factura impagada está en el extranjero. Hasta ahora, para reclamaciones dentro de la Unión Europea había que abrir un procedimiento monitorio europeo o lo que es lo mismo, un requerimiento de pago pero a nivel internacional. Un proceso costoso y largo al que, desgraciadamente, no tiene acceso cualquier empresa.
La morosidad causa entre el 25% y el 30% de la desaparición de las pymes, indica la CE
Pero las pymes exportadoras en Europa estarán próximamente un poco más seguras. El Parlamento Europeo ha dado un paso más para que cobrar impagos fuera de las fronteras españolas sea más fácil.
Con la medida propuesta, las pequeñas empresas, los autónomos y los particulares podrán reclamar las cantidades de forma más cómoda y sencilla.
La reforma está pensada para cantidades debidas hasta los 5.000 euros y dentro de la Unión Europea. A la espera de que los cambios sean aprobados formalmente por los ministros de la UE, ya se perfilan los principales puntos que se tendrán en cuenta.
Aumenta el límite de 2.000 euros hasta 5.000 para realizar las reclamaciones bajo la nueva fórmula. Además, se abaratan las tasas judiciales por cada petición, que irán en proporción del importe que se reclame y nunca sobrepasarán a las estipuladas en cada país. Eso sí, los Estados miembros tienen que garantizar el uso de plataformas de pago a distancia para liquidar estos importes.
Igualmente, la UE propone que los países miembros incentiven los medios de comunicación telemáticos para evitar desplazamientos durante el litigio y así poder escuchar a las partes mediante videoconferencias, por ejemplo.
Además, para que papeleo no resulte tan pesado a los afectados, cada país se compromete a ofrecer asistencia práctica. “Las autoridades nacionales deberán asegurar que las partes reciben ayuda gratuita para rellenar los formularios e información sobre el procedimiento y el tribunal competente”, explican desde el Parlamento Europeo.
Con estas medidas se pretende que las pymes europeas rebajen los costes de sus reclamaciones de dinero hasta un 40% y se pase de una media de dos años , hasta los cinco meses en el cobro.