La FEMP pide a Beteta más garantías para frenar la ley local
El tira y afloja entre la Federación Española de Municipios (FEMP) y el Ministerio de Hacienda por la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) persistió el viernes.
El desencuentro se inició a raíz de la entrevista publicada el pasado lunes en este periódico, en la que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, advertía del caos que se iba a producir en los 8.118 ayuntamientos que hay en España a partir del 1 de enero de 2016 con la entrada en vigor de esa norma. “ Ese día en Vigo (es alcalde de esa localidad) si Dios no lo remedia, 5.000 niños se quedarán sin becas de comedor”, dijo.
El mismo día de la publicación de la entrevista, el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, remitió una carta a Caballero en la que le garantizaba que la LRSAL no entraría en vigor en la citada fecha, sino que lo haría cuando se pusiera en marcha el nuevo sistema de financiación local y autonómica. Una noticia que fue recibida con alivio por parte de los municipios, lo que no impidió que Caballero solicitara un informe a los servicios jurídicos de la Federación para conocer si con ese anuncio era suficiente.
Hoy ha tenido tuvo respuesta. “Lo que nos dicen es que en términos legales, la carta no tiene efectos suspensivos sobre la norma. Es simplemente una declaración política. Por ello le he remitido otra carta en la que le pido aclaraciones sobre cuáles son los mecanismos que se pueden activar para evitar esa incertidumbre”, apuntó Caballero en un comunicado. De esta manera, el presidente de la FEMP se pone la venda antes que la herida y trata de evitar situaciones indeseables que se puedan producir después de las elecciones generales del 20D.
Será el nuevo Ejecutivo que surja de las urnas el que tenga que tomar una decisión al respecto. En la entrevista con CincoDías, Caballero ya sugirió que lo ideal sería que la norma fuera derogada antes de que se celebrarán las elecciones, incluso con las Cortes disueltas. “Entiendo que es posible hacerlo a través de una norma que saque el Ministerio de Hacienda que sea de obligado cumplimiento para los interventores. La técnica verán cómo la hacen. Hay consenso absoluto entre los ayuntamientos en la derogación, puesto que a política social hay que aplicarla desde la cercanía”. Una vez que solucione este conflicto, el siguiente episodio que abrirá es el de los objetivos de estabilidad presupuestaria. “Queremos lo mismo que las autonomías”.